En las audiencias de las personas detenidas durante el régimen de excepción no se leen ni se discuten los alegatos de la gente. Los jueces tienen miedo que los echen o son corruptos. El derecho a la defensa está pisoteado, según el sacerdote jesuita José María Tojeira.

Monsanto desde el año 2018 viene enfrentando procesos judiciales y condenas por daños provocados, como el cáncer.

Según Barrera, Monsanto ha sustentado sus ganancias con prácticas fraudulentas y publicidad engañosa que comprometen la salud de las personas que tienen contacto con sus productos.

Judith Barrera de Reverdes señala que hay estudios que indican que en el país los agrotóxicos están provocando daños a la salud.

En el Día Mundial Contra Monsanto, comunidades campesinas y organizaciones ambientalistas expresaron su preocupación por el incremento descontrolado del monocultivo de caña de azúcar. Además de su consecuente uso de agroquímicos tóxicos, con daños serios en la salud de la población.

Judith Barrera, del Movimiento Político Rebelión Verde de El Salvador, Reverdes, afirma que el uso de agroquímicos producidos por Monsanto intensifican daños en la salud de grandes poblaciones, generando enfermedades crónicas como la insuficiencia renal. Pero advierten que también existe un daño colateral a los ecosistemas.

Héctor García, integrante de la Mesa por la Justicia Laboral, aseveró que el Gobierno debe hacerse responsable, pues el país se encuentra en una situación económica grave y las medidas de excepción han ocasionado daños a la economía de muchas familias salvadoreñas.

La Mesa Permanente por la Justicia Laboral condenó las detenciones arbitrarias registradas en el marco del Régimen de Excepción. 

De acuerdo con la organización, el Gobierno salvadoreño debe resarcir los daños causados a las personas y familias detenidas arbitrariamente y responderles a las familias que perdieron a un ser querido a causa del Régimen de Excepción o que perdieron su empleo.

Escuche a Patricia Vásquez, integrante de la Mesa por la Justicia Laboral:

YSUCA entrevistó a diversas personas en los alrededores del Hospital Nacional Rosales y a la salida de algunas farmacias en el Centro de San Salvador, para conocer si perciben alzas en los costos de los medicamentos. 

Algunas de las entrevistadas son personas que, por sufrir enfermedades consideradas crónicas, les obligan a comprar constantemente medicinas o porque no hay en existencia en los hospitales públicos que consultan e incluso porque asistieron a una clínica privada.

Según los afectados, representantes del Ministerio de Vivienda les dieron 3 opciones: reubicarse en apartamentos en la zona de El Espino; buscar un terreno o casa, y que serían apoyados para adquirirla o buscar una casa desocupada.

Delegados del Ministerio de Vivienda se han comunicado con varios residentes de la comunidad, tanto los que viven en la zona de alto riesgo, como las que no estarían en peligro, pero forman parte del mismo terreno. Les han consultado qué alternativa van a tomar.  Los habitantes se sienten amenazados pues el Gobierno quiere desalojarlos a todos, dijo Hernández.

La comunidad tiene más de 60 años y residen en ella alrededor de 300 personas. Según Teresa Hernández, abogada de la Dirección de Cultura de Derechos Humanos  de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, Fespad, las familias piden una mesa de diálogo con la titular del Ministerio de Vivienda, pues dicen que si está construído el Hospital Veterinario "Chivo Pets" en ese lugar, el terreno no está en malas condiciones.

La comunidad El Tanque está formada por 70 familias, de estas, 15 están en alto riesgo debido a que sus casas están situadas a la orilla de la quebrada El Piro. Las personas que están en la zona de alto riesgo piden que se realicen obras de mitigación, pues el Gobierno quiere que desalojen y las alternativas que ofrecen son en zonas a las que tienen temor por la violencia.

Hernández señaló que lo que necesitan los habitantes es que se reconstruyan sus casas en otra área del terreno, fuera del perímetro de la quebrada.

Habitantes de la comunidad El Tanque, en Antiguo Cuscatlán, La Libertad,  denunciaron que el Ministerio de Vivienda amenaza con desalojarlos de los terrenos donde se encuentra asentada la comunidad.

El pasado 9 de febrero, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, convocó, de forma repentina, a una reunión para informarle a la comunidad que estaban en una “zona de alto riesgo”, por ello debían desalojar el lugar. Sin embargo, en ese mismo terreno está ubicado el Hospital Veterinario “Chivo Pets”,  que fue inaugurado el pasado 22 de febrero por el Gobierno salvadoreño.

Fidelia Hernández, integrante de la junta directiva de la comunidad, señaló que el Ministerio de Vivienda les prometió que la construcción de “Chivo Pets” les traería beneficios, no obstante, hoy los quieren desalojar.

Acción Ciudadana y Funde advierten que desplazar la LACAP anula los controles democráticos, afecta la competencia y el libre mercado, abre las puertas al impacto ambiental y además hay espacio para que pueda darse un uso ineficiente de los recursos públicos.

Wilson Sandoval de Funde dice que la Asamblea Legislativa aprobó - en noviembre de 2021- la Dirección de Obras Municipales, DOM, que asumió las funciones que tenía el Fondo de Inversión Social.

Sandoval dice que en la actualidad hacen falta criterios de transparencia en los proyectos municipales.