La integrante de SITRASALUD manifiesta que el escalafón es el único incentivo que tienen los trabajadores de salud porque no se tiene un contrato colectivo, que de prestaciones adicionales a las de ley, el único incentivo es el escalafón que da un incremento salarial cada año.

Navarrete dice pero no tienen ni un bono, tampoco hay transporte para los trabajadores, no se da una canasta de alimentos, no se da ninguna otra prestación más que el incentivo económico por las evaluaciones al desempeño

La integrante del sindicato espera que el ministro de salud cumpla con la ley.

Silvia Navarrete integrante del Sindicato de Trabajadores de la Salud (SITRASALUD) manifiesta que el Proyecto del Presupuesto General de la Nación 2023 no da cobertura al 100 % del escalafón. Ante esto solicitan audiencia con las autoridades del Ministerio de Salud.

Esta situación ya ha registrado anteriormente y preocupa a los sindicalistas porque es una ley que se encuentra vigente, no dispone de ninguna reforma pero sin no se dan los fondos para el incremento anual que permite el escalafón, el gobierno actual está actuando como los anteriores, dice Navarrete.

José Luis Magaña, de Panorama Económico, señaló que esta crisis se irá agudizando, ya que al observar el Presupuesto General de la Nación las prioridades del Gobierno están lejos de las necesidades reales de la gente.

José Luis Magaña, economista de Panorama Económico, dijo que esto es alarmante, ya que según datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 151 mil hogares en 2021 no alcanzaron a comprar la canasta mínima alimentaria, es decir estaban en pobreza extrema.

Magaña explicó que ahora con esta devaluación y pérdida de poder adquisitivo, el número de familias que se quedan sin comer es mayor; debido a esto las cantidades de alimentos se disminuye y para llevar comida a la mesa se buscan fuentes de ingresos como los préstamos, añadió la economista Julia Evelyn Martínez.

Martínez también lamentó que los bancos y cooperativas no toman como sujetos de crédito a muchas personas, es por ello que la crisis se agudiza aún más, ya que las familias deben obtener préstamos de manera informal.

La pobreza en el país ha venido aumentando desde el 2019 en 4,6 puntos porcentuales, según datos del Banco Mundial, esto ha hecho que la desigualdad aumente. Por otra parte, según la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, el problema económico es ahora la principal preocupación de los salvadoreños.

En la economía familiar hay impactos negativos, aseguró la economista y catedrática de la UCA Julia Evelyn Martínez. Según dijo en el programa Retrospectiva de YSUCA, los salvadoreños han perdido el poder adquisitivo. Esto se refleja en que, este año, los salarios no han logrado suplir las necesidades básicas de las personas.

Adela Bonilla, representante de Caminata Ecológica, manifiesta que el proyecto mina Cerro Blanco, de Guatemala, representa un riesgo inminente para El Salvador, razón por la que demandan del Ejecutivo que ponga atención al tema y genere los mecanismos de protección pertinentes.

Las organizaciones dicen que la gestión ambiental 2022, por parte del Gobierno, ha sido dar luz verde a proyectos urbanísticos. El Ministerio de Medio Ambiente agiliza los permisos ambientales sin tomar en cuenta el impacto ambiental.

En cuanto al Ministerio de Agricultura y Ganadería, consideran que esta instancia no hace respecto a los agrotóxicos que contaminan y degradan territorios, específicamente en la industria azucarera.

Alejandro Henríquez manifiesta que la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, emitió resoluciones que dan paso a las constructoras, a costa del ecosistema.

La situación ambiental del país en 2022 es negativa, porque la política gubernamental no responde al cuidado del medio ambiente y restauración del mismo. Así lo manifestaron integrantes de las organizaciones Justicia, Paz e Integridad de la Creación, Caminata Ecológica y el Foro del Agua.

Un balance de la gestión ambiental revela que hay avances y retrocesos. Un punto positivo es la entrada en vigencia de la Ley de Recursos Hídricos, pero la misma ley plantea ciertos mecanismos para legalizar el despojo del agua, tienen un régimen de permisos, manifiesta el integrante del Foro del Agua, Alejandro Henríquez.

El medio ambiente está en manos del empresariado, asegura Henríquez.

El magistrado dijo que la normativa aprobada obstaculiza el sufragio pasivo porque no se permitirá votar por diputados del PARLACEN y Concejos Municipales; debido a ello, salvadoreños del exterior que decidan postularse a cargos públicos, no tendrán apoyo en estos. 

Además, advierte que no se puede hacer una elección sin padrón electoral y que la habilitación del pasaporte como documento válido para votar, podría crear un doble registro.

El magistrado lamentó que las Juntas Receptoras del Voto en el Extranjero, conocidas como JRVEX, no cuenten con vigilancia de partidos políticos.

Por último señaló que por un error de redacción las JRVEX locales deberán transmitir los resultados de todos los países en tiempo real, una atribución de la Junta Electoral de Voto en el Extranjero,  JELVEX.

66 diputados de 84 votaron para darle vida a la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero. Pese a que se ha vendido la idea de que es una ley incluyente, que permitirá la participación electoral de los salvadoreños residentes en el exterior, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral Julio Olivo califica de garrafales los errores que contiene la ley.

Olivo dijo que la normativa tiene vacíos y contradicciones que aún se pueden subsanar, sin embargo lamenta que muchas atribuciones que le competen al tribunal electoral están siendo usurpadas por el Legislativo.