La semana pasada sucedieron dos hechos importantes para la justicia en el país. El primero, la aprobación, con 44 votos, de la Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. Y el segundo, el veto a la misma por parte de la Presidencia de la República. Le toca ahora a la Sala de lo Constitucional analizar tanto lo aprobado por la Asamblea Legislativa como el veto del Presidente. Si bien el mandatario menciona en su veto una breve serie de causales de inconstitucionalidad, la Ley puede tener más incongruencias con la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. A la Sala le corresponde, pues, revisar si la sentencia está siendo cumplida, pero no solo con respecto a la ley aprobada por la Asamblea, sino también en lo relativo a otras exigencias que aparecen en la sentencia y están dirigidas a diversos órganos del Estado. Por ejemplo, a la Fiscalía General de la República se le dijo que debía ampliar el número de fiscales dedicados a analizar y perseguir los crímenes de la guerra civil. Ante ello, la Fiscalía solo sumó un nuevo fiscal a los cuatro ya existentes.