Según datos de la Organización Mundial de la Salud, los Estados deben destinar al menos un 5% del gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto, para alcanzar una cobertura universal mínima.

Según Óscar Cabrera, presidente de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, FUDECEN, con esa cobertura se podría obtener un paquete básico de salud como lo define la OMS, el cual consistiría en tener atención prenatal, acceder a inmunizaciones, contar con tratamientos contra las enfermedades transmisibles, optar al tratamiento de dolencias cardiovasculares y acceso a hospital, personal médico y medicinas.

Con la pandemia de covid-19, se develaron las vulnerabilidades existentes en el sistema de salud público, y esto repercutió en los riesgos de mortalidad prematura y morbilidad prematura, y morbilidad a raíz de la reducción en los servicios de atención primaria, dice Cabrera.

La legisladora de Vamos destacó que en el país no hay seguridad jurídica y que actualmente cualquier persona puede caer en “el mal llamado margen de error”.

El margen de error en personas capturadas por el gobierno salvadoreño, bajo el estado de excepción, muestra que el sistema de justicia de El Salvador “no funciona”. Así lo afirmó la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, quien subrayó que el “mal llamado margen de error” no es del 1%, sino del 10%. Esto sin hablar de los que están detenidos injustamente en las cárceles, dijo la parlamentaria.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, admitió recientemente en una entrevista televisiva que a la fecha han liberado a más de 7 mil salvadoreños, de los 72 mil que han sido capturados bajo la medida excepcional.

El oficialismo justifica que en todos los países hay personas inocentes detenidas, pero la parlamentaria señala que en El Salvador la proporción de capturas injustas “es altísima”.

El abogado penalista manifestó que el régimen de excepción facilita las detenciones indiscriminadas y masivas, “sin criterios verificables”, y eso supone la detención de miles de salvadoreños que no debían nada. “Solo el tiempo dirá cuántas personas eran inocentes”, dijo Feusier y remarcó que, a su juicio, son más de 7 mil.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, confirmó lo que han venido afirmando organizaciones defensoras de derechos humanos respecto a que el régimen de excepción se ha basado en la captura de personas inocentes.

Así lo manifestó el abogado penalista, Oswaldo Feusier, tras conocer las declaraciones dadas por Villatoro en una entrevista televisiva, en donde admitió que a la fecha se ha liberado a más de 7 mil salvadoreños, de los 72 mil que han sido capturados bajo la medida excepcional.

El funcionario dijo que el sistema de justicia “está funcionando” en el país, pero fuentes especialistas consideran lo contrario.

Feusier cuestionó los datos que dio el ministro y recordó que antes se había dicho que había un margen de error del 1%, pero ahora se habla de miles de casos. ¿Cuántos casos son en realidad?, se preguntó Feusier.

La experta recalcó que la Corte de Cuentas es una de las instituciones más importantes del sistema político salvadoreño. Lamentó que después del 2021, la entidad fue neutralizada y ha guardado silencio sobre señalamientos de irregularidades en compras realizadas durante la pandemia.

Los diputados de la Asamblea Legislativa elegirán este miércoles a los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas de la República, CCR. La jefa jurídica de la unidad anticorrupción de Cristosal, Ruth Eleonora López, espera que entre los electos aparezcan funcionarios probos, capaces y sobre todo “independientes” para ejercer control sobre el uso de fondos en las entidades públicas.

El pasado lunes, la comisión política finalizó las entrevistas a los 33 aspirantes, entre los cuales se encuentran algunos candidatos señalados de tener vinculación con Nuevas Ideas. 

Ante esto, López consideró que al revisar el comportamiento de los diputados oficialistas “no hay muchas esperanzas” de que se elija a funcionarios que ejerzan control sobre el órgano Ejecutivo.

De los $300 dólares de pensiones a los veteranos, se les ha entregado $100. Con respecto a la indemnización, no se les ha entregado nada, precisó Melara.

Los veteranos marcharon desde la Plaza Salvador del Mundo, hacia Casa Presidencial, donde fueron recibidos por una barricada de la Unidad del Mantenimiento del Orden, UMO. Una delegación de veteranos fue recibida, esperando poder tener una respuesta a sus peticiones.

Entre las peticiones está que el Ejecutivo solicite al Ministerio de Hacienda un incremento en el Presupuesto General de la Nación del próximo año, para que cumplan con las disposiciones de la normativa.

Una vez más, veteranos de guerra marcharon hacia Casa Presidencial pidiendo al presidente de la República que cancele la indemnización y complete el pago de las pensiones del sector.

Los veteranos exigen al mandatario salvadoreño cumplir con los beneficios que estipula la Ley de Veteranos, aprobada por los diputados de la Asamblea Legislativa en 2015. Los veteranos aseguran que éste y los gobiernos anteriores no han cumplido con los beneficios que manda la normativa.

José Santos Melara, representante de los veteranos, exige su fiel cumplimiento del pago de indemnización, pensiones, tierras y viviendas.

Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Autobuses Salvadoreños (AEAS), también se refirió al tema, ya que la compensación económica no es proporcional a los gastos adquiridos por el sector de transporte.