El Departamento de Economía de la Universidad “José Simeón Cañas”, UCA, presentó el Análisis socioeconómico de El Salvador (ASES) en el cual abordó el impacto económico del monocultivo de la caña de azúcar en El Salvador, en la salud pública, la economía familiar y la pérdida de fuerza productiva para el país a escala macroeconómica.

De acuerdo con Meraris López, catedrática e investigadora del Departamento de Economía de la UCA, la expansión del monocultivo de la caña de la azúcar está provocando enfermedades renales crónicas, debido al uso de agroquímicos, dejando altos costos económicos para las familias, debido a los tratamientos médicos o la muerte de los pacientes. Además, afecta la producción para el país, ya que muchas personas que padecen dichas enfermedades no pueden seguir laborando y produciendo, enfatiza López.

Santiago Rodríguez, de la Intercomunal de la Zona Sur de Nejapa, del Colectivo Salvemos Valle El Ángel y del Foro del Agua, explica que el Decreto 4b, denominado “La agenda del agua”, está vigente desde el año 2014. Las organizaciones han entregado una carta a la Alcaldía de Nejapa para pedir que dicho decreto se siga cumpliendo.

La Intercomunal de la Zona Sur de Nejapa, el Colectivo Salvemos Valle El Ángel, la Mesa Permanente de Gestión de Riesgo y el Foro del Agua se manifestaron para decir no a la solicitud de desafectación del decreto 4b, el cual protege al río San Antonio.

La desafectación implica declarar formal o tácitamente que un bien de dominio público queda desvinculado de uso o servicio público. En este caso es la Sociedad Global Developers S.A. de C.V., de la cual sospechan que es la misma empresa urbanística conocida como Salazar Romero, que está solicitando el permiso para la construcción de 795 viviendas.

Las organizaciones sociales y ambientales se concentraron en la comunidad La Granja, en el cantón Galera Quemada, en Nejapa, donde se encuentra parte de las tierras de Salazar Romero, para realizar los proyectos urbanísticos denominados Villa de San Gabriel, con 300 viviendas y Villa Floresta, con 795 viviendas.

Miguel Ángel Calderón, de la comunidad La Granja y coordinador de la Intercomunal de la Zona Sur de Nejapa, manifestó que la empresa constructora ya está talando árboles, lo cual afectará los mantos acuíferos de la zona.

El vocero del Movimiento de Trabajadores de la PNC manifestó que las pandillas actualmente operan de manera distinta, tanto en la zona central, occidental y oriental, pues en algunos lugares del interior prevalece más la extorsión que los homicidios o ataques directos.

Reyes también dijo que muchas veces la misma población salvadoreña sabe en qué zonas podrían haber cuerpos enterrados clandestinamente, pero no lo dicen por temor a represalias por parte de quienes han ocultado los cadáveres.

El representante del Movimiento de Trabajadores de la Policía dijo que existen investigaciones de fosas en municipios como Ilopango, Olocuilta, San Martín, Santa Tecla y Lourdes Colón. En algunas de estás aún no se ha procedido a los trabajos forenses y otras son investigadas por las autoridades, pero con un bajo perfil, enfatizó.

El Salvador suele describirse como una gran fosa clandestina. En los últimos años, se ha conocido la ubicación de varias fosas. Destacan entre éstas la de Chalchuapa, en Santa Ana, Nuevo Cuscatlán, entre otras, donde se han encontrado cuerpos de personas reportadas como desaparecidas.

Al respecto, Marvin Reyes, del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil, manifestó que en el país se tiene conocimiento de algunas fosas clandestinas. Muchas veces las autoridades policiales se ven frenadas por la Fiscalía General de la República, quien no procede con las investigaciones, explica Reyes.

Durante 2021, los mayores agresores a mujeres periodistas fueron funcionarios y fuerzas de seguridad pública. La mayoría, restricciones al ejercicio periodístico, seguido de declaraciones estigmatizantes, según la APES. 

El informe “Mujeres periodistas en primera línea: desafíos de la Libertad de Prensa en El Salvador” evidencia tres elementos importantes: el primero es que las mujeres que ejercen labor de comunicación social han sufrido violencia de género en todas sus formas; el segundo elemento es la violencia simbólica, existente en diferentes medios de comunicación y, el tercero, es que, a partir de junio de 2019, se detecta la agresividad contra el periodismo independiente, especialmente contra mujeres. 

La narrativa de odio contra periodistas ya trascendió de las redes sociales a niveles físicos, expresa la investigadora.

El Estado salvadoreño ya no es señalado sólo por permitir la violencia contra la mujer, sino que también es señalado por  agredir a mujeres periodistas, afirma Celia Medrano, investigadora y experta en Derechos Humanos. 

Dicho señalamiento se deriva de las evidencias que Medrano plasmó en el informe “Mujeres periodistas en primera línea: desafíos de la Libertad de Prensa en El Salvador”, realizado por la Fundación para el Debido Proceso, DPLF. 

Según datos de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, en 2019 se registraron 45 agresiones contra mujeres periodistas; en 2020, se registraron 26; en 2021, se registraron 68. Respecto al 2022, en lo que va del año, ya se registraron 5 agresiones contra mujeres periodistas. 

No se está haciendo nada desde la institucionalidad para frenar las agresiones contra las mujeres periodistas, porque es parte de una política gubernamental, señala Medrano.

Tema: Mujeres Periodistas en primera línea, desafíos de la libertad de prensa en El Salvador

Invitada: Celia Medrano, investigadora, experta en Derechos Humanos.

⏰ 7:00 A.M. - www.ysuca.org.sv