El sacerdote jesuita exhortó a la sociedad salvadoreña a no ser un pueblo adormecido y dejar de lado las indiferencias y egoísmo que muchas veces no nos dejan ver la realidad de los demás.

Hernández dijo que a 42 años de su martirio su palabra sigue viva pues las raíces que generan las injusticias siguen ahí con un sistema que se mantiene por el poder del dinero.

El sacerdote jesuita manifestó que el actual sistema que impulsa el Gobierno es consolidar el poder y por ello hace uso de la militarización como una estrategia que Romero seguiría cuestionando.

Monseñor San Óscar Arnulfo Romero fue una persona que escuchó a todos los sectores, un hombre que fue la voz de las personas y las comunidades recuerda el sacerdote jesuita Miguel Ángel Hernández, quien conoció a Romero como acólito.

Hernández recuerda como Romero después de las misas conversaba con la gente y escuchaba y dialogaba con las personas.

Balmore Pedroza, quien es parte del Colectivo “Salvemos Valle El Ángel” leyó en voz alta frente a la alcaldía el párrafo de la carta donde exigen que no se anule un decreto que protege los mantos acuíferos de Nejapa, que a juicio de las organizaciones son mantos acuíferos perseguidos por constructoras y el sector empresarial.

Miguel Ángel Calderón Barahona, llegó a la alcaldía en su silla de ruedas desde la Comunidad La Granja para decirle al alcalde que no le quite llave al candado que protege el agua.

En el marco del “Día Mundial del Agua” representantes de las comunidades de Nejapa dejaron una carta en manos del alcalde para pedirle que no quite el candado municipal que protege al medio ambiente.

¿Cuál es el riesgo? Que quite un decreto que protege los mantos acuíferos del municipio

El integrante del Colectivo “Salvemos Valle El Ángel”, Santiago Rodríguez con la carta en sus manos dijo a la prensa que se han unido diversas organizaciones para proteger el agua.

Rodríguez dice la alcaldía puede quitar el decreto y eso abre las puertas a las compañías constructoras.

El Grupo de Acción Financiera, GAFI, ha señalado que varios países deben actualizar sus leyes para afrontar adecuadamente el lavado de dinero. Por ello ha lanzado 40 recomendaciones para tal fin. 

En el caso de El Salvador las adecuaciones de la legislatura se han hecho a puerta cerrada y según dice Loyda Robles, directora de Fortalecimiento a la Institucionalidad del Estado, Transparencia y Anticorrupción de Fespad, hay instructivos que criminalizan a las organizaciones de derechos humanos.

Desde Fespad se hace un llamado urgente a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República, para que viabilice la realización de la evaluación de riesgos y la aplicación de un enfoque basado en riesgos, según ha establecido el GAFI, con la participación de las organizaciones durante el proceso, a fin de crear medidas legales, regulatorias y operativas, que sean habilitantes a la labor de defensa de derechos humanos.

El lavado de activos es un delito que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes que son productos de delitos. Aunque lo primero que se viene a la mente sea el narcotráfico, hay más acciones que entran en esta tipificación, advierte Robles. Por ejemplo está el financiamiento del terrorismo, tráfico de personas, introducción de inmigrantes indocumentados, tráfico de órganos, creación de empresas fantasmas y utilización de testaferros, entre otras. 

Para comenzar a superar las observaciones hechas por la GAFI, la Fiscalía General de la República ha creado un Instructivo para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, el cual será aplicable al sector de las Organizaciones Sin Fines de Lucro. 

Fespad dice que no se opone a ningún control de este tipo, sin embargo hay procedimientos estipulados en el Instructivo para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos que buscan criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil, dice Robles.

El Grupo de Acción Financiera, GAFI, ha señalado que varios países deben actualizar sus leyes para afrontar adecuadamente el lavado de dinero. Por ello ha lanzado 40 recomendaciones para tal fin. 

En el caso de El Salvador las adecuaciones de la legislatura se han hecho a puerta cerrada y según dice Loyda Robles, directora de Fortalecimiento a la Institucionalidad del Estado, Transparencia y Anticorrupción de Fespad, hay instructivos que criminalizan a las organizaciones de derechos humanos.