Leonor Arteaga, directora de programa para la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), lamenta que el actual gobernante no esté respetando las normas establecidas, en las leyes y en la Constitución salvadoreña.

Con el tema de la reelección presidencial, dice Arteaga se ha tenido ejemplos alrededor de diversos países donde nunca ha acabado con bien y tanto gobernantes como pueblo salen afectados.

La Constitución salvadoreña prohíbe la reelección consecutiva, ya que el resto de posibles candidatos quedan en desventaja, la única forma en que se podría buscar de nuevo la Presidencia de la República es esperar un período y luego volver a competir. Arteaga dice que también está prohibida la reelección indefinida.

Ingrid Escobar, también representante de la Alianza El Salvador en Paz, exigió al Estado el respeto al orden democrático y los derechos humanos de los salvadoreños.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador emitió el año pasado  un fallo en el que habilita que los presidentes del país puedan optar a la reelección inmediata, dando luz verde al presidente Nayib Bukele a un posible segundo mandato.

El fallo ordena al Tribunal Supremo Electoral permitir “que una persona que ejerza la Presidencia de El Salvador y no haya sido presidente en el período inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”. De esta forma, Bukele buscaría la reelección presidencial una vez terminado su actual mandato en 2024.

Según Melara, la Constitución es clara en que no está permitida la reelección por lo que exhorta a la Sala y al TSE a actuar acorde a lo que dicta la Constitución de la República vigente desde 1983.

La Alianza Nacional El Salvador en Paz hizo un llamado al Tribunal Supremo Electoral, TSE y a la Corte Suprema de Justicia, CSJ, que investigue a las personas y diputados oficialistas que están haciendo proselitismo en Estados Unidos y pidiendo la reelección presidencial.

José Santos Melara, coordinador de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, denunció la ilegalidad e inconstitucionalidad que se está cometiendo sobre la reelección presidencial, pues la misma constitución en su artículo 75, numeral 4, habla sobre la pérdida del derecho de votar por promover la reelección. Así lo explica Melara.

La Alianza contra la Privatización del Agua manifiesta que es preocupante el pago del canon que se está exigiendo en la Ley, a las Juntas Comunitarias, por uso del líquido.  Estas juntas no se lucran con el servicio, advierten los ambientalistas.

Los representantes de la Alianza dicen que el cobro se justifica en aquellas entidades que tengan un fin lucrativo. La industria, las agroindustrias, el comercio, etc. Pero las juntas comunitarias de agua facilitan a la población un servicio que no brinda el Estado.

Doris Elizabeth de Pocasangre, representante de varias Asociaciones de Desarrollo Comunal, ADESCO, de Sonsonate, dice que si les cobran los cánones afectarán a usuarios pobres.

La Ley General de Recursos Hídricos, aprobada en diciembre del año pasado, entra en vigor este 12 de julio de 2022. Integrantes de la Alianza contrala Privatización del Agua, dicen que la Ley tiene vacíos.

Luis González, de la Alianza, advierte que a esta ley le faltó la participación ciudadana y también hubo falta de “operatividad” del derecho humano al agua.

Entre los cuestionamientos destacan: Decir que el agua es un bien público, pero muestra que es una Ley con un enfoque privatizador, otorgando autorizaciones del uso del agua por 15 años renovables, de cantidades superiores a los 275 mil metros cúbicos al sector privado. Además, no tiene un enfoque de gestión sustentable de cuencas y tampoco un régimen económico justo y equitativo.

El ambientalista González, dice que en el marco de la entrada en vigor de la Ley de Recursos Hídricos preocupa fuertemente el impacto que tendrá esta ley en las juntas comunitarias de agua. Juntas que hoy por hoy garantizan el agua a buena parte de la población salvadoreña que nunca recibió el servicio por parte del Estado.

No hay que perder de vista que la PNC se militarizó en dos gobiernos del FMLN, señala la investigadora, y en ese entonces como ahora se han cometido violaciones a derechos humanos.

Según Jeannette Aguilar, lo mejor que pudiera hacerse es volver a estudiar el diseño policial creado luego de firmados los Acuerdos de Paz.

La situación de violencia que vive El Salvador, desde hace varias décadas, lejos de fortalecer una de las instituciones creadas en el marco de los Acuerdos de Paz, la Policía Nacional Civil se ha ido relegando de su función.

Para Jeannette Aguilar, investigadora en violencia y seguridad, lo que realmente vale la pena es volver a empoderar a la Policía como una institución fuerte, capaz de investigar y dar seguridad pública.

Lamenta que los gobiernos de turno, desde su creación hasta el presente, la hayan deslegitimado, aduciendo que se vive una guerra para sacar una ventaja política del momento.

Entre los principales fallos de los modelos económicos que se han desarrollado en el país, Pleitez destaca: la escasa inversión en la expansión de las capacidades de las personas, poca importancia asignada al pleno empleo, la eficacia laboral dentro de las políticas económicas y sociales, bajos niveles de inversión en infraestructura económica y social y de ahorro para su financiamiento.

Además ha habido una escasa atención a la disminución de las brechas y las desigualdades, recurrente inestabilidad macroeconómica, elevada dependencia de un rubro de exportación (añil, café o su gente), ausencia de un contrato social que permita convertir a las mujeres en socias y protagonistas del desarrollo, lentitud para reinventarse con nuevas apuestas productivas e incapacidad para edificar y consolidar un estado desarrollista.

Ante estos fallos históricos, el economista William Pleitez hace una serie de recomendaciones para que el país alcance un desarrollo sostenible.

En su libro “La economía salvadoreña después de la Independencia. ¿Por qué estamos como estamos?”, el economista William Pleitez, hace un recorrido por los distintos modelos económicos en el país.

Inicia con el modelo agroexportador, vigente de 1821 a 1948. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones, de 1949 a 1979. Luego se tiene la economía de guerra, de 1980 a 1990. El modelo de promoción de exportaciones de mano de obra y atracción de inversiones, de 1990 hasta el 2004. Y, luego se dio lo que Pleitez llama digresiones populistas, de 2004 hasta 2019.

Pleitez afirma que en este último periodo se hace un uso intensivo de la publicidad, la política de comunicaciones se vuelve en la política principal de los gobiernos. Hay una continuación de las políticas de corte neoliberal y aumenta la carga tributaria.