La Asociación de Transportes Internacionales de Carga (ASTIC) dijo a YSUCA que han intentado mantener la tarifa en los traslados de carga a nivel centroamericano.

Sin embargo, el presidente de ASTIC, Raúl Alfaro, afirma que por el alza del galón de diésel se han visto obligados a cobrar en el FLETE el incremento por cada galón que gastan en el recorrido.

ASTIC manifiesta que han hecho una propuesta al Gobierno para que congele el monto del IVA por galón de gasolina, aunque el precio en general para los conductores siga aumentando. Según el presidente de la Asociación, el Ejecutivo no perderá recursos al implementar la medida que proponen y tampoco afectará el costo del transporte de carga.

La Asociación de Transportes Internacionales de Carga (ASTIC) dijo a YSUCA que han intentado mantener la tarifa en los traslados de carga a nivel centroamericano.

Sin embargo, el presidente de ASTIC, Raúl Alfaro, afirma que por el alza del galón de diésel se han visto obligados a cobrar en el FLETE el incremento por cada galón que gastan en el recorrido.

En la Sala de redacción de Radio YSUCA se recibió la denuncia de varios habitantes de la Urbanización Lourdes, en Apopa, quienes en las últimas semanas han visto incrementada la presencia de grupos de pandillas en una tortillería ubicada por el pasaje “A” de la localidad.

Según el denunciante - quien por seguridad no brindó su identidad –la zona es asediada por pandillas. Sin embargo en las últimas semanas la presencia ha sido constante y los niveles de extorsión se han incrementado. Ellos aseguran que han llamado a la policía de “diez veces solo una vez han venido al lugar”, dicen los afectados.

La Urbanización Lourdes está ubicada atrás de Plaza Mundo Apopa. De acuerdo con los denunciantes los pandilleros llegan todas las mañanas y durante las noches y se acuestan en la tortillería para ubicar a las personas que van a  extorsionar.

Los habitantes solicitan mayor presencia policial, ya que aseguran les han llamado pero su presencia ha sido poca. Algunas familias ya optaron por irse.

En la Sala de redacción de Radio YSUCA se recibió la denuncia de varios habitantes de la Urbanización Lourdes, en Apopa, quienes en las últimas semanas han visto incrementada la presencia de grupos de pandillas en una tortillería ubicada por el pasaje “A” de la localidad.

Según el denunciante - quien por seguridad no brindó su identidad –la zona es asediada por pandillas. Sin embargo en las últimas semanas la presencia ha sido constante y los niveles de extorsión se han incrementado. Ellos aseguran que han llamado a la policía de “diez veces solo una vez han venido al lugar”, dicen los afectados.

El presidente Nayib Bukele ha llegado en dos ocasiones a El Mozote, sin embargo no ha mostrado interés por reunirse con los integrantes de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, que es la encargada de velar por el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, explica Óscar Tobar representante de la Asociación. 

La sentencia de la Corte obliga al Estado de El Salvador a indemnizar a las víctimas. Pero han sido pocas las personas que han recibido una retribución, pero no una indemnización.  Tobar aclara que no buscan beneficio monetario, sino plena justicia 

El Estado ha evadido cumplir sus obligaciones, sin embargo como asociación se sienten respaldados por el pueblo y velarán porque se cumpla la sentencia.

Las víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños siguen clamando justicia 40 años después de ocurrido el crimen de lesa humanidad. 

El Estado salvadoreño no ha reparado a las víctimas, de manera integral, y los gobiernos de turno han hecho muy poco para que tengan acceso a la justicia. 

Óscar Tobar, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote dijo que el actual gobierno no busca visibilizar esta masacre, si no todo lo contrario, pretende borrar la memoria, creando un sitio turístico donde están enterradas las víctimas, incluyendo niños.   

Tobar destacó que no se oponen al desarrollo, pero la plaza memorial es sagrada para ellos. Además, es considerada patrimonio cultural. Agrega que los habitantes que aprueban estas remodelaciones, sin diálogo con la comunidad, es porque no tienen familiares enterrados en la zona. Afirma que la mayoría del pueblo desaprueba esa acción.

Para Sandoval, negar la información sobre los nuevos operadores de justicia es favorecer la corrupción, ya que dentro del Órgano Judicial hay diversas anomalías que han sido reconocidas en su momento por el presidente impuesto de  ese órgano de Estado.

Hay una infinidad de casos, en los que es necesario conocer a los juzgadores. Sobre esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, ya ha emitido una resolución. Además, el Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, desde su fundación tenía el criterio sobre la información que debe ser pública, explica Sandoval.

La Corte Suprema de Justicia se niega a dar información sobre quiénes son los nuevos jueces y magistrados que llegaron a las sedes judiciales. Tampoco han dado a conocer un listado con los cesados de sus funciones y los que fueron trasladados a partir de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial. 

Sobre este caso, Wilson Sandoval, coordinador del Centro Asesoría Legal Anticorrupción de FUNDE explicó, durante la entrevista de YSUCA, que la transparencia y el acceso a la información en el país han sido secuestradas. 

Para Sandoval esta información debe ser pública, ya que la población merece saber quiénes son los operadores de justicia. Por otra parte, los rostros de los nuevos jueces y magistrados no deben estar ocultos, pues son funcionarios obligados a rendir cuentas.

Desde el nacimiento del bloque, las autoridades de Seguridad Pública no se han acercado a los familiares organizados para brindarles ayuda, según aseguran los integrantes de este movimiento.

Las familias han señalado que son víctimas de indiferencia, estigmatización y discriminación por parte de las autoridades. Los parientes también enfatizan que ellos tienen derecho a conocer la verdad sobre la desaparición y el paradero de sus seres queridos.

Más de 40 personas están involucradas en el Bloque de Búsqueda que nació tras la inoperancia del Estado, al no darles una respuesta clara y seria sobre las investigaciones relacionadas a sus familiares.

Zepeda dijo que las familias enfrentan una carga emocional difícil, pero la esperanza sigue presente.