La representante del Socorro Jurídico dijo que se ha identificado a  Marvin Mauricio López Flores, quien falleció en el centro penal La Esperanza. El joven tenía 28 años y era originario de San Antonio Masahuat, La Paz. También falleció César Vladimir Cuéllar Martínez, de 24 años, quien estaba recluido en el centro penitenciario de Izalco, en Sonsonate.

También se ha identificado a Marvin Omar Villegas y hay otro hombre que también falleció, sin embargo no ha podido ser reconocido.

Ingrid Escobar, del Socorro Jurídico, pide a las familias que se acerquen a la organización para apoyarles en la búsqueda de justicia y condena a agentes del Estado que permiten este tipo de crímenes.

Integrantes del Socorro Jurídico Humanitario denuncian que durante la semana que finaliza se han registrado, dentro de centros penales, 4 muertos. Ingrid Escobar, del Socorro Jurídico, dijo a YSUCA que los fallecidos se han reportado en el centro Penal La Esperanza y en Izalco.

Escobar dice que esto demuestra la crisis humanitaria que se está viviendo dentro de los recintos penitenciarios. Los fallecidos son personas que estaban sin condena.

El MOVIR señala que a las personas fallecidas las trasladan con protocolo covid, algunos cuerpos los entregan en cajas selladas. A otras familias no les han permitido que en las  funerarias manipulen los cuerpos para embalsamarlos o que trasladen los restos, dijo Alfredo Mejía, del MOVIR. 

De acuerdo con Mejía, algunas familias se han dado cuenta que los cuerpos han sido golpeados o torturados porque han abierto los ataúdes y han visto el cuerpo, detalló Mejía.

Luego de la concentración en la Plaza Divino Salvador del Mundo los familiares marcharon hacia el Parque Cuscatlán exigiendo la liberación de sus familiares.

Al finalizar la marcha todas las personas se fueron para sus casas. Sin embargo los voceros e integrantes de MOVIR fueron interceptados por agentes policiales, quienes los retuvieron y solicitaron su DUI. Luego de varios minutos fueron dejados en libertad, dijo Samuel Ramírez, del MOVIR.

Integrantes del Movimiento de Víctimas del Régimen, MOVIR, se concentraron la mañana de este viernes en la Plaza Divino Salvador del Mundo, con el objetivo de pedir al gobierno salvadoreño que libere a los salvadoreños “inocentes y capturados arbitrariamente”, señaló el grupo de personas. 

“Vivos se los llevaron vivos los queremos”, esa es la frase que las familias gritaron durante la concentración, al saber que al interior de las cárceles están muriendo algunos reclusos, en su mayoría capturados arbitrariamente, enfatizan los integrantes del MOVIR.

Las familias piden la inmediata liberación, pues aseguran que sus seres queridos no pertenecen a grupos criminales. A su juicio, no los dejan salir porque el gobierno teme admitir su error, dijeron los familiares de las víctimas.

Óscar René Martínez Iglesias tiene 29 años de edad, se dedica a la pesca y albañilería y colabora con la comunidad de Intipucá; la integrante de MILPA exigió libertad y advirtió que la persona organizada detenida, necesita de medicamentos constantemente por una enfermedad que padece.

Integrantes de la Unión Nacional para la Clase Trabajadora, UNT, se concentraron en la entrada principal de la Asamblea Legislativa para dar su respaldo al fundador del Movimiento Indígena para la Integración de las luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), Óscar René Martínez Iglesias.

Martínez fue arrestado el 9 de junio del presente año en Intipucá, del departamento de La Unión, cuando volvía de pescar. Fueron militares quienes procedieron al arresto, según familiares y personas organizadas.

Inicialmente los soldados dijeron que era por supuestamente pertenecer a organizaciones ilícitas y se lo llevaron para investigarlo y, tras pasar cerca de un mes, el proceso no avanza, manifestaron los integrantes de las organizaciones.

Erick Zelaya, secretario general de la Unión Nacional para la Clase Trabajadora, exigió la libertad del detenido, por tratarse de una captura arbitraria.

La fuente reveló que incluso se les ha amenazado con que si no compran el ticket, podrían tener repercusiones en su contrato anual. ¿Será justo eso?, se preguntó la afectada. 

Además, denunció que a la fecha no se les ha entregado el bono ofrecido a inicios del año por el Gobierno salvadoreño para el personal médico que trabaja de noche.

Jefaturas del Hospital Nacional Francisco Menéndez, de Ahuachapán, están obligando a su personal a comprar ticket de $15 dólares para una cena bailable que servirá para recaudar fondos en favor del comité social de dicha entidad. 

Así lo denunció una empleada del centro hospitalario, quien señaló que su situación económica no le permite comprar dicho boleto.  Manifestó que la directora del hospital ya debe conocer sobre la realización del evento, pero no que la adquisición de entradas, es de manera obligatoria. 

“No me gusta que se nos venga a exigir esto”, reprochó la denunciante y subrayó que ese dinero puede servir para cubrir necesidades básicas de alimentación y transporte.

La peor parte se las llevan las mujeres que trabajan como bordadoras a domicilio, ya que este sector no tiene un salario digno, está sin prestaciones, trabajan desde casa, sin iluminación adecuada entre otros aspectos. Además, deben atender los quehaceres del hogar, dice Monserrat Arévalo.

Frente a la violencia que enfrentan las mujeres, el trabajo se enfoca en que la mujer se reconozca como sujeto de derecho, ya que es un punto de partida para conocer qué derechos se están violando. Trabajar con las mujeres, dice la directora ejecutiva de Asociación Mujeres Transformando, es difícil; por ejemplo las que trabajan en maquilas no tienen tiempo para formarse y conocer sus derechos, debido al trabajo extenuante.

Por otro lado, hay ocasiones en que se entablan procesos judiciales y se logran ganar, sin embargo hay retardación de justicia, ya que las empresas dilatan las resoluciones presentando recursos de amparo. Al final pese a que la resolución está a favor de las mujeres las empresas se escudan diciendo que no tienen dinero para pagar, dice Arévalo.