Ovidio Mauricio dice que El Salvador se adhirió a la Corte Penal Internacional en el año 2016, a consecuencia de un largo y meticuloso proceso en el que han contribuido numerosos actores, incluida la sociedad civil salvadoreña.

La Corte Penal Internacional no podrá procesar a los señalados de violar derechos humanos que se cometieron en la guerra salvadoreña, sin embargo puede abrir procesos contra personas que actualmente se encuentran violando derechos de la población dice Ovidio Mauricio, director ejecutivo de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”.

Ovidio Mauricio señala que esta Corte no procesa a un Estado, sino a las personas y, en este momento histórico que vive el país, se puede acudir a esta entidad para denunciar las violaciones que se realizan a diario.

El representante de Tutela Legal señaló que actualmente hay funcionarios que dentro del Régimen de Excepción están cometiendo graves abusos y que perfectamente pueden ser denunciados ante la Corte Penal Internacional.

Representantes del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), de Apopa hicieron público, frente a la alcaldía de ese municipio, que las botas y los uniformes están gastados y la municipalidad no hace la entrega de las herramientas que necesitan.

Los representantes del CAM manifestaron que hay mesa de diálogo con la actual gestión municipal pero, a pesar de eso, siguen sin recibir el equipo necesario para sus labores.

El secretario general del sindicato del CAM, Víctor Huezo, dice que ya solicitaron el calzado y otros accesorios a las autoridades municipales, pero no les han sido entregados.

La “Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional”, aprobada en 2020 y muy cuestionada por las víctimas de la guerra, fue vetada por el presidente de la República. Pero la Asamblea Legislativa no superó ese veto y quedó en el limbo jurídico.

Desde la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía ha habido en el país tres fiscales generales, tres legislaturas de variada correlación política y dos presidentes de la República.

Sin embargo, no ha habido voluntad política para reparar a las víctimas afirma Juan Carlos Sánchez, oficial de programa de la Fundación para el Debido Proceso, DPLF.

El 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una histórica sentencia que expulsó del ordenamiento jurídico salvadoreño la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, promulgada en 1993.

Desde entonces, las víctimas del conflicto armado no han visto ningún cambio, continúa la impunidad, afirma Madre Vicky, del Comité de Madres de El Salvador, COMADRES.

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), presentó los resultados del informe, “la Libertad de prensa y el acceso a la información”, la cual se divide en cuatro temáticas: restricciones al ejercicio periodístico, ataques, información pública y espionaje.

De acuerdo con el investigador del OUDH Diego Manzano, la prensa salvadoreña ha enfrentado restricciones en su labor como: bloqueo para obtener información, la centralización de la información, restricciones de acceso a espacios y temor de las fuentes de hablar por represalias por parte del Ejecutivo. Existe un “silenciamiento que esta afectando obtener información y datos para trasladar a la ciudadanía”, indicó Manzano.

También la prensa ha sufrido ataques como discursos de odio en redes sociales, ddesprestigio de periodistas; ataques digitales y linchamiento digital. Asimismo han recibido acciones intimidatorias como toma de fotografías y seguimiento. De manera particular, explicó Manzano, en esta gestión se ha incrementado el discurso de odio y agresiones físicas.

En cuanto a la información Pública, existe mayor dificultad para obtener datos de las instituciones, por el aumento en los índices de reserva, la falta de actualizaciones de los portales web y la discrecionalidad de los oficiales para cambiar los criterios para limitar la información.

Carla Quinteros, investigadora del OUDH, dijo que la coaptación del Instituto de Acceso a la Información Pública y la remoción de comisionados, ha ido restringiendo el derecho al acceso a la información.

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), presentó los resultados del informe, “la Libertad de prensa y el acceso a la información”, la cual se divide en cuatro temáticas: restricciones al ejercicio periodístico, ataques, información pública y espionaje.

De acuerdo con el investigador del OUDH Diego Manzano, la prensa salvadoreña ha enfrentado restricciones en su labor como: bloqueo para obtener información, la centralización de la información, restricciones de acceso a espacios y temor de las fuentes de hablar por represalias por parte del Ejecutivo. Existe un “silenciamiento que esta afectando obtener información y datos para trasladar a la ciudadanía”, indicó Manzano.

También la prensa ha sufrido ataques como discursos de odio en redes sociales, ddesprestigio de periodistas; ataques digitales y linchamiento digital. Asimismo han recibido acciones intimidatorias como toma de fotografías y seguimiento. De manera particular, explicó Manzano, en esta gestión se ha incrementado el discurso de odio y agresiones físicas.

En cuanto a la información Pública, existe mayor dificultad para obtener datos de las instituciones, por el aumento en los índices de reserva, la falta de actualizaciones de los portales web y la discrecionalidad de los oficiales para cambiar los criterios para limitar la información.

Carla Quinteros, investigadora del OUDH, dijo que la coaptación del Instituto de Acceso a la Información Pública y la remoción de comisionados, ha ido restringiendo el derecho al acceso a la información.

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH), presentó los resultados del informe, “la Libertad de prensa y el acceso a la información”, la cual se divide en cuatro temáticas: restricciones al ejercicio periodístico, ataques, información pública y espionaje.

De acuerdo con el investigador del OUDH Diego Manzano, la prensa salvadoreña ha enfrentado restricciones en su labor como: bloqueo para obtener información, la centralización de la información, restricciones de acceso a espacios y temor de las fuentes de hablar por represalias por parte del Ejecutivo. Existe un “silenciamiento que esta afectando obtener información y datos para trasladar a la ciudadanía”, indicó Manzano.

El Síndico municipal de Apopa, Noel Monroy acompaño a los representantes del CAM que se pronunciaron frente a la Alcaldía, razón por la que el secretario general del sindicato pidió que dijera a las autoridades municipales que deben entregar calzado, uniformes y otras herramientas que por ley deben darlas.

Trabajadores de recolección de desechos sólidos de Alcaldías como San Martín y Santa Tecla han cuestionado recientemente que los accesorios necesarios para sus labores no se los entregan las actuales autoridades municipales a eso se suman los bajos salario y las contrataciones de nuevo personas quienes ganan más.

Otras alcaldías como la de San Francisco Gotera, Morazán el mismo alcalde dijo en una entrevista, en un medio de comunicación, que la ausencia del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) da pocos ingresos económicos a la municipalidad.

En el caso de Apopa, el elemento del CAM, Rafael Morán, dice que urge la entrega de uniformes y calzado.