Se tiene previsto que este año se coloque la primera piedra de la construcción del Aeropuerto del Pacífico, una promesa de campaña del presidente Nayib Bukele.

El objetivo del aeropuerto es dotar de una conexión aeroportuaria a la zona Oriental de El Salvador y convertirse en un polo de desarrollo económico. Además de incentivar la demanda de pasajeros, desarrollar el turismo internacional y activar el Puerto de La Unión.

Pero el ambicioso proyecto que se construirá en el Cantón Loma Larga del municipio y departamento de La Unión, podría afectar a por lo menos unas 70 familias, de unos 4 caseríos, que deberán dejarlo todo y comenzar de nuevo. Condadillo, Flor de Mangle, Llano Los Patos y El Embarcadero, están en la zona que el Gobierno ha elegido para construir su proyecto insignia.

“A causa de la construcción del aeropuerto nos hemos detenido hasta de trabajar”

José Santos Vasquez es del caserío Condadillo, tiene 60 años y toda su vida ha vivido ahí. Es una zona ganadera y agrícola y a eso se dedica José Santos. Cultiva para alimentar a su familia y el resto de productos los vende para obtener algunos ingresos.

El anuncio de la construcción del aeropuerto lo frenó este año y decidió no cultivar sandía, que por esta época ya debería estar sembrada.

La zona es rica en agua, lo que facilita el riego para los cultivos. Ese no es un problema para los agricultores. Sin embargo, el proyecto del aeropuerto los ha hecho abstenerse de sembrar porque temen salir de repente de sus casas y perder la inversión.

Mientras el Gobierno les ofrece alternativas, José Santos vive de los ingresos de la cosecha del año pasado porque ya no pudo sembrar este año. Además, tuvo que detenerse de entregar unas tierras que daría en herencia a sus 9 hijos porque no sabe a qué precio se las comprarán. Asegura que ya están viviendo las consecuencias del proyecto gubernamental.

Alza su mirada hacia un árbol de mangos, uno de muchos que tiene en su parcela. Se muestra triste porque dejará su casa y sus terrenos. No es para menos, José Erme Martínez tiene 64 años y 20 de vivir en el cantón Flor de Mangle, en La Unión. La construcción del Aeropuerto del Pacífico lo obligará a desplazarse, aunque no quiera.  

Tiene dos parcelas, la suya y la de su esposa. Juntos han logrado construir su casa y cultivar la tierra, de eso viven, dice José. Siembra sandías, mangos y otras frutas para venderlas en el centro de La Unión. Pero ahora la incertidumbre de no saber hacia dónde los trasladarán a raíz de la construcción del aeropuerto, lo tiene preocupado. 

Es presidente de la cooperativa del cantón y cuenta cómo les costó pagar su propiedad. Es por eso que la noticia del desalojo, y la falta de una propuesta clara de parte del Gobierno sobre el pago de sus tierras, le incomoda. 

“Sería empezar de cero”, dice José, si es que el Gobierno cumple la promesa de comprarles otras tierras para sus cultivos. Flor de Mangle, el cantón donde vive, es uno de los afectados por la construcción del Aeropuerto del Pacífico. Condadillo, Llano Los Patos y El Embarcadero, son otros caseríos donde se prevé que los habitantes  sean desalojados. 

Lo que más siente es perder sus árboles frutales. El temor aumentó cuando empleados del Gobierno pasaron midiendo su terreno y enumerando  los árboles que hay en su propiedad. 

Aunque les han hecho promesas de comprarles las tierras y construirles nuevas viviendas, José no está seguro de que el precio por unos terrenos que le costó pagar, llegue a ser justo. Pese a su evidente tristeza por dejar su hogar, dice que no se opone a marcharse, si es que  el Gobierno le reconoce su esfuerzo y su trabajo de tantos años.

El economista cree que la situación solo se encamina a un empeoramiento y deja al descubierto los desaciertos en la propuesta económica del gobierno de Nayib Bukele con el tema del bitcóin y otros asuntos trascendentales del país.

El Salvador es el único país en el mundo que tiene el bitcóin como moneda de curso legal y para la cual el gobierno salvadoreño ha decidido crear una matriz económica basada en este criptoactivo, incluso tiene en plan crear una ciudad bitcóin y afianzar así su deuda externa con bonos bitcóin, los que ha pospuesto ofertar en el mercado, sin explicar las razones. Inicialmente lo haría en marzo pasado. Magaña dice que queda claro que la apuesta de El Salvador con el bitcóin “es una apuesta fallida”, tal y como lo vaticinaron otros expertos en septiembre de 2021, cuando entró en vigor.

Ninguna de las motivaciones por las que el gobierno justificó la imposición del bitcóin, se ha cumplido. Entre estas estaba lograr independencia financiera, afirma José Luis Magaña.

Todo esto traerá serias implicaciones para El Salvador, ya que más de $100 millones de dólares se han invertido en bitcóin, con lo que se estaría registrando una pérdida de $38 millones de dólares para el país, dice Magaña.

El mercado de las criptodivisas está desplomándose.

El anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos de un incremento de las tasas de interés un 0,5%, ha provocado caídas generalizadas. no solo en la bolsa, sino también en criptodivisas que están viendo caídas de entre el 80% y 90% respecto a los valores máximos que cosecharon hace tan solo unos meses atrás, señala el economista de Panorama Económico, José Luis Magaña. 

Según el economista, las caídas se han precipitado y la culpa la tienen las criptomonedas UST y LUNA del ecosistema Terra.

Los integrantes de COFAPPES enfatizaron que no están defendiendo a criminales sino a personas inocentes capturadas en el marco del estado de excepción, como Giovanni Antonio Aguirre, quien trabaja para la Alcaldía de San Salvador y pertenece al Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular.

La madre del joven, Patricia Elena Aguirre y su tía, Lidia Méndez, se unieron a la petición del Comité ante la Procuraduría y demandan la liberación de Giovanni, pues es un “muchacho trabajador” que no pertenece a grupos pandilleriles.

Esta es la séptima solicitud que COFAPPES ha hecho a la PDDH para que verifique el estado de salud de los presos políticos, por lo que hace el llamado al procurador Apolonio Tobar a actuar de oficio y que cumpla su labor constitucional de velar por los derechos humanos de todos los salvadoreños.

La Procuraduría ha sido muy pasiva ante las diversas violaciones registradas contra los presos políticos y las personas inocentes capturadas durante el Régimen de Excepción, en la supuesta lucha contra las pandillas, dijo Cruz.

El Comité de Familiares de Presos y Presas Políticos de El Salvador, COFAPPES, presentó ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, una nueva solicitud para que verifique las condiciones de salud de los presos políticos que llevan varios meses o han cumplido un año encarcelados, explicó Ivania Cruz, representante del Comité.

Félix López, simpatizante del FMLN, espera una sentencia a favor de las víctimas y que los jueces emitan una resolución acorde a derecho.