Aguirre añadió preocupa la inseguridad jurídica a la que el gremio está siendo sometido sin garantías constitucionales y sin un debido proceso, todo para generar cortinas de humo.

El médico enfatizó que no se puede estar generando un quiebre entre la relación médico-paciente con todos estos problemas.

Además destacó que en la mesa de diablo entre médicos y las autoridades de Salud debe ser para resolutivos; es decir que quieran resolver el problema.

Rafael Aguirre, secretario general del SIMETRISSS, manifestó que 26 médicos internos que fueron suspendidos por las autoridades de Salud, aún no se les ha emitido una sanción.

Los médicos que fueron suspendidos por haber apoyado a dos doctoras cesadas por expresar su descontento en redes sociales siguen en el limbo pues las autoridades de Salud no les han dado una respuesta.

Aguirre aseveró que el simple hecho de no permitirles que laboren y realicen su práctica, es una sanción, pero un proceso formal a los médicos no se les ha realizado.

El médico dijo que no tienen certeza jurídica pues las personas no son sometidas a un proceso formal y se desconoce si se les dejará culminar sus estudios, cuestionó Aguirre.

DPLF junto al Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Idhuca, ya habían presentado escritos similares en otros procesos del caso. También la Oficina de Investigación de Crímenes de Guerra del Washington College of Law de la American University había presentado otro escrito en otro proceso.

El caso de El Mozote se encuentra en la etapa final de la investigación y debería pasar a la fase de juicio oral y sentencia a la mayor brevedad, para evitar más demoras, dado que los hechos ocurrieron hace casi cuatro décadas, dijo la abogada.

Rubio dijo que el caso debe ser más expedito, eficaz y diligente, pues las víctimas han esperado más de 40 años por justicia.

La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) apoyó a expertas de la Oficina de Investigación de Crímenes de Guerra del Washington College of Law de la American University a presentar ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, un escrito de amicus curiae.

La petición se hizo con el objetivo de definir la normativa penal que se utilizará en el proceso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños.

Sonia Rubio, abogada de derechos humanos y politóloga de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), dijo que no se sabe si será bajo el Código Penal vigente o bajo el código que estaba vigente en la fecha en que ocurrieron los hechos.

El juez de la causa, Jorge Guzmán, quien renunció debido a las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, inició el proceso bajo el Código Penal de 1974. Según la abogada Rubio, la American University, a través del escrito, solicitó continuar el proceso bajo el mismo Código del 74.

En cuanto al tema tributario, Cabrera manifestó que un 45% de la recaudación de los tributos se aplica al consumo y no para el patrimonio. Es decir, los trabajadores siguen asumiendo el costo y no las altas esferas económicas.

Cabrera recomendó cambios en el proceso de tributación para mejorar la economía de los salvadoreños.

Además, el incremento de las tasas de interés sobre las deudas es otro factor que está afectando a los salvadoreños, señala COLPROCE.

Por otra parte, según el economista, El Salvador podría alcanzar el 2.1% de crecimiento en los próximos cinco años, es decir un crecimiento sumamente bajo, enfatizó.

COLPROCE señaló que los efectos económicos de la pandemia por el covid-19 siguen presentes, pues no se ha recuperado la pérdida de empleos en las diversas ramas de la economía. Asimismo, la pandemia ha incrementado la pobreza y las desigualdades en los ingresos.

Por su parte, Alfonso Goitia, directivo del COLPROCE, aseveró que la grave crisis de inversión extranjera en El Salvador es producto de la inseguridad jurídica.

El presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de El Salvador, COLPROCE, Óscar Cabrera, dijo que los motores de la economía salvadoreña se van apagando.

Señala que hay una pérdida del poder adquisitivo de los hogares, de entre el 20% y el 30%. Es decir, han perdido la capacidad económica para adquirir bienes y servicios.

Cabrera dijo que el alto costo de la Canasta Básica Urbana y Rural en El Salvador ha presentado un incremento de diciembre de 2019 a mayo de 2023, de $47 en la zona urbana y $44 en el área rural.

Fernando Velasco, presidente del RNPN, añadió que más de 5 millones de DUI forman actualmente el padrón electoral nacional. De estos un poco más de 4 millones 800 mil están vigentes, el resto de DUI están vencidos.

Para poder superar estos problemas es necesario que las comunidades aprendan a ser resilientes, dice Eduardo González, y es por ello que PRO-VIDA les acompaña. Un punto de partida para estas comunidades es enseñarles a cuidar el agua y a cosechar el agua, mediante los sistemas de captación de aguas lluvias.

Disminución del agua y falta de alimentos: principales consecuencias del Cambio Climático 

El cambio climático es una alteración en el clima, una de sus formas sensibles puede ser el aumento de las temperaturas y esto causa afectaciones en la agricultura y disminución de almacenamiento de agua en las cuencas, dijo Eduardo González, gerente del Programa Gestión Integral de Riesgos y Resiliencia al Cambio Climático de PRO-VIDA.

González dice que este problema no es nuevo, ya que se viene hablando de cambio climático desde hace una década, pese a ello las alteraciones del clima no se han podido detener.

Las familias de las zonas rurales sufren estos efectos, ya que al no tener agua no podrán cosechar sus alimentos y esto provocará una alteración nutricional en donde los más afectados serán la niñez, adultos mayores y mujeres embarazadas, dice el representante de PRO-VIDA, Eduardo González.