La Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas realizó el congreso número 11 para hacer un análisis sobre la realidad actual de las mujeres del campo.

Maydé Recinos, integrante de la Alianza, manifestó que en el país hay un retroceso en las condiciones que enfrentan las mujeres rurales. Además hay ausencia de políticas que garanticen la protección social de las mujeres. 

Recinos agregó que los retrocesos en los derechos de las mujeres abren las puertas a más pobreza y violaciones a sus derechos.

ACAFESAL manifiesta que a nivel nacional hay 22 mil productores de café, de ellos el 85% son pequeños productores.

Según un monitoreo preliminar de los daños causados por  la tormenta Julia, han resultado afectadas 10 mil manzanas de plantaciones de café.  Según sus cálculos dejarían de percibir en la producción entre $8 y  $10 millones. 

Juan José Villatoro, director ejecutivo de la Asociación Cafetalera de El Salvador, dice que urgen las medidas para salvar la cosecha del café.

La depresión tropical Julia no solo causó derrumbes y caída de árboles, también afectó cultivos de maíz, frijol y plantaciones de café, entre otros. 

El presidente de la Asociación Cafetalera de El Salvador (ACAFESAL), Sergio Ticas Reyes, manifestó que la humedad a causa de las lluvias aumentará la roya en el café. 

La emergencia obligó a los productores a reunirse para enfrentar las pérdidas, manifestó Ticas. Explicó que los caficultores han formado la “La Mesa del Café” en la que junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería han establecido que el primer paso será la adquisición del fungicida ante la roya que pasó del 15% al 40% de afectación a los cultivos del café.

El presidente de ACAFESAL dice que las intensas lluvias alteraron el comportamiento del cultivo del café y causaron más daños.

Tojeira reconoce que la actual coyuntura política hace difícil el alcance de la justicia, pues ha habido vulneraciones a la Constitución y a los derechos humanos. A esto se suma  la militarización de la seguridad pública, agregó.

A pesar del poco respaldo de los gobiernos, las víctimas deben seguir abanderando  la verdad, dijo el sacerdote jesuita.

El Salvador sigue retardando la justicia de las víctimas y sobrevivientes de la guerra, señaló el padre José María Tojeira, en el marco del coloquio internacional “Las Huellas de la violencia, memoria, cuerpo, justicia”.

Según el padre Tojeira las víctimas están a la espera de una Ley de Justicia Transicional que los diputados no han querido aprobar.

Las víctimas del pasado merecen el reconocimiento de la verdad, así como medidas de reparación urgentes de parte del Estado, agrega.

Aunque hubo intervención del Estado para construir bordas y drenos,  ha faltado voluntad política de todos los gobiernos para apostarle a la prevención. Ante ello, las comunidades han tenido que recurrir a la presión social para que los atiendan. 

Hay obras que no han finalizado. Falta intervenir unos 4.5 kilómetros sin borda. También se requiere de un mantenimiento permanente que no se ha dado durante los últimos tres años, reflexiona Guevara. Esto provoca que el nivel de vulnerabilidad  se incremente.

Las comunidades del Bajo Lempa durante años han sufrido las consecuencias de los fenómenos naturales. El huracán Mitch, la tormenta Ágata y la tormenta 12E, causaron estragos como pérdidas de cultivos y animales domésticos. La depresión tropical Julia también ha provocado pérdidas en los cultivos. 

Las inundaciones son recurrentes en el Bajo Lempa, una problemática que enfrentan cada año, dice José Santos Guevara, director ejecutivo de la Asociación Intercomunal de Comunidades Unidas para el Desarrollo Económico y Social del Bajo Lempa (Acudesbal).

Las comunidades deben organizarse, ante la falta del apoyo gubernamental. José Guevara lamenta que las comisiones comunitarias de Protección Civil se hayan debilitado. Las comisiones eran  fundamentales, dice Guevara, pero actualmente no es un tema al que se le ponga atención.

Por su parte, la investigadora Celia Medrano señala que la permanencia del Régimen de Excepción cada vez se aleja más del origen y propósito de su implementación. Dicha estrategia no busca detener la delincuencia, sino que es un acción que busca poner miedo a la ciudadanía.

Tojeira dijo que el Régimen de Excepción ha aumentado la libertad de circulación de los salvadoreños y la reducción de los homicidas, sin embargo hay otros flagelos como la extorsión que siguen presentes en algunas  comunidades.

El sacerdote Jesuita dijo que en el marco del Régimen de Excepción, se han dado vulneraciones a los derechos humanos de personas ajenas a la delincuencia,  que ha implicado capturas de personas con pruebas irrelevantes, sospechas o denuncias anónimas que no dan garantías a los derechos humanos.

El Gobierno salvadoreño podría solicitar una nueva prórroga de 30 días del Régimen de Excepción. A criterio del padre José María Tojeira, extender por más tiempo el Régimen de Excepción pareciera más una medida de control social de los salvadoreños que de combate a la delincuencia.

Tojeira manifestó que la ampliación de más tiempo del Régimen de Excepción es ilegal, pues el Ejecutivo no puede seguir haciendo uso de la medida para combatir la delincuencia, ya que la Constitución da un plazo de aplicación de las medidas excepcionales.