Las personas retiradas de manera obligatoria de la PNC señalan que se han enfrentado a dificultades económicas, ya que tienen deudas y personas que dependen económicamente de ellas. Además, lamentan que se les obligue a retirarse sin reconocerles lo que legalmente les corrresponde.

A petición del Gobierno, la Asamblea Legislativa aprobó en mayo del presente año, la Ley Especial para el Retiro y el Otorgamiento de Compensación Económica del Personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), la cual obligó a retirarse a unas tres mil personas, mayores de 60 años de edad.

Se les había prometido una compensación de 24 salarios por el tiempo laborado; sin embargo, en la práctica, solo se les ha dado la mitad.

Ernesto Vásquez fue uno de los fundadores de la Policía Nacional Civil, se destacó como sargento y subinspector. Afirma que el cambio generacional ya se había planteado desde gobiernos anteriores; sin embargo, no esperaron que al aplicar el retiro obligatorio, no se les reconocieran todos los años de trabajo.

Marisela Ramos de la Red de defensoras de Derechos Humanos de Cabañas hizo un llamado al presidente de la República para que así como gasta millones de dólares en el parque de diversiones de La Libertad, arregle el tramo de calle que es indispensable para las comunidades circundantes a Ciudad Victoria y el municipio de Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.

Debido a las intensas lluvias que se registraron desde el lunes de la semana pasada, al norte de El Salvador y Honduras, comunidades de Cabañas quedaron totalmente incomunicadas debido a deslizamientos de tierra, colapso de muros y crecida de ríos.

Los estragos de las lluvias dejaron sin la única vía de acceso a pobladores de los cantones: San Antonio, San Pedro y Palomar, en el municipio de Victoria, en el departamento de Cabañas.

Representantes de las comunidades afectadas realizaron una protesta para exigir que la calle sea reparada.

Gilberto Membreño, habitante del cantón San Pedro, desmiente que el FOVIAL ya haya habilitado la vía, tal como lo ha publicado en redes sociales.

El BRP repudia la muerte de personas detenidas y la captura de dirigentes de la sociedad civil. Urrutia responsabiliza al Gobierno de las muertes que se están dando bajo el Régimen de Excepción.

Condenamos enérgicamente la muerte del sindicalista José Leonidas Bonilla, dijo la integrante del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, BRP, Sonia Urrutia.

Bonilla murió el pasado 3 de septiembre en el Hospital Rosales.

Organizaciones de derechos humanos, entre ellas Cristosal, manifiestan que conocen información sobre personas que han muerto por estar arrestadas y por padecer enfermedades que necesitan medicamentos y atención médica. Además, los familiares no pueden dejarles los medicamentos que necesitan.

Ante esto, el obispo luterano, Medardo Gómez, asegura que este tipo de fallecimientos causan daños a las familias.

La muerte del sindicalista de la Alcaldía de Mejicanos, Leonidas Bonilla, tras ser capturado bajo el Régimen de Excepción, causó reacciones en diversos sectores, entre estos, la Iglesia Luterana Salvadoreña.

El sindicalista fue arrestado hace 4 meses y, a pesar de padecer hipertensión arterial, no fue atendido, según reporta un periódico.

El obispo luterano Medardo Gómez manifiesta que esta y otras muertes son errores que se están dando en las medidas de seguridad pública, por lo que pide que estas no se sigan aplicando.

Integrantes de La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro memoria Histórica manifiestan que la Corte Suprema de Justicia lo único que puede exigir es que se cumpla la aprobación, pues es la Asamblea Legislativa la que tiene la responsabilidad de emitir una Ley de Justicia Transicional.

La ley debe permitir justicia, reparación y establecer acciones simbólicas como el Día del Detenido Desaparecido.

Miguel Montenegro, integrante de La Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro memoria Histórica, pide a los diputados y diputadas que la Ley sirva para reparar a las víctimas.

Representantes de diferentes organizaciones que integran la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro memoria histórica de El Salvador recuerdan que está pendiente la aprobación de La Ley de Justicia Transicional.

La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Amnistía en 2016 y pidió a la Asamblea Legislativa que emitiera una Ley de Reconciliación Nacional.

En febrero de 2020, los legisladores aprobaron una Ley de Reconciliación y fue vetada por el Órgano Ejecutivo pero, en la actualidad sigue pendiente la aprobación.

El integrante de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro memoria Histórica, Ovidio Mauricio, dice que seguirán insistiendo que se apruebe una ley para apoyar a las víctimas.