El Socorro Jurídico tiene constancia de más de mil casos en los que los detenidos no pertenecen a estructuras criminales. Esto lo han podido comprobar mediante los arraigos y conocimiento pleno de los denunciantes, dice Stanley Quinteros. Sin embargo, a su juicio son más de 20 mil los inocentes detenidos.

Pero mientras unas familias viven en la incertidumbre ante la detención de sus familiares, otros celebran el régimen de excepción. Pese a la tranquilidad que se vive en algunas zonas del país porque no hay presencia de pandillas o en otras hay menos, no se puede afirmar que vivimos en un país seguro, opina Veronica Reyna del Servicio Social Pasionista. Los salvadoreños no deberían aceptar que esa relativa tranquilidad, que se respira por ahora, sea a costa de violaciones a derechos humanos y del encarcelamiento de miles de inocentes, señala Reyna.

De 900 hábeas corpus, ninguno ha sido favorable al detenido

“Declárese improcedente la petición de habeas corpus”. “Debe declararse improcedente su petición”. Esas son las respuestas en la mayoría de los 900 hábeas corpus interpuestos por el Socorro Jurídico Humanitario. En escasas peticiones la Sala de lo Constitucional hace prevenciones y en ningún caso ha resuelto a favor del ciudadano.

En uno de los casos, con referencia 1537-2022 de noviembre de 2022, donde se argumenta que el detenido padece úlcera, la Sala previno y solicitó el diagnóstico médico del padecimiento del ciudadano y el tratamiento prescrito que tenía al momento de su captura; así como las citas o exámenes ordenados de acuerdo con la enfermedad.

Pero es difícil obtener los documentos en el plazo de tres días que da la Sala, dice Stanley Quinteros. Generalmente en estos casos se vencen los plazos.

Radio YSUCA revisó algunos hábeas corpus interpuestos en el marco del régimen de excepción y el argumento de la Sala es recurrente. En el caso referencia 1483-2022 con fecha 30 de noviembre de 2022, la Sala argumentó que “hay aspectos de restricciones de libertad que no está habilitada para decidir, si se ha configurado o no, un hecho delictivo, por el cual se ha ejecutado una restricción de libertad en contra de una persona”.

Frente a los hábeas corpus donde se alega que hubo una detención arbitraria, la Sala reafirma que los policías tienen la obligación legal y constitucional de detener personas y colaborar en el procedimiento de investigación de un hecho delictivo, siendo necesaria la remisión a la autoridad judicial para que sea esta quien decida o no la existencia de un delito. En otra resolución dice que la PNC tiene la función de colaborar en la investigación del delito, entre otras actividades, pero con las limitantes de apego a la ley y el respeto de los derechos humanos.

Aun así, los ciudadanos no han obtenido una respuesta a su favor.

Las resoluciones, dice Quinteros, son un copia y pega, en muchos casos solo se cambia el nombre del solicitante. Incluso han documentado varios casos en los que la Sala ha resuelto sin lugar a la solicitud de libertad, pero los peticionarios ya están libres cuando reciben la notificación.

En otros casos el juez ha extendido al detenido una carta en la que decretan medidas sustitutivas a la detención provisional. Sin embargo, siguen presos.

Sin embargo, los casos de fallecidos pueden ser más, ya que algunos salvadoreños han sido enterrados en fosas comunes sin informar a los familiares. Al menos 3 casos de salvadoreños enterrados en estas fosas han sido comprobados, señala el informe del Socorro Jurídico Humanitario. Esto también lo confirmó el representante del Movimiento de Víctimas del Régimen, MOVIR, Samuel Ramírez , quien asegura que en una parte del cementerio la Bermeja de San Salvador hay un espacio de fosas comunes donde han sido enterradas varias víctimas del régimen de excepción.

El 48% de fallecidos en el régimen de excepción tuvo una muerte violenta

Lo grave de estos fallecimientos es que de las 126 personas, 60 de ellas, es decir el 48%, estaban bajo custodia del Estado cuando fallecieron. No en todos se ha realizado una autopsia que indique la causa real de la muerte. En muchos de los fallecidos, los informes de Medicina Legal indican como causa de muerte el covid-19, edema y enfisema pulmonares, paros cardíacos, insuficiencia renal, entre otras causas. El Socorro Jurídico ha documentado casos en los que los cuerpos fueron entregados a los familiares en ataúdes sellados. En algunos casos la familia optó por abrir los ataúdes y observaron que los cuerpos tenían señales de violencia, con golpes en diversas partes del cuerpo, es decir, tenían señales de tortura.

El 48% de las personas murió de forma violenta, un 32% murió debido a la negligencia ante la falta de atención médica o por la falta de medicamentos. El 1% a causa de una enfermedad terminal y en el 19% de los casos, se desconoce la causa de la muerte, dijo Stanley Quinteros, del Socorro Juridico Humantario.

200 personas han fallecido en el primer año del régimen de excepción 

Solo habían pasado tres meses de la aprobación del régimen cuando ya habían fallecido 30 reos en el penal de Izalco. En menos de un mes  había fallecido Walter Vladimir Sandoval Peñate, de 32 años. El primer fallecido capturado en el marco del régimen de excepción. Según el reporte de Medicina Legal, Walter falleció por un trauma de tórax severo. Elvin Josué Sánchez Rivera, de 21 años, fue la cuarta víctima del régimen, quien también tenía signos de tortura. Estaba recluido en el  penal de  Izalco, pero según el documento de Medicina Legal la causa del fallecimiento fue hipertensión y muerte súbita. 

El Socorro Jurídico Humanitario ha documentado 126 casos de fallecidos en centros penales, en un año del régimen de excepción. Sin embargo, los casos llegan a 200, pero solo en 126 se autorizó la publicación. “Algunos se abstuvieron de dar declaraciones por miedo a ser vinculados  o ser capturados”, dijo Stanley Quinteros del Socorro Jurídico Humanitario.

La mayoría de las muertes ocurrieron en el mes de mayo y julio de 2022. En los primeros tres meses de este año han fallecido 23 personas. Nueve  en el mes de enero, 8 en febrero y 11 en marzo. 

Estos datos coinciden con el informe de las organizaciones de derechos humanos como Cristosal, FESPAD, IDHUCA y el Servicio Social Pasionista, quienes señalan que la mayoría de muertes ocurrieron en los primeros tres meses de régimen, cuando hubo capturas masivas. 

Para Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista, es curioso que justo en esos meses cuando hubo más detenciones, hubo más fallecidos. Su reflexión es que las muertes pueden estar vinculadas al nivel de hacinamiento en los centros penales.

El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador denunció que las autoridades del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, aún no han liberado al  doctor Francisco Salvador Hirezi y Amílcar Pérez, ambos vinculados al caso Monarca.

El Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca decretó medidas alternas a la detención para el doctor Ever Henríquez Cruz, Jaime Gilberto Valdez y Dennis Córdova, quienes tuvieron la libertad el pasado 23 de marzo. Mientras que el doctor Hirezi y Pérez siguen tras las rejas.

De los 19 implicados en el caso Monarca, 5 estaban en prisión, pero el pasado 20 de febrero, luego de la revisión de las medidas, a los 5 implicados se les decretó libertad. 

Ivannia Cruz, vocera del Comité de Presas y Presos Politicos, pidió a las autoridades penitenciarias cumplir con las medidas y la decisión del Tribunal de Zacatecoluca, ya que ambos imputados poseen la carta de libertad.

Días después Cecilia Pacheco, que en 1982 tenía 18 años y con  un niño de meses de nacido, volvió a sufrir la desaparición de un familiar, esta vez se trataba de su esposo.

Pacheco dice que los militares volvieron a meterse a su casa y cometer el delito de desaparición.

42 años después familiares de los desaparecidos en el conflicto armado siguen esperando justicia 

Hace 42 años a Cecilia Pacheco los militares le desaparecieron a su padre y a su esposo. Según su relato, el reloj marcaba las 11 de la noche del 20 de diciembre de 1982 cuando los militares tocaron a su puerta.

Pacheco dijo a YSUCA que al abrir la puerta, y sin mediar palabra, los militares agarraron a golpes a su familiar y se llevaron a su padre sin dejar rastro, mientras otro grupo armado amenazaba a la familia con armas largas.

Una misionera laica manifestó que los Vía Crucis son importantes para acompañar a Jesús en su proceso de muerte; significa que las personas migrantes tienen el derecho de migrar, si lo quieren, pero que no sean obligadas a salir porque su país les niega oportunidades. Cuando están obligadas son masacradas y son vistas como personas desagradables, son tratados como criminales. Para los cristianos, es obligación acompañar a esta gente y como organizaciones se debe obligar al Estado a que haga algo al respecto, opinó.

El reverendo luterano, Santiago Rodríguez, manifestó que cuando Jesús cayó, cuando tuvo que emigrar, detrás de Jesús había una familia, había una madre, detrás de una madre, hay hijos, hijas, nietos.

Dijo que acompañaron el Vía Crucis porque la gente debe salir de su comunidad, porque la gente sigue migrando por falta de oportunidades y en su ruta enfrentan dolor y hasta la muerte.

La Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas (CLAMOR), realizó el “Vía Crucis del Migrante” en la Plaza Cívica del Centro de San Salvador, para visibilizar la problemática que sufren las personas migrantes en su ruta de búsqueda de oportunidades de las que carecen en su país

El “Vía Crucis del Migrante” se realizó en el contexto de la Cuaresma y en el inicio de la Semana Santa, para dar a conocer que cada persona de una familia tiene que emigrar, debe salir de su comunidad, de su iglesia porque no tiene oportunidades en el país, ni las condiciones mínimas, básicas para poder tener una vida digna.

El Vía Crucis en cada estación pidió el acompañamiento a cada migrante, que se levante al que se cae y que se levante la cruz que lleva en su ruta.

Moisés Gómez, coordinador de proyectos e investigador de Proyección Social de la UCA, manifiesta que los migrantes salen del país porque no disponen de oportunidades para su proyecto de vida.