Celia Medrano lamenta que los ataques que se propician desde el Estado se han enfrascado con las mujeres periodistas.

Medrano dice que este gobierno se caracteriza por hacer uso del poder desde una perspectiva masculina y por esta razón las mujeres salen grandemente afectadas.

Ser periodista en El Salvador nunca ha sido fácil, sin embargo, desde hace tres años ha venido siendo un riesgo aún mayor, ya que la libertad de prensa esta amenazada desde el mismo Estado.

Esta afirmación se recoge en el estudio, “Mujeres periodistas en primera línea: desafíos de la Libertad de Prensa en El Salvador”, presentado por la Fundación Para el Debido Proceso.

La investigadora de dicho documento, la periodista y defensora de derechos humanos Celia Medrano, dice que actualmente hay permisividad de hechos que violentan la libertad de prensa que emanan desde el Estado como una especie de política de ataque.

David Ortiz, colaborador jurídico de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, exigió que se cumplan las promesas con las víctimas y que cese la impunidad y la revictimización.

Las organizaciones sociales piden a los parlamentarios la aprobación de una Ley de Justicia Transicional que ayude a las víctimas a encontrar a sus desaparecidos. Además piden verdad, justicia y reparación y medidas de no repetición.

Escuche a María Luz Rivas, del Comité de “Madres Monseñor Óscar Arnulfo Romero”.

“Muchas madres están muriendo sin encontrar a sus hijos”, es por ello que organizaciones que trabajan con familiares de víctimas, a causa del conflicto armado en El Salvador, recordaron a los diputados de la Asamblea Legislativa que aún hay madres y parientes de prisioneros, desaparecidos y mártires políticos que están a la espera de una Ley de Justicia Transicional.

Milagro Alvarado de Peña, presidenta del Comité de Madres y Familiares de Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador (COMADRES), exhortó a los diputados y al Estado salvadoreño a hacer justicia en favor de las víctimas de la guerra. Alvarado perdió a toda su familia en el conflicto armado y su lucha desde ese entonces ha sido por obtener justicia. Es por ello que está pidiendo que se abran los archivos militares de la Fuerza Armada y que digan dónde están enterrados los cuerpos de sus familiares.

Bomberos de El Salvador atendió un incendio estructural en una vivienda ubicada en la comunidad San Mateo, en la 49 avenida sur y 24 calle poniente, San Salvador.  El siniestro habría sido provocado tras el estallido de un tambo de gas propano. 

El Cuerpo de Bomberos realizó las maniobras necesarias para cortar el avance del fuego y evitar daños en las viviendas aledañas. 

Al respecto, Omar López, uno de los integrantes de la familia afectada, explicó que su abuela encendió la cocina para hacer chocolate cuando sucedió el incidente. Afortunadamente su abuela, abuelo y su mamá salieron ilesos, registrándose solo pérdidas materiales.

Las pandillas son los principales causantes de desplazamiento forzado, seguido el cambio climático y como tercer factor ambos, según Rina Monti.

Karla Guevara, de la Federación LGBTI, aseveró que dicha comunidad también ha sido víctima de desplazamiento forzado por pandillas y agentes de la Policía Nacional Civil. Asimismo, lamentó que al actual Gobierno no le ha interesado mantener las mesas de diálogo con la sociedad civil.

El Ministerio de Hacienda, en su presupuesto para 2022, aprobó para la Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública, 667 mil 267 dólares. El monto más bajo de todas las unidades presupuestarias de dicha cartera de Estado, representado apenas el 0.1 % de todo su presupuesto. Aunado a ello el 65% del presupuesto para Atención Integral a Victimas está destinado a la adquisición de Bienes y Servicios.

De acuerdo con Johanna Ramírez, del Servicio Social Pasionista (SSP), no existe ningún avance en cuanto a la atención y protección de víctimas, siendo las organizaciones sociales quienes han atendido a las víctimas ante la ausencia del Estado.

Organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado al Estado Salvadoreño a cumplir con la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, aprobada hace dos años por la Asamblea Legislativa.

Las organizaciones lamentan que hasta la fecha el Estado salvadoreño ha abandonado a las víctimas de desplazamiento forzado en El Salvador. Según datos de Cristosal, mil 306 salvadoreños fueron atendidos por dicha organización, desde enero 2020 a febrero 2022.  Por su parte, El Servicio Social Pasionista atendió a más de 700 víctimas.

Al respecto, Rina Monti, directora de Investigación de Cristosal, dijo que es lamentable que a pesar que haya una Ley que beneficie a las víctimas de desplazamiento forzado, el Estado salvadoreño se niega a cumplirla, ante la falta de un reglamento y la ausencia de respuestas integrales y albergues en condiciones dignas para las víctimas.