Veteranos de Guerra de la Fuerza Armada y del FMLN exigieron este martes a los diputados de la Asamblea Legislativa incrementar el Presupuesto 2023, para hacer efectivo el aumento de las pensiones de los excombatientes.

José Santos Melara, representante de los excombatientes, pidió a los diputados avalar un incremento de las pensiones y el inicio del pago de sus indemnizaciones. Actualmente, aseguran, reciben $100 de pensión.

De acuerdo con Melara, el presidente Nayib Bukele en campaña les prometió aumentar su pensión a $600 dólares, dinero que hasta la fecha no han visto, y ni siquiera les han hecho el incremento de $300 que manda la misma ley.

Alejandro Henríquez, abogado del Movimiento, dijo que es importante que se respeten los procesos regenerativos y capacidades de la naturaleza, pues el ser humano necesita de la tierra y no solo se puede hacer uso de los recursos naturales, sin permitirle a la naturaleza vivir y regenerarse.

La actual gestión gubernamental del presidente Bukele ha incrementado la emisión de permisos ambientales y ha puesto el factor económico sobre los bienes naturales.

Henriquez señaló que las reformas buscan proteger la naturaleza y frenar la política extractivista y mercantilista. Por ello piden las reformas al artículo 1 y 117 de la Constitución de la República.

El Movimiento político Rebelión Verde, REVERDES, presentó una carta a la Vicepresidencia de la República para que tome en cuenta, dentro de las reformas constitucionales, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. 

Adriána Ramírez, integrante de REVERDES, manifestó que es importante que se reconozcan los derechos de la naturaleza y que se cambie el paradigma desarrollista, que la naturaleza está al servicio de las personas.

Disminuir el consumo de alimentos como carnes o lácteos y sustituirlos por pastas puede provocar un déficit alimentario en detrimento de la salud. 

Esto indica que no hay seguridad alimentaria, ya que la población está comiendo mal y eso provoca un incremento de las enfermedades no transmisibles, enfatiza Pérez.

Ante esta problemática, Pérez instó al Gobierno a fomentar de manera urgente la inversión agrícola en la producción local, subsidiando a pequeños productores; además, tomar medidas para aumentar la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

En La Entrevista YSUCA el director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor, Danilo Pérez confirmó que los precios de la canasta básica presentan un incremento, al analizar el período de enero 2021 a octubre de 2022.

La canasta básica urbana aumentó $40.63 y la canasta básica rural $41.68, lo que significa que la inflación en la zona rural es del 23%, explicó Perez. 

Estos incrementos tienen un impacto directo en la seguridad alimentaria de la población salvadoreña, ya que varios sectores se han visto obligados a dejar de comprar ciertos productos de la canasta básica o sustituirlos por otros menos nutritivos.

Victoria Barrientos dijo que en algunas administraciones de gobiernos pasados se tomaron algunas medidas para prevenir las prácticas de tortura y desaparición forzada, como las modificaciones al Código Procesal Penal.

Sin embargo, muchas veces el delito queda en la impunidad porque no se persigue ni se investiga como es debido. La responsabilidad recae sobre el Estado, si no se castiga esta violación, señala Barrientos.

Recientemente Organizaciones de Derechos Humanos estuvieron en el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, donde expusieron la situación actual de El Salvador, como la falta de independencia judicial, el no acceso a la información pública, la violación de derechos humanos en el contexto del Estado de excepción, la militarización de la seguridad pública, el uso excesivo de la fuerza y actos de tortura, dijo la abogada Victoria Barrientos, de la Fundación para el Debido Proceso DPLF.

Por otra parte, Barrientos expuso que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se ha debilitado, lo que ha permitido que muchos delitos queden en la impunidad, entre ellos  casos de tortura y desaparición forzada de personas, que aunque no son practicas nuevas en el contexto salvadoreño, siguen vigentes.

Ante el anuncio de la petición para eliminar el escalafón a empleados del Ministerio de Salud, Educación y Cultura, Silvia Navarrete del sindicato de empleados del Ministerio de Salud , se mostró sorprendida, ya que en una reunión reciente el ministro de Salud, Francisco Alabi, les aseguró que el dinero del escalafón estaba contemplado en el presupuesto de 2023.

Esa promesa la hizo el ministro justo el día en que el sindicato había convocado a la prensa para denunciar el incumplimiento del escalafón. La conferencia  de prensa incluso se suspendió debido a la reunión con el ministro.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, solicitó la eliminación del escalafón salarial, para quienes ganan menos o igual a 2 mil dólares. El escalafón es un beneficio del que han gozado miles de empleados públicos. 

La petición la leyó el diputado William Soriano, del partido Nuevas Ideas, ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que dictaminó el Presupuesto General para 2023.

Tras poner el ejemplo del proyecto del Aeropuerto del Pacífico, en La Unión, el ambientalista también se refirió al proyecto privado turístico en la Isla Tasajera, que anuncia un alto impacto turístico, cuando lo que desde ya se advierte es un grave impacto al medio ambiente en el país.

Navarro dice que en Tasajera debería hacerse un turismo de bajo impacto e incluir a la gente del lugar.