El doctor Milton Brizuela manifestó que la cuarta dosis de la vacuna contra la covid-19 debe aplicarse para personas de alto riesgo tal como lo hizo Israel, que ha sido ejemplo de vacunación para el mundo.

El expresidente del Colegio Medico, Milton Brizuela, señaló que el Gobierno sigue sin planificar adecuadamente la estrategia de vacunación contra la covid- 19 en El Salvador.

Brizuela manifestó que colocar una cuarta dosis sin antes haber vacunado a cerca de un millón de personas y otro buen número que aún no han completado las dosis de vacunación es ilógico.

De los 126 empleados que fueron cesados de sus plazas, solo 86 han interpuesto una demanda y enfrentan un proceso judicial.

Llevan 8 meses sin salario. Algunos con enfermedades crónicas ya no pueden hacer uso del Seguro Social. Otros enfrentan problemas para pagar los estudios de sus hijos.

Un promedio de 86 personas decidieron interponer demandas y seguir un proceso judicial, el resto desistieron.

Darwin Maldonado es abogado representante de ocho empleados. Un caso ha sido llevado a la Cámara de lo Laboral y otro caso está en el Juzgado Tercero de lo Laboral. En diciembre, el juzgado le notificó a la municipalidad la resolución, con ello quedaron ratificadas las medidas cautelares de reinstalo, dice el representante legal de los trabajadores despedidos. El juzgado le dio 48 horas a la alcaldía para cumplir la resolución y las medidas cautelares tuvieron que haberse cumplido en noviembre de 2021, pero a marzo de 2022 continúan sin acatarse.

Según el abogado, lo que hizo la municipalidad fue un despido disfrazado de supresión de plazas. Pero además, las autoridades de la alcaldía usaron mecanismos engañosos para justificar la supuesta supresión. Cambiaron la categoría de algunas plazas, el jefe de cementerios pasó a ser apoyo técnico, pero esa plaza no existe y no tiene un manual de funciones. Al no tener un marco jurídico que justificara la plaza que ellos mismos habían creado, la suspendieron y con ello despiden al empleado.

Otro de los casos es el despido del inspector sanitario, el único que tenía la alcaldía; sin embargo, la administración de tasas municipales seguía cobrando la inspección, cuando ya no había inspector.

Síndico confirmó que hubo un aumento en dietas para los concejales y en el salario de la alcaldesa y el suyo. El aumento en su salario lo justifica al decir que no estaba de acuerdo en esa medida y no votó a favor porque no llegó a esa sesión. Pero sí se beneficia de ese acuerdo

Frente al Centro Judicial “Isidro Menénez” se concentraron algunos motoristas que apoyaban al empresario mientras duró la audiencia.

Catalino Miranda fue arrestado el sábado 12 de marzo del presente año junto a los motoristas de transporte público Jermel Ernilzon Castro, Rommel Iván Aquino Barrera y José Hernández Castillo. Estos últimos procesados por el delito de venta superior por cobrar a $0.35 el pasaje, una tarifa no autorizada. La defensa dijo que la policía les decomisó $186,000 de la empresa, sin fundamento legal.

Otro de los cuestionamientos es que en la cuenta de Twitter de la Corporación Policial se dijo que el arresto fue por incrementar el pasaje y por obstaculizar la vía pública. Sin embargo, la cuenta de la Fiscalía General de la República dijo al día siguiente que el transportista fue arrestado por resistencia.

El abogado defensor, Rolando Aparicio, dijo que apelará la decisión del juzgado. Además, Aparicio manifestó que ha visto deficiencias en el proceso contra Catalino Miranda.

Hoy se realizó la audiencia en contra del empresario de las rutas 42 y 152, Catalino Miranda, en el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador por los delitos de resistencia y desórdenes públicos.

La audiencia fue a puerta cerrada y al finalizar uno de los fiscales del caso dijo a la prensa que la jueza dio el fallo, decretando detención provisional y que el caso pasará a la etapa de instrucción.

Delegados del Gobierno y de la Dirección de Obras Municipales, DOM, se reunieron con las comunidades de El Mozote supuestamente para cumplir con la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de reunirse con las víctimas y sus representantes.

Sin embargo la reunión solo fue para que delegados del Gobierno expusieran el proyecto de remodelación y atacaran a los integrantes de las organizaciones que no están de acuerdo con las remodelaciones de áreas memoriales y el parque central, explicó José Cruz Vigil, de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, APDHEM.

En la presentación participaron Álvaro O'Byrne, director de la Dirección de Obras Municipales, DOM, y la ministra de Desarrollo Local, María Ofelia Navarrete.

Vigil dijo que el Gobierno intenta hacer negocio con los lugares sagrados de las víctimas de El Mozote, en donde más de mil personas fueron asesinadas en manos del Batallón Atlácatl.

Delegados del Gobierno y de la Dirección de Obras Municipales, DOM, se reunieron con las comunidades de El Mozote supuestamente para cumplir con la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de reunirse con las víctimas y sus representantes.

Sin embargo la reunión solo fue para que delegados del Gobierno expusieran el proyecto de remodelación y atacaran a los integrantes de las organizaciones que no están de acuerdo con las remodelaciones de áreas memoriales y el parque central, explicó José Cruz Vigil, de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, APDHEM.

También, Warner Bonilla perdió a su hermano médico al inicio de la pandemia y señala que el Gobierno ha venido dilatando la ayuda, cuando hubo responsabilidad por no atender el llamado del personal de salud ante la falta de insumos de protección.