Carlos Misael Monterrosa, uno de los vigilantes afectados, dijo que si el Gobierno no hace nada se vuelve cómplice de las empresas de seguridad privada que abusan de los trabajadores.

Los empleados de seguridad privada, además de recibir bajos salarios, estos son pagados con retraso. Además señalan que las empresas les cobran entre $35 a $40 dólares por sus uniformes.

Trabajadores de empresas de Seguridad Privada se concentraron en el Monumento a la Constitución, en San Salvador, junto con Movimientos Sociales, para hacer un nuevo llamado a los Órganos Ejecutivo y Legislativo para que mejoren las condiciones de los empleados de seguridad privada.

Julio Cesar Martínez, secretario general del Movimiento de Trabajadores de la Seguridad Privada, hizo un llamado a las instancias del Estado  para que se hagan cumplir el Código de Trabajo y la Constitución de la República, pues aseguran que, las empresas encargadas de la seguridad, incumplen y violentan los derechos laborales de los trabajadores.

Martínez aseveró que el sector de seguridad privada está cansado de los abusos, pues no se les respetan las 8 horas laborales, las incapacidades por enfermedad,  hay impago de AFP e ISSS, y se les cobra el uniforme para que laboren.

Martínez pide que se cumplan y respeten las Leyes existentes y que, además, se apruebe la Ley Especial de Regulación de los Servicios de Seguridad Privada, que está en el tintero Legislativo, según ellos, por intereses particulares.

Los cambios al Código Procesal Penal, aprobados por la Asamblea Legislativa, el 21 de septiembre, habilitan que se juzgue a reos ausentes, aunque está prohibido por la Constitución en su artículo 12; impiden el conteo de tiempo para establecer la prescripción del procedimiento por inactividad y obligan a los defensores a no renunciar después de la audiencia preliminar, violando el derecho de defensa material.

También los abogados explicaron que el proyecto a la Ley de Telecomunicaciones obliga a las operadoras a obtener, guardar y compartir información de sus usuarios con la Fiscalía General de la República sin autorización judicial.

Las reformas dejan de lado la presunción de inocencia y el derecho de defensa, dejando expuesta y vulnerable a la población salvadoreña ante el uso abusivo del régimen de excepción y la legislación penal aprobada. Es decir, que cualquier persona que sea señalada en forma anónima, permanecerá en detención provisional sin límite de tiempo claro y sin defensa técnica. Además, será juzgada por jueces que no son independientes e imparciales (jueces sin rostro) y, podría ser condenada sin pruebas técnicas, con testigos de referencia y en “juicios colectivos”.

Según el director de Litigio Estratégico de Cristosal, Abraham Abrego, las reformas conllevan un regreso al modelo de proceso penal de corte inquisitivo, asumen el enfoque del “derecho penal del enemigo”, con el fin de obtener el mayor número de condenas sin garantías procesales y la desigualdad de la parte acusada.

Cristosal señaló que las reformas a la legislación penal y procesal penal, aprobadas en marzo por la Asamblea Legislativa, así como la creación de nuevas leyes y las propuestas de reforma a la Ley Contra el Crimen Organizado y la Ley de Telecomunicaciones,  suponen un grave retroceso a los límites y garantías que establece la Constitución y los tratados internacionales.

De acuerdo con la jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, Zaira Navas, las reformas aprobadas violentan la Constitución y el proceso adecuado y, lo más grave, es que van dirigidas para todos los salvadoreños y no exclusivamente para pandillas, como señala el discurso oficialista.  Por eso se dan arbitrariedades y se juzga a personas sin ejercer el derecho de defensa material para todos, advierte Navas.

Por su parte, Diego Jacobo, consultor técnico de la Asociación TRACODA, señalo señalo que el acceso a la información ahora es nula.

Jacobo dijo ante periodistas que se realizó un ejercicio de petición de información oficiosa, la cual debe ser pública, a varias instituciones del Estado, sin embargo, no se tuvo un resultado positivo.

El representante de TRACODA señala que no hay voluntad política de liberar la información para que esté a disposición de la población

Hay otros casos en reserva, señala Wilson Sandoval, como las compras y ventas de bitcóin y las investigaciones de lavado de dinero que realiza la fiscalía.

El derecho a la información en el país, sigue en retroceso. Un punto importante es que el gobierno esta ocultando información que debe ser pública, señala Wilson Sandoval Coordinador de ALAC El Salvador-FUNDE, capítulo de Transparencia Internacional en El Salvador.

Sandoval pone como ejemplo la designación de jueces el año pasado. En este caso, no se conoce cuáles fueron los criterios que se tomaron para designar a los jueces, cuando se aplicaron las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, esto es grave ya que la justicia se ha mutilado y los salvadoreños desconocen quien es el que imparte justicia

A esto se le suma la poca claridad en torno a las estrategias de seguridad orientadas para la prevención de la violencia, así como el debilitamiento de redes de trabajo que funcionaban y cohesionaban a actores claves locales señala Colocho.

Para Coordinadora de Investigación de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista es urgente que la PNC recobre su rol y deje de lado la represión y el uso de la fuerza sin control, para lograr enrumbar a la policía es necesario que los recursos económicos se destinen para crear planes de seguridad y dejar de lado lineamientos improvisados con enfoques represivos.