Estudiantes de la Universidad de El Salvador salieron este sábado en marcha para denunciar la persistencia de violaciones a los derechos humanos, así como ocurrían hace 47 años, cuando se perpetró la masacre contra estudiantes que también se lanzaron a las calles a reclamar sus derechos. 

La masacre ocurrió el 30 de julio de 1975, previo al período de la guerra civil (1980 a 1992) y fue cometida por elementos de las fuerzas de seguridad. 

La marcha del 30 julio partió de las instalaciones de la Universidad de El Salvador hacia el monumento a los estudiantes, ubicado sobre la 25 avenida norte en las cercanías del Hospital Rosales. 

Los estudiantes  pidieron a las autoridades esclarecer los hechos y deducir las responsabilidades y autores intelectuales de la masacre. Como medida de reparación solicitaron una plaza conmemorativa llamada “Héroes y Mártires”. 

En este marco los estudiantes también condenaron la ampliación del Estado de Excepción, el alto costo de la vida, el recorte al presupuesto universitario y los retrocesos a la democracia. 

Marisela Ramírez, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, amplía sobre las solicitudes realizadas durante la marcha.

Las comunidades de Guarjila se han refugiado en su fe y creen con firmeza que la oración es mucha ayuda para aplacar la situación difícil que enfrentan. En esto está de acuerdo  monseñor Oswaldo Escobar, quien cree que la solidaridad es otro elemento que no debe faltar ante una situación hostil. “No les invito a nada violento, pero pierdan el miedo porque el miedo nos paraliza”, fue una de sus recomendaciones. 

“No estoy invitando a la desobediencia, pero sí a que luchen por sus derechos, por la dignidad de la persona y los derechos humanos”, agregó el sacerdote. 

Para monseñor Escobar pedir que pierdan el miedo no es un delito “esto es el evangelio, esto es por lo que lucho San Óscar Arnulfo Romero y todos nuestros mártires”, dice con firmeza. Lamenta que el Régimen de Excepción esté dejando sin jóvenes a las comunidades de Guarjila.

Los habitantes de Guarjila creen que se está perdiendo la libertad de expresión. “Actualmente todos tenemos ese temor, ese miedo que por decir la realidad nos pueden acumular cualquier cosa y podemos ir a parar al bote”, dijo otro de los habitantes. Para otros, el régimen les quita la paz y la tranquilidad. El Gobierno garante de la protección ciudadana no está cumpliendo con su obligación de llevar paz. 

Su opinión contrasta con la del ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, quien en recientes declaraciones en una entrevista televisiva aseguró que “hay tranquilidad en la población por el éxito de esta lucha contra las pandillas”.

Jóvenes se marchan de Guarjila por temor a ser apresados

No discutimos las capturas de gente que debe delitos, de gente que ha cometido ilícitos, dijo un joven líder comunitario. Pero le parece injusto que a los jóvenes que se han llevado no le permitan defenderse. “Hay que investigar y concretar si hay un delito o no hay nada, sino hay nada, no es justo”, dijo. 

El líder de la comunidad cree probable que la lista que llevan los soldados y policías se ha creado porque hay alguien que esté dando información falsa a la policía. ¿Imagínense que yo le caiga mal a esa persona que da información?, ya la regue, ya estuvo que voy a caer, reflexiona.  

La estigmatización hacia la juventud y el miedo de ser detenido sin ninguna causa ha obligado a muchos jóvenes de Guarjila a migrar hacia Estados Unidos. “Nos acostamos y no sabemos dónde vamos a ir a amanecer”, dice una de las habitantes de las comunidades.

Padece cáncer y anemia profunda y la detención de su hijo le ha deteriorado su salud.

“Si quiere ver a su hijo por última vez, vealo'', recuerda que le dijo el policía. Tras unas semanas en el penal se enteró que su hijo está en el hospital, pero no ha sido posible verlo.  Una familiar lo ha buscado, pero ante la insistencia, un policía le advirtió que no preguntara tanto, sino quería ir presa también.

Raymunda Menjivar, de 65 años, es otra de las madres que desesperadas buscan ayuda para volver a ver a su hijo. Lo detuvieron el 3 de mayo en su negocio, una ferretería de Guarjila. Lo acusan de distribuir droga.

Ese día, como todos, llegó en su moto al negocio, cuenta su madre. Pero el lugar ya estaba rodeado de soldados. Le dijeron que no tuviera miedo, que solo iría a una entrevista. Un microbús aparcado a unos metros era el transporte que lo llevaría hasta San Salvador.

Joven con leucemia, víctima del régimen 

Los cuerpos de seguridad llegan a las casas y no respetan ni a niños ni a adultos. Sus acciones han hecho que los habitantes sientan miedo al ver a soldados armados. No solo los familiares de los detenidos sienten temor, lo sienten todos, reiteran los habitantes de Guarjila. 

“Yo no tengo por qué sentir miedo en un país porque está la fuerza armada y la policía para protegerse de los malos. Pero vamos a ser sinceros, les tenemos miedo”, expresó un joven líder de la comunidad.  No se puede andar con tranquilidad porque se corre el riesgo de que nos lleven, agregó. 

De esa intranquilidad saben muy bien las madres de los detenidos, las que más sufren, las que los buscan en los penales, las que corren al puesto policial para interceder por sus hijos. Así lo hizo una de las madres cuando supo que su hijo que padece Leucemia y tiene problemas en un riñón, había sido detenido por la policía sin ningún motivo. Corrió detrás del microbús que lo llevaba a San Salvador. Antes un policía la había amenazado. Si seguía preguntando por su hijo “la vamos a poner en el poste también”, le advirtieron.  A su hijo antes de llevárselo al penal lo golpearon, un policía puso su bota en su cuerpo. Se encargó de que su madre fuera testigo del maltrato.

Mientras cuenta su relato, los habitantes de Guarjila comenzaron a entrar a la iglesia. Los esperaba el obispo de la Diócesis de Chalatenango, Oswaldo Escobar y el párroco Enrique Castillo. Querían saber de primera mano que pasaba en las comunidades.  

Guarjila fue uno de los municipios golpeados por la guerra civil, ahí vivió  el sacerdote jesuita Jon Cortina sus últimos nueve años hasta su muerte en  2005. Su lucha por los derechos humanos aún la recuerdan en Guarjila. Una fotografía en su memoria cuelga en la pared de la iglesia donde ahora los habitantes lloran a los detenidos. 

Parece que nada ha cambiado desde la guerra. Ahora no valen los derechos humanos, dice la hermana de otro de los detenidos. Ni los extranjeros se escapan del régimen. Su hermano es hondureño y llegó a visitar a su padre. Pero ya no pudo regresar.  Lleva dos meses en un penal. 

En el país no tiene documentos por lo que sería fácil probar que no tiene antecedentes, dice su hermana. Pero en el Régimen de Excepción nada de eso importa.

La lista a la que se refiere el joven de Guarjila, Chalatenango, es la que portan los policías y soldados. Primero merodean la zona, luego regresan con lista en mano, así se han llevado a 25 jóvenes de varias comunidades de Guarjila, entre ellas la comunidad Ignacio Ellacuría.

Manuel de 30 años es una de las víctimas del Régimen de Excepción. Se lo llevaron el 15 de julio. Ese viernes los policías y soldados llegaron a las 10:40 de la noche, recuerda José, su padre. Tocaron fuerte la puerta, un soldado le apuntaba con el fusil, mientras otros esposaban a Manuel. Eran por lo menos unos 12, entre policías y soldados. En vano José preguntó por qué delito se llevaban a su hijo. El silencio fue la respuesta. Esa noche Manuel fue parte de la lista, al igual que otros habitantes de la comunidad que se los llevaron en la patrulla.

“Si me preguntan si siento miedo como joven de Guarjila, sí, siento miedo. Salir de la casa a hacer cualquier cosa y saber que lo van a parar a uno y no tienen que encontrar nada, solamente tienen que venir en una lista”.

José Edis Pérez advierte que su casa está en alto riesgo por el constante crecimiento de la cárcava. Todos los habitantes que se encuentran en condición de vulnerabilidad en la zona, esperan que el Ministerio de Obras Públicas trabaje en obras de mitigación que eviten que esta continúe creciendo.