En El Salvador continúan desapareciendo personas y pese a que hay denuncias y hasta existe una asociación de búsqueda, a la fecha, el Estado se muestra apático con el tema, dice Eneida Abarca, del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas y madre del joven desaparecido Carlos Santos Abarca.

Las autoridades no dan prioridad a estos casos, incluso no ponen en cumplimiento el Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, dice Abarca.

La madre del joven desaparecido, Carlos Santos, denunció que debido a que no han parado de buscar a su familiar desaparecido, han recibido violencia digital.

El cambio climático es una preocupación que debería abordarse de manera transversal, dice el decano de la UCA, ya que los salvadoreños que podrían estar en riesgo de inseguridad alimentaria podrían ser entre 500 mil y 800 mil.

Hay marcos normativos importantes que aplicar ante esta problemática, señala Flores, pero la lógica de gobernanza territorial también hay que tomarla en cuenta.

Ricardo Flores, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCA, sostiene que los efectos del cambio climático afectan mayormente a la zona oriental costera del país.

El Corredor Seco es la zona más vulnerable, donde las cosechas de granos básicos se ven afectadas. Pero además el cambio climático incide en las migraciones en Centroamérica.

El escenario climático para el año dos mil 100 será un desierto, en caso de no hacerse nada, advierte el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA.

Alfredo Leiva denunció que desde enero que se dio la captura no se sabe nada de su salud y de su proceso en concreto. Además, se conoció que desde el mes de marzo a los abogados defensores se les impide el acceso a los centros penales.

Leiva dice que el Estado con estas acciones viola derechos humanos.

Alfredo Leiva, de la ADESCO de Santa Marta, dijo a la Fiscalía que no se les siga acusando penalmente, ya que no hay pruebas contundentes.

Por otro lado, los lotehabientes han denunciado que se sienten abandonados por la Dirección de Obras Municipales, ya que a sus comunidades nunca han llegado a realizar obras, como reparación de calles, mejorar el alumbrado público, construcción de cementerios, entre otras necesidades, dice Heidi de Hernández, líder de COFOA.

El director de las Comunidades de Fe organizadas en la Acción, COFOA, Alberto Velázquez, dijo que es urgente que el presidente de la República no firme esta normativa, sino que la devuelva al Legislativo para que siga un estudio serio.

Por su parte, Samuel Ramírez, del movimiento de víctimas del régimen en El Salvador, MOVIR, calificó como “desafortunada” la postura del Comisionado Presidencial sobre las violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción.

Ramírez, detalló que la realidad de El Salvador sobre las muertes en cárceles y casos de torturas y malos tratos es una realidad con un sin fin de testimonios que víctimas y familias de víctimas han tenido el valor de denunciar.

Zaira Navas, jefa de Estado de derecho y seguridad de Cristosal, lamentó las declaraciones hechas por el Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, en una entrevista para el periódico digital El Faro.

Navas dijo que el Comisionado debe informarse más sobre los marcos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Según Navas, el Comisionado a pesar de las denuncias de torturas y muertes al interior de los Centros Penales por el régimen de excepción, no ha visitado las cárceles del país.

Los médicos afectados por la suspensión, que son al menos 26 profesionales, se encuentran preocupados. Montoya señaló que la situación que enfrentan los jóvenes altera el proceso de aprendizaje normal e indispensable para su formación académica.