Pasar de la opacidad a la transparencia, no es fácil en ningún país que decide impulsar leyes que garanticen el Derecho de Acceso a la Información Pública, sobre todo, cuando los gobiernos se han negado históricamente a transparentar sus gestiones.
En El Salvador, la Ley de Acceso a la Información Pública se promulgó en el año 2011. Esta normativa dio vida al Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, que entró en funciones el año 2013.
Con la entrada en vigencia de la ley, se empezaron a sentar las bases para la construcción de una sociedad trasparente, a través de una ciudadanía activa que exigiera su derecho de acceso a la información pública.
Acción ciudadana da seguimiento al trabajo que realiza esta institución y esta semana presentó el informe “¿El IAIP a favor de los ciudadanos? Actualización 2022”.
Según dicho informe, entre enero 2019 y abril 2022, ha bajado la carga laboral del Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, en un 30 %. Esto implica que la ciudadanía está usando menos la institución y se está desmontando la cultura de acceso a la información pública, según el director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar.