Alejandro Ruano Ramirez, estudiante e integrante de la junta directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador, UES, esta acusado de agresión sexual.

Lo denunció la víctima, una estudiante de la universidad. La denuncia la interpuso el 17 de agosto de este año, aunque la agresión ocurrió en el mes de marzo.

Ana Elizabeth Quiñones, estudiante de la UES dijo que el caso del supuesto agresor está estancado en la junta directiva, donde no se toca el tema para no afectar al directivo.

Para que el punto no se discuta, él y otros miembros de la junta que lo respaldan, entre ellos Sandra Serrano, la vicedecana de la facultad, no llegan a las reuniones para que no haya quórum, explicó Quiñones.

La estudiante dijo que es contradictorio que el supuesto agresor sexual sea a la vez el testigo del caso de violencia contra la mujer, denunciado

recientemente por la vicedecana, Sandra Serrano, contra el decano de la misma facultad.

Al contaminarse el agua potable la población salvadoreña entera podría envenenarse dice la representante de Reverdes Gisela Cerritos.

Esto agudizaría el problema del agua que vive el país, ya que aumentaría la escasez. 

Por otra parte, la población entera sufriría graves enfermedades e incluso la muerte, dice Mayari Valencia del Movimiento Ecofeminista, ya que hay metales pesados que llegarían al organismo.

El proyecto de explotación en la mina “Cerro Blanco”  preocupa a organizaciones ambientalistas de Guatemala y El Salvador, desde hace más de una década.

La mina está ubicada en Asunción Mita, departamento de Jutiapa, en Guatemala, a 14 kilómetros de El Salvador y a 90 kilómetros de la planta potabilizadora “Las Pavas”. Los daños ambientales en la cuenca alta se extenderían hasta el río Lempa, que es una fuente de agua que abarca tres países: Guatemala. Honduras y El Salvador. 

La explotación de metales  en la mina Cerro Blanco arrojaría aguas contaminadas al río Ostúa, que llega al lago de Güija, lago que se conecta con el río Lempa.

Esto es grave dice Gisela Cerritos del Movimiento Reverdes, ya que pone en riesgo el agua potable de El Salvador.

El régimen de excepción no solo ha afectado la salud mental de las mujeres, niños y adolescentes. La dinámica familiar ha cambiado y las mujeres deben asumir otras responsabilidades a las que antes ya tenían en el hogar, manifestó Carmen Urquilla, coordinadora del programa Justicia Laboral y Económica de ORMUSA.

García, explica que la salud mental de las mujeres y niños refleja síntomas de ansiedad y estrés postraumático, estos son signos de deterioro en la vida de las mujeres debido a la detención de su familiar por el régimen de excepción.

57 mil detenciones, una octava prórroga del régimen de excepción y mayor presencia de militares patrullando el país. Este es el panorama de un país que enfrenta la delincuencia imponiendo miedo, dicen organismos de derechos humanos.

Jacqueline García, Psicóloga del Centro de atención legal y psicológica de ORMUSA, manifiesta que la primera impresión que las mujeres, niños y adolescentes tienen cuando un familiar es detenido por elementos del ejército o la policía, les afecta su salud mental, debido a la forma en que son tratados.

La integrante de Cripdes dice que como organización piden que se investigue bien los casos de todas las mujeres que han sido detenidas bajo el régimen de excepción y que dejen en libertad a las inocentes.

Guardado asegura que de las 52 mil personas que han sido detenidas, tanto hombres como mujeres, muchas son inocentes y no es justo que sólo por hacer números, detengan a las personas.

Por lo menos 6 mil mujeres capturadas, en el marco del régimen de excepción, son inocentes, dicen integrantes de Cripdes.

Rubia Guardado, integrante de esta organización, se refirió específicamente al caso de la menor Karla, quien fue capturada y golpeada, a tal punto que perdió a su bebé.

Ante este hecho, Guardado dice que el Estado debe indemnizar a la joven, luego que haya cumplido los dos años de internamiento al que fue condenada, pese a que su captura fue arbitraria.

Para Sonia Urrutia, integrante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, la  posible sustitución de dinero por el paquete que llevan los familiares a los centros penales, causa dudas sobre el uso que se le podría dar a  esos fondos.

Diferentes organizaciones de la sociedad civil mostraron su desacuerdo con las  prórrogas del régimen de excepción, porque los arrestos son generalizados e incluye a gente inocente.

Luis Gómez, integrante del Foro Movimiento Ciudadano, recomienda detener esta medida de seguridad pública, debido a que existen herramientas para realizar detenciones de personas que pertenecen a pandillas.