Los representantes de las organizaciones sociales y sindicales dijeron que la marcha del 1 de mayo es un pronunciamiento que no tiene nada que ver con la ilegalidad.

Sonia Mestanza, representante la Coordinadora Intergremial “Rafael Aguiñada Carranza” (CIRAC), dice que las autoridades no deben vincularles con el irrespeto a la ley en el derecho que tienen a manifestarse.

Las organizaciones de la sociedad civil y sindicatos, sin dar rutas de inicio ni de llegada, anunciaron que marcharán el próximo 1 de mayo, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores

Frente a la Universidad de El Salvador manifestaron que el tema central será la crisis económica de las familias y la falta de políticas gubernamentales para enfrentarla.

A juicio del secretario general de la Federación Unitaria Sindical de El Salvador, Miguel Escobar, hay más publicidad gubernamental que soluciones reales ante la crisis económica de la mayoría de la población.

El Sistema Nacional de Protección Civil brindó los resultados del Plan Verano 2022 que inició a las 8 de la mañana del 9 de abril y llegó hasta las 6 de la mañana de este lunes 18 del presente mes. Reportó la atención de 1,060 emergencias a nivel nacional.

Las unidades de guardavidas realizaron 262 rescates acuáticos. De estos 123 rescates simples y 143 rescates profundos. Los menores de edad de estos rescates simples fueron 42, mujeres 25 y hombres 56.

En los rescates profundos, los menores de edad son 42, mujeres 16 y hombres 85. Fallecieron 7 personas por asfixia e inmersión.

Durante la vacación de Semana Santa atendieron 106 incendios, 68 incendios de maleza, 7 incendios forestales, 16 incendios estructurales, 3 incendios en basureros, 3 incendios de vehículos, 1 incendio en cohetería y 8 conatos de incendios.

Los accidentes de tránsito fueron 372, en estos resultaron 40 personas fallecidas y 269 lesionadas. Además, reportaron 81 conductores peligrosos detenidos.

El viceministro de Transporte, Saúl Castelar, explicó las causas principales de los accidentes de tránsito.

Realizaron cerca de 1,500 pruebas antidoping. De estas, 81 personas fueron tipificadas como conductores peligrosos.

Según el viceministro de transporte, en los puntos antidoping hubo algunos conductores de vehículos que registraban 487 miligramos de alcohol en la sangre, es decir unas 20 cervezas ingeridas.

La embriaguez es la octava causa de accidentes en el país y la incidencia es alta, según el funcionario.

El proceso de incinerar la basura genera un sin número de daños, dice Ricardo Navarro, no solo ambientales, sino que también humanos y para las finanzas de las comunas ya que se exigen inversiones muy elevadas.

Incinerar basura genera emisiones altamente tóxicas al aire, las cuales pueden provocar problemas respiratorios, afecciones en los sistemas endocrino, nervioso y reproductivo, además de diversos tipos de cáncer, entre otros padecimientos.

Asimismo, la incineración puede liberar nanopartículas que se alojan en los tejidos del cuerpo, entran al torrente sanguíneo y a los pulmones.

Por todo esto, dice el presidente del CESTA, las alcaldías deben desechar este tipo de proyectos altamente contaminantes.

El Salvador no tiene un adecuado manejo de los desechos sólidos. Muchas municipalidades ocupan para depositar la basura, el relleno sanitario de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos, MIDES, ubicado en Nejapa, sin embargo este lugar se está quedando sin espacio.

MIDES procesa 2 mil toneladas de basura que es llevada a diario a sus rellenos sanitarios, provenientes de  102 alcaldías, 78 hospitales, 108 unidades de salud, 30 centros médicos, 354 laboratorios, 332 clínicas y 687 empresas privadas, entre otros.

Sin embargo, poco a poco se agota el espacio y  a raíz de esto MIDES propone a sus clientes incinerar la basura, dice el presidente del Centro de Tecnología Apropiada CESTA, Ricardo Navarro.

Navarro explica que la empresa llama a este proceso gasificación, ya que se piensa generar energía a base del tratamiento de los desechos sólidos, pero lo que se hace es incinerar la basura y es muy grave.

El artículo 2 de la Constitución de El Salvador establece que “se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.

En esa línea va el artículo 6, que estipula que “Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución; pero los que haciendo uso de él, infrinjan las leyes, responderán por el delito que cometan”.

Sin embargo la situación dentro del país es grave, ya que actualmente el daño al honor bajo el Régimen de Excepción no será resarcido, pese a que existe una ley que así lo establece, señala el abogado Enrique Anaya.

La ley señala que el proceso debe iniciarse demandando al responsable del daño al honor, además, hay muchas pruebas que incriminan al Estado de vulnerar a muchas personas inocentes.

El llamado Régimen de Excepción, el cual está vigente en el país desde el pasado 27 de marzo, está dejando un sin número de personas capturadas. A la fecha se habla de más de 12 mil personas.

Pocos de las capturados han sido liberados, ya que no pudieron evidenciarles ningún delito. A criterio de el abogado constitucionalista Enrique Anaya hubo un daño a su honor, ya que fueron expuestos en medios de comunicación. Ante esta situación, dice el abogado que el gobierno debe indemnizar a estas víctimas, ya que ante la sociedad su imagen ha quedado dañada.

El padre de Ramón asegura que su hijo no pertenece a ningún grupo de pandillas y señala que la captura es “injusta” por lo que pide a las autoridades de seguridad pública liberarlo. 

Además denunciaron el abuso de autoridad pues los agentes actuaron mal con ellos.

El padre narró que la última vez que vio a su hijo fue el miércoles en las bartolinas de Panchimalco. A pesar de las pruebas del error de su captura fue enviado al penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, en Mejicanos.

El padre de Ramón asegura que su hijo no pertenece a ningún grupo de pandillas y señala que la captura es “injusta” por lo que pide a las autoridades de seguridad pública liberarlo. 

Ramón Aparicio Ortiz tiene un hijo de cuatro años y vive con su compañera de vida, tras su ausencia su economía ha empeorado asegura el padre.

Ramón Aparicio Ortiz, de 26 años, fue capturado el pasado miércoles por la mañana por autoridades policiales y militares cuando se encontraba en la casa de su hermana en la Colonia Monteliz, en el municipio de Panchimalco, San Salvador.

El joven trabaja como bodeguero en una papelería en Antiguo Cuscatlán, la Libertad. El padre del joven explicó que su hijo vive en el Caserío El Bajillo y decidió el martes irse a la casa de su hermana en Monteliz por estar más cerca para ir a trabajar el día siguiente. Además, el transporte hacia su hogar ya no circulaba en la zona y estaba escaso, relata la familia.

El padre dijo que su hijo fue sacado de la casa de su hermana y a pesar de contar con una carta de trabajo y de estar adscrito al Seguro Social como trabajador, la policía lo detuvo y se lo llevaron preso.