“El agua en El Salvador está disminuyendo”, dijo Meraris López, docente e investigadora del Departamento de Economía de la UCA. Los datos surgen de una investigación que realizó el Departamento de Economía de la UCA denominada “Acceso al agua y calidad de vida”.

Entre 2012 y 2022, la disponibilidad de agua habría disminuido en aproximadamente un 3%, mientras que la demanda en el mismo período habría incrementado en un 16.4 %, indicó López.

Comunidades de Santa Rosa de Lima, Ilobasco, San Isidro y Chilanga de Santa Marta realizaron el encuentro nacional de comunidades afectadas por la minería.

Edgardo Mira de la Red Centroamericana por la Defensa de Aguas Transfronterizas, RedCAT, manifiesta que hay preocupación porque el gobierno permite los daños al ecosistema al dar permisos a megaproyectos de urbanización.

Los representantes de los trabajadores afectados por el impago en que ha caído ATESSA, dicen que hacen la recolección de desechos sólidos en el Centro Histórico de San Salvador, Calle Arce, Mercado San Miguelito, Mercado Central, La Tiendona y otros mercados.

Al llegar a la avenida 29 de Agosto, del Mercado Central, en el centro de San Salvador, se pudo verificar la enorme cantidad de basura en el lugar donde se mostró que el personal de la alcaldía capitalina no da abasto para recolectar la basura.

Los trabajadores afectados por el impago piden a la alcaldía de San Salvador que pague la deuda a ATESSA para obtener el salario y que sus familias no se vean afectadas.

Trabajadores de la empresa Aseo Técnico de San Salvador (ATESSA), denuncian que están bajo impago más de 100 trabajadores. La empresa se dedica a la recolección de desechos sólidos en el Centro Histórico de San Salvador.

La empresa dijo a los trabajadores que no pueden pagar salarios porque la Alcaldía de San Salvador no ha cancelado una deuda millonaria, sin embargo, los trabajadores no pueden reclamar nada a la alcaldía capitalina, porque fueron contratados por ATESSA.

Uno de los trabajadores afectados por el impago de salarios manifiesta que no les han dado una fecha de pago y han sufrido económicamente junto a sus familias, incluso pierden el derecho al Instituto Salvadoreño del Seguro Social y no hay traslado de los fondos correspondientes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Y debido a que la alcaldía de San Salvador no paga la deuda a ATESSA, desde el pasado domingo, los trabajadores han suspendido la recolección de desechos sólidos y al visitar mercados como el Central, se ve la enorme cantidad de desechos sólidos sin recoger.

Las organizaciones señalan que hay otros indicadores que el Estado salvadoreño no está atendiendo, como son los niveles de pobreza y el incremento de la deuda para El Salvador, frente a la aprobación de préstamos con la banca internacional. Además, la niñez y el tema mujer son otros aspectos abandonados por el gobierno.

Con respecto a la intención del presidente de la República de lanzarse nuevamente a la contienda presidencial para un segundo mandato, los integrantes de las organizaciones señalaron no estar de acuerdo y menos cuando la reelección está prohibida en la Constitución de El Salvador. Además lamentaron la campaña adelantada que funcionarios y diputados han hecho en el exterior.

Organizaciones de salvadoreños radicados en el exterior muestran su preocupación por lo que sucede en El Salvador, respecto a derechos humanos, costo de la vida, salario mínimo e independencia de poderes.

Las organizaciones aprueban el combate a la delincuencia, sin embargo, aclaran que debe respetarse el debido proceso para evitar la captura y criminalización de inocentes. Así lo expresaron Marvin Izquierdo, del Frente Intercontinental; Xotchitl Miguel, de la Diáspora Democrática en Resistencia y Ramón Cardona, de Nación Salvadoreña en el Exterior.

La Cámara Americana de Comercio de El Salvador, Amcham y el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD) presentaron la iniciativa de capacitar a las personas con discapacidad para que puedan tener una oportunidad de empleo. Buscan insertarlas en las empresas dándoles las habilidades de competencia.

Una persona con discapacidad tiene el potencial para entrar a la vida laboral, según Carmen Aída Muñoz, directora ejecutiva de la Cámara Americana de Comercio de El Salvador.

Instó a prepararlas, por ejemplo en el idioma inglés, en tecnología o en atención al cliente. El objetivo  es que se preparen para el mundo laboral.

Según la fuente, su esposa e hija fueron capturadas sin que les dieran las razones de la detención. Asegura que ambas son comerciantes y nunca han cometido delitos o colaborado con grupos criminales. Opinan que las autoridades no pueden retener a una persona enferma por más de un año, sin haber cometido un delito.

Habitantes de San Francisco Javier de la jurisdicción de Jiquilisco en el departamento de Usulután, piden a las autoridades del gobierno liberar a muchas de las personas de la zona que, a su juicio, han sido capturadas arbitrariamente en el régimen de excepción, desde mayo del año pasado. Piden evaluar cada uno de los casos y agilizar los procesos.

De acuerdo con una fuente —bajo anonimato — un agente policial de la zona, bajo el régimen de excepción, capturó a muchos habitantes de manera arbitraria. Pedía $500 para dejarlos en libertad. Muchas de las familias son de escasos recursos y se dedican a trabajar la tierra o vender verduras y frutas, por lo que no pudieron hacer el pago que exigía el agente de la policía.

Los habitantes decidieron callar durante un año frente a la amenaza que recibieron de uno de los agentes. Sin embargo, ahora hablan sobre ello, pues llevan meses sin saber de sus familiares, desconocen si están vivos o muertos. Todo esto, según la fuente, por el capricho de uno de los agentes.

El Centro de Monitoreo de la APES emitió 35 alertas en 2022 por agresiones a periodistas. Las agresiones más comunes fueron 25 ataques digitales, 23 restricciones al ejercicio periodístico, 29 declaraciones estigmatizantes, 11 instancias de acoso digital, 10 de acoso laboral, 9 de vigilancia y seguimiento, 8 actos de difamación, 6 amenazas y 29 vulneraciones.

Gabriel Labrador dice que la violencia y agresividad de los ataques se ejecutaron contra mujeres periodistas.