El año pasado, la Cámara Ambiental  de Segunda  Instancia dictó medidas cautelares que protegen al río Sensunapán, sin embargo éstas no han sido cumplidas por el Ministerio de Cultura,  el Ministerio de  Medio Ambiente y Recursos Naturales y por la Alcaldía de Nahuizalco. Ante esto, la Cámara concedió el 13 de junio del presente año la ampliación de la vigencia de las medidas cautelares hasta septiembre de 2022. 

Amalia López, de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, advierte que abrir las puertas a la construcción de la octava central hidroeléctrica es la muerte del río.

El riesgo del proyecto de la construcción de la octava central hidroeléctrica en el río Sensunapán, pone en alerta a los habitantes de la zona por los daños que pueda ocasionar al medioambiente, pérdida de la producción agrícola, del agua y sitios sagrados indígenas. 

Ambientalistas y el  Comité Indígena del Cantón Sisimitepet, Nahuizalco,  caminaron junto a periodistas a la orilla del río en las zonas de Paso Hondo, El Javío y los Carías para mostrar el valor del río y los impactos que causará a la gente y al ecosistema la construcción  de la central hidroeléctrica.

Marta Pulque, integrante del Comité Indígena para la Defensa de los Recursos Naturales de Nahuizalco, dice que la producción del tule y los sitios indígenas están  en riesgo con el proyecto.

Este jueves la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen para disolver la DIGESTYC y pasar sus funciones al Banco Central de Reserva. Asimismo, recientemente se aprobó un préstamo de $44 millones de dólares para modernizar la institución y un nuevo censo poblacional. Meses después, el Gobierno pide la disolución y trasladar sus funciones al BCR.

Según los parlamentarios, el personal indispensable de la dirección pasaría al BCR.

Por su parte, el diputado Boris Platero, de la Bancada Cyan, acusó al personal de DIGESTYC de ser "grasa" del Estado que no se tecnificó.

Por su parte, Acevedo manifestó que hay un retraso de 14 años para realizar un nuevo censo poblacional que ante la falta de recursos no se realizó. El también economista espera que el personal de la DIGESTYC cuente con la experticia para realizar censos y estadísticas.

Acevedo espera que el Ejecutivo antes de disolver la DIGESTYC explique públicamente cuál será la función y el objetivo de disolver la institución.

Según el expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, el Gobierno salvadoreño tuvo que seguir la tendencia internacional de fortalecer la Dirección General de Estadística y Censos de El Salvador, DIGESTYC y buscar su independencia de la manipulación política.

Las instancias que funcionan como la DIGESTYC en países como México y Chile son independientes del Ejecutivo, explicó Acevedo: son institutos de estadísticas.

El expresidente del BCR dijo que la DIGESTYC ha pasado durante años abandonada por la falta de presupuesto. Opina que si se fortalecerá la institución  está bien,  siempre y cuando se procure que las estadísticas sean elaboradas técnicamente, sin manipulación de cifras o maquillaje de las cifras.

En San Ignacio, según explicó Alvarado, se cobra 2 dólares con 10 centavos a cada casa por el servicio de agua potable. Sin embargo, si se estipula en el Reglamento de la Ley del Agua que se cobre a las juntas, el valor podría llegar incluso a los 10 dólares por casa, una cantidad que para una familia pobre es imposible pagar.

Jorge Guevara, de Huizucar, La Libertad, también llegó a la actividad y dijo que espera que las juntas de agua se declaren como de uso publico, ya que el servicio que ofrecen es el de llevar agua potable donde ANDA no ha podido servir.

Representantes de Juntas de Agua, de todo el país, llegaron hasta el local donde funciona la Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA, para presentar una serie de peticiones donde piden no pagar por servir agua a las comunidades.

Según explicaron, actualmente la Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA, se encuentra elaborando el reglamento con el cual funcionaría La Ley de Recursos Hídricos y han señalado que están preocupados ya que el artículo 95 de la Ley del Agua establece que las juntas de agua también deberán someterse al pago por el uso de este recurso.

Andrés Alvarado reside en el municipio de San Ignacio de Chalatenango y representa a la ADESCO Monseñor Romero del Barrio Las Delicias. Alvarado señala que en este lugar muchas familias están en deuda, ya que en la zona rural el trabajo escasea y lo poco que ganan lo invierten en la alimentación.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU, CDC, agregaron este lunes seis destinos a su categoría de "alto" riesgo para viajar, a propósito del aumento de contagios de covid-19.

Dos países centroamericanos —El Salvador y Honduras— recibieron una designación de nivel 3 de riesgo "alto". Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Polonia y Fiji también se agregaron al Nivel 3.

El nivel 3 se convirtió en el peldaño más alto de riesgo en abril, después de que los CDC revisaran su sistema de calificación para evaluar el riesgo de covid-19 para los viajeros.

La designación aplica a lugares que han tenido más de 100 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 28 días. El nivel 2 y el nivel 1 se consideran de riesgo "moderado" y "bajo", respectivamente.

Los casos de covid-19 se mantienen a la baja gracias a la inmunidad de rebaño generada por las vacunas, sin embargo, el impacto de la pandemia se mantiene más latente para aquellos grupos vulnerables como personas con enfermedades crónicas.

El Ministerio de Salud informó sobre la muerte de más salvadoreños a causa de la covid-19. Esta semana se han registrado nuevas muertes, entre ellas una persona del sexo masculino del grupo etario de 10 a 20 años.

También se ha reportado la muerte de una mujer del grupo etario de 70 a 80 años. Asimismo, se reportó la muerte de dos personas del sexo masculino, uno del grupo etario de 50 a 60 años y otro mayor de 80 años.

A criterio del doctor Eduardo Espinoza, miembro de la Coordinación Continental de ALAMES, coordinador en El Salvador de ALAMES-Margarita Posada, el Gobierno salvadoreño debería mantener las medidas de protección para evitar nuevos brotes.

El Salvador es firmante de la Convección de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, que incluye el protocolo de Palermo, el máximo instrumento de combate a la trata de los países miembros de las Naciones Unidas.

El país también se ha comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de los cuales se encuentra la igualdad de género, el trabajo decente y la búsqueda de la paz, justicia e instituciones sólidas.

El padre Dionisio Báez afirma que la trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. Comentó dos casos que han atendido en "Misión Redentora" de mujeres salvadoreñas que han sufrido trata de personas.

El Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas define este delito como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.

La modalidad de trata de personas más conocida es la explotación sexual; sin embargo, se reconocen 16 modalidades distintas, entre las que se encuentra la mendicidad, matrimonio forzado, la trata con fines de explotación laboral, obligar a una persona a que cometa delitos, entre otras.

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe anual sobre tráfico de personas en el mundo, en el cual El Salvador se encuentra en  el Nivel 2, en vigilancia, porque El Salvador ha retrocedido en su lucha contra este flagelo. Así lo explican Moisés Gómez, coordinador de proyectos e investigador de la vicerrectoría de Proyección Social de la UCA y el padre Dionisio Báez, de la Orden de la Merced y coordinador general de "Misión Redentora".