El Salvador tiene más de dos mil Juntas de Agua que nacieron por la necesidad de abastecer de este líquido a las poblaciones que desde el Estado no se les brinda el servicio de agua potable.

84.2% de la población del área rural es quien se beneficia con este proyecto que ha surgido hace 49 años.

Orlando Aguiluz, presidente de la Asociación de Beneficiarios de Agua de Tonacatepeque, ABAZORTO y de la Comisión de Juntas de Agua a Nivel Nacional, señala que gracias a estos sistemas comunitarios se ha logrado que los campesinos tengan agua domiciliar en sus viviendas.

A Humberto Laínez, un campesino de 70 años, le preocupa que muchos se quedaron sin trabajo debido a que los propietarios vendieron sus tierras al Gobierno y ya no pueden alquilar las parcelas para sus cultivos.

Uno debe enterarse de todos estos proyectos. Deberían dar información a los habitantes de la zona, dice el campesino. Esta afirmación la comparte otro habitante de Tecoluca que opina que el alcalde y el Concejo Municipal de Tecoluca han mantenido oculta la construcción del penal.

“La gente de Tecoluca debe saber que es lo que está pasando. Es un proyecto que trae orden desde el Gobierno central, desde Bukele y la Asamblea Legislativa”, señala el residente del lugar. Cuestionó la forma en que este Gobierno reserva la información. “Aquí la gente no sabe nada ni tiene que decir nada porque corren el peligro de que la metan presa”, agregó.

Para él, lo que está pasando en Tecoluca es una política de despojo de tierras de los campesinos que se está aplicando a nivel nacional. Es un proyecto nocivo para el municipio de Tecoluca, dice y cree que habrá una afectación a las fuentes de agua que posiblemente van a bajar de caudal debido a los pozos que se están perforando. Además, se cuestiona si el manejo que le darán a las aguas negras que saldrán del penal, será el adecuado. “Estas aguas negras van a tirarse a las quebradas, posiblemente y van a contaminar los ríos”, dice.

“Si cerraran penales y abrieran universidades, les diéramos aplausos”

El ciudadano de Tecoluca cree que el Gobierno oculta la información sobre el penal porque la mayoría de personas de Tecoluca no están de acuerdo por ser un proyecto que no trae beneficios al municipio.

Tecoluca será un centro de reclusión a gran escala, reflexiona, pero a la vez recuerda cuando Bukele dijo que cerraría las cárceles. Hoy la realidad es muy distinta, opina.

Eva tiene 20 años de vivir en la zona, conoce a mucha gente que llega de Santiago y San Juan Nonualco y San Rafael Cedros a trabajar a Tecoluca por ser una tierra productiva. En la zona donde se construye el penal ya no hay parcelas para sembrar.

El año pasado ella y su familia todavía pudieron sembrar en El Perical, ahora solo se ve maquinaria y volquetas que entran y salen de la construcción donde albergarán a unos 20 mil prisioneros.

Tomasa ha vivido 24 años en Tecoluca. Recuerda que en el mes de mayo comenzaron a ver movimientos de maquinaria que entraban al cantón El Perical, pero las medidas de las calles las hicieron hace mucho tiempo. Ellos creían que les iba a arreglar la calle, no se imaginaban que sería la construcción de una cárcel.

Otros campesinos le han comentado que luego de que el Gobierno les quitara sus propiedades, ya no han podido encontrar tierras cercanas y baratas para poder alquilarlas. Otros habitantes de Tecoluca que tenían ahí sus propiedades, ante la noticia de perder la tierra donde cultivaban caña se han enfermado, comenta Tomasa. Hasta hace pocas semanas a algunos campesinos, aún no les habían pagado el valor de sus terrenos.

Las tierras de Tecoluca son tierras fértiles. Son buenas para cultivar maíz, frijol, caña y frutas. Los agricultores no comprenden por qué el Gobierno se interesó en tierras fértiles para producir alimentos, cuando en Tecoluca también hay terrenos desocupados o que sirven solo para potreros. Esas se pudieron haber utilizado para construir la cárcel, dicen los agricultores.

Un día llegaron empleados del Gobierno a pedir a los propietarios que firmaran un documento para autorizar el ingreso a sus propiedades y realizar análisis y evaluaciones. Les dijeron que las tierras las compraría el Gobierno para construir unas oficinas, pero ante el descontento de los agricultores finalmente les dijeron que se construirían cárceles de máxima seguridad.

No hubo oportunidad de que los agricultores hicieran propuestas de venta. La opción era tomar o dejar lo que les daban por sus terrenos.

Por lo menos unas 80 personas propietarias de tierras tuvieron que vender, cuando no lo tenían previsto.

“Me quitaron el sustento diario y el de mi familia” se lamenta Jorge, nombre ficticio de uno de los propietarios de tierras afectados por la construcción del penal en el cantón El Perical en Tecoluca, San Vicente.

Jorge había comprado esas parcelas desde hacía 10 años y las ocupaba para cultivar caña, maíz y frijol. Jorge es una de las fuentes que confirmaron que los terrenos eran originalmente propiedad de los veteranos de la Fuerza Armada. Él mismo le compró a un excombatiente.

Gobierno pagó la manzana de terreno a 5 mil dólares menos de su valor

A Jorge, el Gobierno le compró las tierras, pero a un bajo costo que no le ha permitido adquirir otras propiedades. Le pagaron 10 mil dólares por cada manzana de terreno, pero esas tierras se cotizan hasta en 15 mil dólares cada manzana. La vara de terreno se la pagaron a un dólar con un centavo.

“Me han dejado atado, no puedo seguir trabajando para conseguir mi comida”, reitera el agricultor. Por ahora solo le queda gastar lo que le dieron para poder sobrevivir. “De esto estamos comiendo y ¿de dónde más podemos agarrar? Cuando terminemos ese dinero no vamos a poder comprar nada”, expresó el agricultor.

El presidente Bukele en un tuit del 21 de junio dijo que decidieron hacer el penal “alejado de las ciudades, rodeado de cientos de manzanas de tierras propiedad del Estado”. Pero el presidente no dijo a quienes les compraron las tierras.

Tecoluca fue uno de los municipios más afectados del conflicto armado que provocó la salida forzada de los pobladores. Luego del conflicto las tierras fueron repartidas a excombatientes de la Fuerza Armada y del FMLN. YSUCA conversó con algunos campesinos de la zona, quienes aseguran que las tierras que compró el Gobierno eran propiedades de los excombatientes de la Fuerza Armada. Los terrenos de los excombatientes del FMLN no han sido comprados.

No todos los terrenos tenían a sus dueños originales, algunos excombatientes vendieron hace mucho tiempo, pero otros terrenos aún pertenecían a los excombatientes. Uno de esos casos es el de Rafael, veterano de la Fuerza Armada, quien por temor no quiso hablar sobre su caso.

La mayoría de los propietarios de los terrenos los alquilaban a otros agricultores que no tienen acceso a adquirir un terreno y deben alquilar parcelas para sembrar. En estos casos los afectados, más que los propietarios, han sido los campesinos que no encuentran tierra para sus cultivos y han optado por buscar en zonas más lejanas de donde hoy se construye el penal. Eso les implica gastos adicionales, pero también más tiempo para desplazarse.

Mario es uno de los afectados. El agricultor alquilaba las parcelas para sembrar maíz y frijol en las tierras donde hoy se construye el penal. No supo cuando el dueño del terreno le vendió al Gobierno, ni siquiera le informó que ya no serían alquiladas. Solo desapareció, dice Mario. Se enteró que ya no podría cultivar en ese lugar porque otro jornalero le contó que las tierras habían sido vendidas.

Desde que se comenzó a construir el penal, tuvo que buscar otras tierras. Ahora se tarda dos horas más para llegar a sus cultivos.

Al respecto Luis Treminio, de la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios, CAMPO, confirma que los precios de los insumos agrícolas se han disparado hasta un 115%.

Debido a todo esto se ha insistido en la necesidad de crear una reserva estratégica de alimentos, ya que El Salvador es el único país de Centroamérica que no cuenta con una reserva. Sin embargo, este Gobierno ha ignorado esta necesidad, enfatiza Luis Treminio.

Por otro lado, urge en el país una Política Nacional Agropecuaria, señalan los agricultores.

En El Salvador el tema de la agricultura se ha visto afectado por los altos precios de los insumos para poder producir. Además, los paquetes agrícolas no han sido repartidos en el tiempo especificado, es por ello que muchos productores han decidido sembrar pero guardan la cosecha para su grupo familiar, señala el economista Luis Membreño.

Es así que para agosto y noviembre, meses en los que sale la cosecha de maíz y frijol, respectivamente, el mercado nacional experimentará ausencias de estos granos que son básicos en la alimentación salvadoreña, enfatiza Membreño.

En agosto el país podría comenzar a padecer hambruna por falta de acceso a los alimentos. Así lo advierten economistas y productores agrícolas.

Según el economista Luis Membreño, en el mes de agosto se prevé una hambruna que podría afectar diversos países, incluyendo El Salvador, esto debido a que varias naciones productoras de granos están prohibiendo la exportación.

Membreño señala que si bien la elevada inflación afecta los precios de los alimentos, en agosto próximo la escasez de alimentos, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, será lo que sí afectará grandemente a la mayoría de la población.