Durante la guerra civil salvadoreña muchas familias huyeron de sus zonas de residencia debido a la represión del conflicto armado. Muchos, al finalizar la guerra decidieron regresar al país, para recoger este peregrinar de tantos salvadoreños. 

El Centro Monseñor Romero y la Red de Museos Comunitarios de Memoria Histórica inauguraron este viernes la exposición fotográfica: “Enraizados”.

El sacerdote jesuita Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero de la UCA, dijo que esta exposición busca resaltar las raíces históricas de los habitantes de las comunidades repobladas, visibiliza su espíritu resiliente y sus aportes para la construcción de la paz.

Cardenal agregó además que la identidad de las comunidades está en la memoria y, en estos casos, esa es la raíz de donde se originó la comunidad. En este mundo que busca que las personas renuncien al pasado, este tipo de exposiciones debe reconectarnos con las raíces de resistencia y utopía en tiempos de crisis política, añadió.

La falta de la aplicación adecuada de la legislación ambiental en el país está provocando que los pocos terrenos donde aún hay bosques se estén perdiendo, dijo a YSUCA Luis González de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES.

Esta semana, vecinos de la colonia Cima IV de San Salvador denunciaron que en los terrenos boscosos se ha iniciado la introducción de acometidas de agua potable, aguas negras y terracería, además en otro extremo del terreno, que se sabe pertenece al IPSFA, se construye el complejo habitacional Vista Bella.

Los vecinos temen que estos terrenos hayan sido vendidos a empresas constructoras y que tarde o temprano van a talar el bosque de la zona.

Al respecto, el representante de la UNES dijo que es lamentable que el Ministerio de Medio Ambiente y la municipalidad no vigilen estas acciones que dejan afectaciones graves. Para comenzar a construir es necesario que se haga lo establecido por la ley, es decir, iniciar una consulta pública y, si se violentan derechos, garantizar acceso a la justicia, dice Luis González.

Una persona de San Francisco Javier, de Jiquilisco, departamento de Usulután, denunció a Radio YSUCA que su esposa e hija fueron arrestadas, en mayo de 2022, según él de forma arbitraria.

Según explicó, el 10 de mayo un elemento policial con grado de inspector detuvo a su esposa, luego de pedirle el Documento Único de Identidad (DUI), al siguiente día llegaron militares a capturar a su hija.

El denunciante dijo que tras los arrestos, el inspector policial le pidió mil dólares para supuestamente dejar en libertad a sus parientes.

Integrantes del bloque dicen que uno de los casos de desaparición es del 24 de enero de 2017 y el más reciente del 7 de enero de 2022. Son casos de los departamentos de San Salvador, La Libertad, San Vicente y Sonsonate; las edades de las víctimas oscilan entre los  14 y 45 años.

Otra de las integrantes del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, lamenta que la Fiscalía General de la República no logre dar con el paradero de los desaparecidos, ante esto, dice que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos debe verificar el actuar de esta y otras instancias.

El Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador presentó a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, 12 denuncias de personas desaparecidas, ya que el Estado salvadoreño sigue sin resolver el problema.

El paradero de las personas desaparecidas y el esclarecimiento de los hechos en torno a la desaparición sigue sin hacerse, manifestaron familiares de algunos desaparecidos que llegaron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Una de las integrantes del Bloque manifiesta que acudir a la procuraduría es parte del esfuerzo ciudadano para que haya una contraloría sobre el actuar de funcionarios y funcionarias públicos.

En una audiencia pública en el marco del 186 Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se habló sobre la amenaza a la independencia judicial en Centroamérica y Sudamérica.

El abogado salvadoreño y exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Sídney Blanco, participó en la audiencia y manifestó que la independencia judicial salvadoreña ha sido destruida.

Blanco afirmó que tras la destitución de jueces, magistrados y el exfiscal de la República, se han violentado los derechos a la seguridad jurídica y la dignidad.

El pasado 7 de marzo, la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos expusó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, el bloqueo a los archivos militares que están en manos de la Fuerza Armada Salvadoreña.

La CIDH realizó la audiencia temática “Derecho a la información de familiares de víctimas de desaparición forzada en la región”. Dicha audiencia fue solicitada para abordar el fenómeno de la desaparición forzada.

En la audiencia se señalaron los obstáculos que las familias enfrentan para acceder a los archivos en general, pero específicamente a los militares; asimismo, las medidas que se han adoptado en la región para limitar o negar la existencia de los mismos.

Organizaciones integrantes de la Mesa contra la Impunidad en El Salvador condenaron la negación de la información y solicitaron a la CIDH, que emita un pronunciamiento sobre "la negativa" de la Fuerza Armada y del Gobierno salvadoreño, a entregar archivos con información de masacres, como la perpetrada en el El Mozote por parte del Ejército en diciembre de 1981, explicó Helí Hernández.

Los ponentes durante la presentación de la 17° Edición del Informe Centroamericano sobre Derechos Humanos y Conflictividad Social, concluyeron que la concentración del poder en los países Centroamericanos ha generado el cierre o reducción de los espacios cívicos.

Habla Javier Acevedo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Honduras.

El director ejecutivo de FESPAD manifiesta que asustan los retrocesos de la democracia que se viven en Centroamérica. En el caso de El Salvador, Henri Fino manifiesta que hay ataques a quienes opinan diferente al mandatario, situación que califica de grave.

Esta afirmación se desprende de la 17° Edición del Informe Centroamericano sobre Derechos Humanos y Conflictividad Social, que fue presentado vía internet por el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos.

Henri Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (FESPAD), se refirió a El Salvador señalando que el irrespeto al Estado de derecho comenzó el 1 de junio de 2019.

La situación se agudizó más a partir  del 1 de mayo de 2021, cuando se tuvo el dominio legislativo del partido oficialista y se destituyeron magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sin el debido proceso.