Entre los meses de enero y octubre de 2021 se registraron más de 1,500 personas desaparecidas y entre enero y mayo de 2022, la PNC recibió 577 casos de desapariciones.

Sin embargo, Héctor Carrillo, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, afirma que en la actual gestión gubernamental se sigue restringiendo el acceso a la información pública, respecto a personas desaparecidas.

Carlos Ernesto Santos, de 22 años, desapareció el 1 de enero de 2022 en los alrededores de la colonia Monserrat, en San Salvador. Desde entonces, su familia emprendió su búsqueda. La semana pasada, lanzaron la campaña "¿Dónde está Carlos?".

Eneida Abarca, madre de Carlos, lamenta que las autoridades ignoren su dolor y que durante el Régimen de Excepción las instituciones dejen de lado la búsqueda de personas desaparecidas.

Hay muchas personas que tienen miedo de denunciar públicamente la desaparición de su familiar o de salir en la búsqueda de la persona desaparecida. Eneida Abarca hace un llamado, a quienes sufren este flagelo, a interponer las denuncias, y que el dolor se transforme en su fuerza.

Familias de víctimas de la guerra y sobrevivientes piden a los parlamentarios aprobar una Ley de Justicia Transiconal una deuda que el Estado salvadoreño arrastras desde hace años. Verdad, justicia y reparación es lo que piden para poder sanar esas heridas.

Víctimas y familiares de víctimas de la guerra pidieron al Gobierno y a la Asamblea Legislativa honrar cada 30 de agosto como “Día Nacional de las Víctimas Desapariciones Forzadas”.

Carlota Ramírez piden a los diputados emitir una decreto que honre a todos sus seres desaparecidos en la guerra.

Familiares y sobrevivientes víctimas de la guerra en el marco del “Día Internacional de las Personas Desaparecidas” se concentraron frente a Catedral Metropolitana para exigir al Estado salvadoreño justicia, verdad, reparación y medidas de no repetición.

Gloria Anaya del colectivo de derechos Humanos “Herbert Anaya”, manifestó que el 30 de agosto es un día significativo pues se conmemoran las más de 10 mil victimas desaparecidas forzadamente durante la guerra.

Anaya aseveró que el Estado salvadoreño arrastra una deuda con las víctimas de la guerra y sobredientes a quienes se les debe verdad y justicia.

El Foro del Agua dice que  la implementación de la Ley General de Recursos Hídricos parece una acción maliciosa, dispersa y errónea. Además, se han realizado visitas a los territorios, principalmente donde hay Juntas Rurales de Agua, diciéndoles que no se les cobrará el canon por el uso del agua, pero siguen los artículos 109 y 110 de la Ley donde se establece la obligación de todas las personas a pagar.

Carlos Flores, integrante del Foro, dice que urge establecer la junta directiva de ASA.

A 45 días de la entrada en vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos, integrantes del Foro del Agua manifestaron que no se registran avances concretos en la instalación de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).

Dalia González, integrante de esta organización, manifiesta que hasta la fecha no se ha nombrado a los miembros de la ASA, ni se ha establecido una partida presupuestaria para esto. Además, se nota la ausencia de un plan.

La ONU decidió declarar el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que comenzó a observarse en 2011.

En la guerra civil salvadoreña (1980-1992) se registran al menos 8,000 civiles desaparecidos y 75 mil fallecidos.

Ovidio Mauricio, integrante de la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro memoria Histórica de El Salvador,  dice que los familiares de las víctimas del conflicto armado necesitan ser reparados.

Representantes de diferentes organizaciones que integran la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro memoria Histórica de El Salvador, llegaron  al Monumento a la Memoria y la Verdad, ubicado en el Parque Cuscatlán de San Salvador, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, establecido por Naciones Unidas.

Pero, ¿por qué quieren que en El Salvador se establezca el día para el detenido desaparecido?

Miguel Montenegro, integrante de la Comisión, asegura que es por la dignidad de las familias y de las mismas víctimas.

Idalia Zepeda, abogada de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos, ASDEHU, señaló que llevan 27 casos de personas desaparecidas y se está apoyando a las familias en su búsqueda.

Zepeda agregó que las autoridades no pueden seguir invisibilizando a los desaparecidos y señaló que las instituciones del Estado no pueden excusarse en el Régimen de Excepción para no investigar los casos o seguir promoviendo una cultura de culpa a las familias por la desaparición de un pariente.