El 14 de marzo es el Día Nacional del Río Lempa, pero hace falta fortalecer la cuenca y la calidad de agua de este para beneficiar a la población que depende del mismo, según manifiesta Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), organización que es parte de la Red Trinacional por el Rescate del Río Lempa.

A pesar de tener un día nacional, se ha avanzado muy poco en el rescate. Hay ausencia de sensibilización a la población sobre la importancia del río, pero sobre todo hay una fuerte debilidad en la implementación de políticas públicas para proteger el Lempa, dice González.

En el país está la Ley de riego y Avenamiento y la Ley Forestal que pueden dar protección al río Lempa, pero no se han aplicado adecuadamente para proteger la cuenca. Además, una de las principales amenazas es el desarrollo de un proyecto minero en Guatemala, en Asunción Mita, llamado “Cerro Blanco”, que podría impactar toda la cuenca del río Lempa.

Luis González de la UNES manifiesta que hace falta su recuperación y protección.

La UCA presentó la querella en el año 2000, y según el rector sigue siendo válida. El abogado del Idhuca, Arnau Baulenas explicó que en el presente caso la querella es la víctima, en este caso es el hermano de Ignacio Ellacuría. Aunque el caso reinicie, la víctima sigue siendo la misma, por ello no hay razón para presentar otra querella.

Sin embargo, el rector dijo que se mantendrán pendientes del proceso judicial y en el momento oportuno decidirán si participan como querella.

El rector de la UCA, Andreu Oliva, dijo que la Universidad se mantiene expectante del desarrollo del proceso judicial contra los acusados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, Elba y Celina Ramos.

El proceso se da en el marco de un desmantelamiento del Estado de Derecho y constante acoso hacia la casa de estudios. En ese contexto, y ante las irregularidades que se han observado, hay temor de que el proceso no sea objetivo y carezca de la independencia judicial necesaria para garantizar verdad y justicia.

Ante esto la UCA exige que el caso no se instrumentalice. 

Por otra parte, el rector percibe que existe un interés en apartar a la UCA del proceso judicial y a la vez sembrar dudas en la población sobre sí la UCA es una de las víctimas de la masacre ocurrida en 1989.

La Fiscalía General de la República  tampoco ha mostrado interés en conocer el punto de vista de las víctimas, esto ocurrió desde que el fiscal impuesto Rodolfo Delgado presentó la demanda de amparo.

El rector de la UCA, Andreu Oliva, dijo que la Universidad se mantiene expectante del desarrollo del proceso judicial contra los acusados en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, Elba y Celina Ramos.

El proceso se da en el marco de un desmantelamiento del Estado de Derecho y constante acoso hacia la casa de estudios. En ese contexto, y ante las irregularidades que se han observado, hay temor de que el proceso no sea objetivo y carezca de la independencia judicial necesaria para garantizar verdad y justicia.

Ante esto la UCA exige que el caso no se instrumentalice.

Durante un amplio operativo la Policía Nacional Civil procedió, además de capturar al empresario Catalino Miranda, a retirar placas y decomisar las unidades de microbuses de las rutas 42 y 152, propiedad del empresario.

La detención y la usurpación de los vehículos de Miranda es ilegal, según varios abogados que se han pronunciado en torno a este tema.

Para el abogado constitucionalista Enrique Anaya esto es ilegal, ya que aumentar la tarifa de buses no representa ningún delito, aunque hacerlo de manera arbitraria afecta a la población. Por otro lado, el abogado señala que el Estado no es dueño de los autobuses por lo tanto no puede apropiarse indebidamente de éstos.

El abogado Anaya señala que estos hechos están evidenciando que el país ya está viviendo el autoritarismo y nadie a partir de este hecho tiene sus bienes seguros, ya que en cualquier momento se les pueden expropiar en nombre de la crisis económica.

Durante un amplio operativo la Policía Nacional Civil procedió, además de capturar al empresario Catalino Miranda, a retirar placas y decomisar las unidades de microbuses de las rutas 42 y 152, propiedad del empresario.

La detención y la usurpación de los vehículos de Miranda es ilegal, según varios abogados que se han pronunciado en torno a este tema.

Para el abogado constitucionalista Enrique Anaya esto es ilegal, ya que aumentar la tarifa de buses no representa ningún delito, aunque hacerlo de manera arbitraria afecta a la población. Por otro lado, el abogado señala que el Estado no es dueño de los autobuses por lo tanto no puede apropiarse indebidamente de éstos.

De manera abrupta, el Gobierno salvadoreño retiró los permisos de línea a los buses y microbuses de las rutas 42 y 152, que hacen su recorrido desde el centro de la capital hasta Zaragoza y el Zaite, en La Libertad.

Según han dicho personeros del Ejecutivo, la sanción impuesta se ha llevado a cabo por el supuesto aumento de manera ilegal al pasaje de traslado de pasajeros y alteración de documentación.

Ante esto, algunos usuarios de estas unidades han dicho que lo mejor hubiese sido un diálogo, además reconocieron que si las unidades de transporte dejan de circular les afectará en sus traslados, a menos que el Gobierno garantice el número de unidades que desplacen a todas las personas.

El Gobierno anunció la eliminación del Fondo de Estabilización del Fomento Económico (FEFE) y la Contribución Especial para el Transporte Público (CONTRANS) por tres meses.

El economista Rafael Lemus, aclaró que la eliminación del FEFE solo aplica  para la gasolina regular y especial, pues al diésel no se le aplica el impuesto de guerra por lo que los usuarios solo tendrán una reducción de $0.10 centavos que son del CONTRANS.

Lemus dijo que las medidas son positivas, sin embargo, recalca que llegan tarde, pues algunas de las propuestas ya estaban bajo la mesa y otras son las funciones fiscalizadoras que la Defensoría del Consumidor, el Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Economía deben realizar.

El economista dijo que dichas acciones también son ambiguas puesto que no se aclara de dónde financiara el sacrificio de ingresos de las contribuciones e impuestos que vendrían a limitar el Presupuesto General de la Nación 2022.

Lemus cuestionó que la Presidencia no tomó dentro de su abanico de opciones para paliar la crisis un plan de austeridad del Gobierno, como viajes, publicidad gubernamental, entre otras.

El Gobierno anunció la eliminación del Fondo de Estabilización del Fomento Económico (FEFE) y la Contribución Especial para el Transporte Público (CONTRANS) por tres meses.

El economista Rafael Lemus, aclaró que la eliminación del FEFE solo aplica  para la gasolina regular y especial, pues al diésel no se le aplica el impuesto de guerra por lo que los usuarios solo tendrán una reducción de $0.10 centavos que son del CONTRANS.

Lemus dijo que las medidas son positivas, sin embargo, recalca que llegan tarde, pues algunas de las propuestas ya estaban bajo la mesa y otras son las funciones fiscalizadoras que la Defensoría del Consumidor, el Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Economía deben realizar.

La resolución del Juzgado Tercero de Paz de San Salvador pasó a instrucción a los imputados en el Caso Mártires UCA

En la audiencia, el juez del caso decretó detención provisional para el expresidente de la República Alfredo Cristiani, para el excoronel Orlando Montano y otros imputados que no se presentaron a la audiencia y tampoco presentaron justificación alguna.