Delegado de CEPA: el aeropuerto mejorará nivel de escolaridad

El representante del Gobierno dijo que los habitantes de esa zona tienen una baja escolaridad, pero la construcción del Aeropuerto del Pacífico también cambiará esa realidad. Para el año 2009, sólo el 20.3% de los habitantes de La Unión tenían escolaridad media.  

El Gobierno promete mejorar la infraestructura de las escuelas, construir otras e invertir en capacitaciones técnicas. Se mencionó el Modelo Educativo Gradual de Aprendizaje Técnico y Tecnológico (MEGATEC), como ejemplo de la formación técnica.

Otra de las preocupaciones de los lugareños es el agua. La zona de Condadillo tiene ríos, pozas y manantiales. Actualmente no pagan por el uso de agua porque es abundante, dijo uno de los habitantes, pero sabe que la construcción del aeropuerto acabará con el agua. Los más perjudicados serán el medio ambiente y las comunidades. Los habitantes recomiendan que el gobierno no cobre el agua en la nueva zona donde serán trasladados. Sobre esa propuesta los representantes de CEPA y el ministerio de Vivienda no hicieron comentarios.

Los campesinos piden respuestas firmes que les dé seguridad

El ganado es otro tema, dijo el campesino, “tendría que haber una palabra directa para poder irse del lugar”, dijo. Pero el delegado del Gobierno insistió en que será hasta julio que les tendrán noticias.

Para el mes de mayo los agricultores de esa zona ya tienen entre 15 y 20 manzanas de sandías cultivadas. Este año no lo hicieron por la

presión de la construcción del aeropuerto. Los campesinos temen que esta situación les afecte la alimentación del próximo año.

¿De qué clase de oportunidades habló el delegado del Gobierno? Para el representante gubernamental el aeropuerto abrirá las puertas para que los residentes del lugar tengan opciones de negocios. “Imagínense cuánto tiempo se va a estar trabajando en la obra, cuántas opciones de negocios van a ver o podemos comenzar a pensar. Imagínense si tenemos 5 mil personas trabajando en el lugar, todos comen todos los días, y lo primero que busca un obrero son tortillas, comida, bebida, dónde quedarse”, dijo. Pero no les explicó que para crear un negocio también se necesitan recursos humanos, técnicos, y financieros. Las oportunidades las planteó también a largo plazo. “Su hijo puede estudiar para luego ofertar su fuerza laboral en el aeropuerto”.

Las promesas gubernamentales no convencen del todo a los campesinos y les preocupa la manera en que resolverán sus problemas de ingresos mientras el Gobierno no les dé una respuesta firme.

Algunos agricultores no han podido sembrar porque temen perder lo invertido si les notifican que deben abandonar la zona. Uno de los campesinos preguntó si era posible sembrar en la postrera, ya que no había sembrado en la primera en el mes de mayo por la misma incertidumbre del desalojo a causa del proyecto. “Qué hago con sembrar ahorita, si me están sacando el otro mes” , dijo. Sin embargo, la respuesta de los delegados del Gobierno dejó más dudas.

Prometen viviendas nuevas y en un lugar seguro

Para 2009 el 43.7% de los habitantes de La Unión tenían un déficit habitacional, según el informe Estado de Desarrollo Humano en los Municipios de El Salvador, Almanaque 262. El acceso a viviendas es prioridad en ese departamento. Ese fue uno de los temas de la reunión que fue abordado por un delegado del Ministerio de Vivienda.

Al delegado de ese ministerio no le gusta la palabra desalojo. Dijo que el ministerio lo que hace son procesos de movilización para el reasentamiento de familias, en donde se prioriza la calidad de las viviendas. A los habitantes de la zona les prometió viviendas en un lugar seguro, nuevas y con todos los servicios disponibles. “Si a una familia que está en una situación de urgencia o que perdió su casita, le damos todo el apoyo gubernamental para que tengan una casa buena, con propiedad legal, qué más podremos realizar por las familias que están en un proyecto que a nosotros también nos interesa desarrollar ”, dijo el representante del Ministerio de Vivienda.

Recalcó que el proyecto del Aeropuerto del Pacífico es un proyecto que le interesa al Gobierno, pero también les interesa que las familias se desarrollen. Por ello insiste en que dicho proyecto les traerá oportunidades

Los resultados de los avalúos se esperan tener dentro de dos meses, a mediados o finales del mes de julio. Para esa fecha se tendría un plan de reasentamiento y de los avalúos, dijo. Insistió en que no todos aplicarán para el plan de reasentamiento. Quienes serán desalojados son quienes viven justo en la zona a construir, añadió.

El ingeniero Barahona de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, fue el primero en intervenir. Aseguró que en el marco del proyecto se han hecho varios estudios, uno de mercado, otros técnicos y se ha determinado la forma y la longitud de la pista. Además se han hecho estudios legales, registros catastrales y un estudio social. Dichos estudios han permitido caracterizar a la población que será movida del lugar. Tienen datos sobre el tipo de transporte que usan los habitantes de la zona, fuentes de ingresos económicos, si reciben remesas, o tienen agua potable, entre otros datos personales. Además, se ha hecho un levantamiento topográfico para medir los terrenos y un inventario de árboles. En los estudios catastrales se tienen los nombres de los propietarios de los terrenos y su condición legal.

El representante de CEPA dijo que se está elaborando un plan de reasentamiento. Aquí se planteó una de las promesas: condiciones y pagos justos de sus propiedades. Les aseguró que les daría una opción de ser asentados en diferentes modalidades, pero en ese momento no hubo detalles. Se les comunicará luego, les dijo.

Harán dos avalúos: uno de los terrenos y otro de las construcciones que los propietarios hayan hecho en dichos terrenos. El costo total de la propiedad dependerá del costo del terreno, más lo invertido en la construcción. “No van a ser precios que están fuera del mercado, sino precios actuales, o sea justos. No se les va a pagar lo que el Gobierno quiera, eso no es así”, dijo el empleado del Ejecutivo.

Para Miguel Urbina es necesario dejar de lado el enfoque emergencista y buscar el preventivo, ya que no se debe estar esperando que suceda la emergencia para responder, si no todo lo contrario, es necesario gestionar el riesgo.

Por eso es urgente repensar la forma de gestionar el riesgo desde el Estado, que debe garantizar la seguridad y protección de la población.

El Salvador nunca ha tenido una política para reducir y prevenir la vulnerabilidad y desde 2019 a la fecha el tema medio ambiental ha quedado relegado. Así lo han venido señalando organizaciones que velan por el medio ambiente.

Miguel Urbina, técnico territorial de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, dijo en La Entrevista de Radio YSUCA que es urgente que las comunidades sean tomadas en cuenta para crear cualquier tipo de política, ley, norma o reglamento medio ambiental.

Urbina enfatizó que los pobladores viven en medio de la pobreza, la exclusión o la violencia. Hay muchos que enfrentan discapacidades y también han resultado afectados o desplazados a causa de las crisis ambientales y sufren el impacto de la naturaleza.

Juan Carlos Sánchez, oficial de programas de la Fundación para el Debido Proceso, instó a la Presidencia de la República a implementar un proceso de consulta con las víctimas del conflicto armado para una verdadera Ley de Reconciliación Nacional. 

Sánchez exhortó al Ejecutivo para que, aprovechando la correlación de fuerzas a su favor en la Asamblea Legislativa, apruebe una ley con verdad, justicia y reparación, que durante años los colectivos de víctimas del conflicto armado han pedido a  los diferentes gobiernos.