Desde que la ley se encontraba en etapa de “borrador”, las organizaciones sociales señalaron que en ésta no debía establecerse cobro a las Juntas de Agua, que durante años han llevado el servicio a las comunidades a las que ANDA no atendió. 

Adela Bonilla,  integrante de la Alianza Nacional  Contra la  Privatización del Agua, lamentó que el Gobierno salvadoreño ignore las recomendaciones de las organizaciones sociales, por ello es importante que antes de aprobar leyes se estudien y discutan y, sobre todo, que se escuche a la sociedad salvadoreña.

La Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua manifestó que se está por cumplir 100 días desde que entró en vigencia la Ley de Recursos Hídricos y, a pesar de ello, hay varios elementos que aún están en el limbo.

A 100 días de la entrada en vigencia de la normativa aún no se han conformado los Organismos Zonales de Cuenca, para que operativice la ley a nivel territorial, tampoco se han conformado los Comités de Gestión de Cursos de Agua Internacional; está pendiente la elaboración o actualización de la Política Hídrica Nacional y el no cobro de cánones a las Juntas de Agua.

Recientemente el presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA, Jorge Castaneda dijo que a las juntas de agua comunitarias no se les cobrará canon por extracción.

Amalia López, integrante de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, señaló que esa decisión es positiva, por lo que piden que se plasme en la Ley de Recursos Hídricos.

En agosto de este año se presentó una propuesta de ley en favor de los pueblos indígenas, sin embargo, no ha habido avances en torno a la iniciativa.  Según las mujeres, una vez más el Estado las obliga a asumir los costos de las políticas públicas equivocadas que implementan y que anulan la participación activa de este sector de la población.

Marisol Cortés, de la Red de Mujeres del Departamento de Sonsonate, instó a los diputados de la Asamblea Legislativa a retomar  la discusión de la propuesta de Ley de Soberanía Alimentaria de las organizaciones y comités de mujeres, que fue formulada desde los territorios y, en esta, se incluyen garantías al trabajo y el acceso a tierras.

En el marco del Día de las Resistencias Indígenas y del Día Internacional de las Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas, representantes de la Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate, MESUTSO, demandaron del Gobierno respeto a sus derechos humanos y ambientales.

Maura Castro, integrante de MESUTSO, dice que es evidente el retroceso que ha habido en el tema del respeto a los derechos humanos y ambientales. Destacó, además, que es grave la situación de las mujeres campesinas e indígenas, debido al poco apoyo que reciben por parte del Ejecutivo.

Desde el poder se irrespeta la Constitución, es por ello que el pueblo debe entrar en su defensa, señala el sacerdote jesuita.

Romper el orden constitucional de derecho conlleva consecuencias negativas como las que se ven en países como Venezuela y Nicaragua.

El rector de la UCA dice que la Constitución de la República avala la alternabilidad en el poder cada 5 años. Hay 7 artículos constitucionales que establecen, con claridad, el principio y término de un mandato presidencial, enfatiza Andreu Oliva.

La Constitución de la República se debe respetar, para evitar pasar a un sistema totalmente irrespetuoso de sus leyes, que permita la conformación de una dictadura, dice el rector de la UCA, Andreu Oliva.

El jesuita dijo, durante “La Entrevista de YSUCA'', que el irrespeto a la Constitución nos pone a nivel internacional como un país con grave crisis política. Es por ello que hablar o promover la reelección presidencial, lleva al irrespeto de los derechos ciudadanos.

Tema: Análisis de la realidad nacional

Invitado: P. Andreu Oliva, rector de la UCA

⏰ 7:00 A.M. - www.ysuca.org.sv

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es la encargada de velar por el respeto de los derechos humanos, investigar denuncias en caso de violaciones a éstos y asistir a las presuntas víctimas.

Los diputados ya tienen listo el dictamen para nombrar al nuevo procurador o procuradora. Saldaña de FUNDAUNGO pide a los diputados que esta elección, de segundo grado, responda a los intereses de la ciudadanía.

Los diputados de la Asamblea Legislativa deberán nombrar en los próximos días a la persona que estará al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, cuyo mandato es velar por el respeto y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los salvadoreños.

Erika Saldaña, coordinadora general de Monitoreo de FUNDAUNGO, señala que elegir al titular de esta institución no es fácil, pues debería ser una persona que realmente esté comprometida con el cuido y garantía de los derechos de la población.

Para Saldaña hay que tener claro qué dice la ley en torno a esta elección y luego buscar una forma de medir el cumplimento de todos estos requisitos en los postulantes, a efecto de seleccionar a quien cumpla el perfil.