Habitantes de la Comunidad Las Cañas en el municipio de Ilopango, solicitaron al ministro de Obras Públicas que les dé una respuesta con respecto a la segunda cárcava ubicada en la zona sur de la colonia, la cual también amenaza a varias familias.

Según Pedro Rojas, presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO), el titular de obras públicas les prometió que también intervendrían la segunda cárcava que es un peligro en la zona sur – conocido como la pluma- en la parte alta de la colonia Las Cañas.

Rojas dice que el invierno se acerca y algunas casas están al borde del abismo por lo que piden una respuesta para atender la segunda cárcava.

Martínez pone énfasis en datos del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, que estiman que, para el periodo entre marzo y mayo de 2022, El Salvador tendrá a casi un millón de personas en emergencia alimentaria, sobre todo en los departamentos de Morazán y Ahuachapán.

Esta situación se agrava al no contar con políticas públicas que contrarresten la crisis económica de la población, según la economista de la UCA.

El Salvador tiene aproximadamente 24 mil millones de dólares en deuda, que representa más del 85% del Producto Interno Bruto, PIB; con una deuda pendiente de 800 millones de dólares de eurobonos, mientras los inversionistas están ofreciendo préstamos con una interés alto para el país.

Esta situación hará caer en impago a El Salvador, según advierte la catedrática e investigadora de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, Julia Évelyn Martínez.

Durante esta semana, el Bitcoin ha caído hasta un 8% y su precio

ha rondado los $42 mil dólares, luego de que en octubre del 2021

alcanzara un máximo histórico de $66 mil dólares.

Recientemente el ministro de hacienda, Alejandro Zelaya,

anunció que van a emitir bonos en Bitcoin, para pagar $800

millones de dólares en Eurobonos que vencen en enero del 2023.

Para la economista de la UCA, Julia Évelyn Martínez, el

problema más grande del país es la improvisación.

Tema: Perspectivas económicas para 2022

Invitada: Julia Evelyn Martínez, catedrática e investigadora del Departamento de Economía de la UCA.

Las historias de las víctimas de los desplazamientos forzados internos evidencian que en el país el fenómeno no acaba, pese al aparente funcionamiento del Plan Control Territorial promocionado por el Gobierno.

Hasta el mes de mayo de 2021 la organización Cristosal había recibido 58 denuncias de desplazamientos forzados. En 2020, registraron 140 personas desplazadas

Más allá de las cifras, la realidad de cientos de familias desplazadas confirma que la violencia y las amenazas, continúa siendo uno de los principales problemas que enfrenta la población en El Salvador. Sin embargo, las autoridades del Gobierno intentan ocultar los casos, los invisibilizan calificándolos de falsos. En ocasiones aceptan que hay denuncias, pero las vinculan con el mero hecho de ser la base para solicitar asilo en el exterior. Las declaraciones del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza muestran la falta de voluntad por esclarecer los hechos y por minimizar los desplazamientos forzados.

Cuatro jóvenes del cantón El Manzano, cinco de la Joya, dos de Las Cuevitas y 2 del Ocotal, cantones de Dulce Nombre de María, en Chalatenango, guardan prisión desde enero de 2021. Cuatro jóvenes más fueron detenidos en diciembre de 2018. La Policía Nacional Civil y militares los detuvieron en un proceso irregular que sigue sin resolverse. 17 familias piden justicia.

La madrugada del 27 de enero de 2021 dejó vacío y tristeza en más de una decena de hogares de Dulce Nombre de María.

Mientras las familias dormían, policías y militares tocaron las puertas de las casas de 15 jóvenes. Buscaban armas y droga. Al no encontrar nada ilícito sacaron un documento, dijeron que era una orden de un juez que los reclamaba por extorsión. Ninguno de los familiares de las víctimas que presenciaron las detenciones tienen certeza de que fuera una orden judicial. No la vieron de cerca ni la leyeron. De los 15 jóvenes que buscaban, solo encontraron a 14, a todos se los llevaron detenidos. Un menor de edad quedó libre a los 5 días de su detención. Trece siguen detenidos.

Este no es el primer caso de redadas arbitrarias en esas comunidades, antes, en 2018, cuatro jóvenes de la misma zona fueron sacados en una madrugada de diciembre por el mismo delito: extorsión. Los cuatro fueron condenados a 15 años de prisión. Actualmente esperan una resolución, luego de haber interpuesto una apelación.

Radio YSUCA documentó los testimonios de 11 casos de los 17. Familiares y allegados a las víctimas contaron los momentos en que fueron detenidos y de cómo los policías semanas antes llegaron a sus casas, anotaron sus números de DUI y los de sus hijos con la mentira de que hacían un censo para registrar los casos de covid-19, aunque nadie del Ministerio de Salud los acompañaba. Estas son sus historias.

El río Zazalapa divide El Salvador de Honduras. Unas varas de bambú son el cerco que indica que el paso está cerrado. Al otro lado del río están los cantones y caseríos donde viven los salvadoreños que desde 1992, por el fallo de la Corte Internacional de Justicia quedaron en territorio hondureño. Pese a que tienen Documento Único de Identidad, desde marzo de 2020 se les ha restringido el ingreso a su país, negándoles el derecho a los servicios de salud, trabajo y alimentación, entre otros.

Son aproximadamente las 9 de la mañana del 12 de febrero de 2021, don Antonio, apoyado en su bastón, ha cruzado el río. Ha llegado desde Zazalapa, un exbolsón, ahora parte de Honduras. Su misión es convencer a los soldados para que lo dejen pasar hacia Arcatao al siguiente día. Debe llevar a una familiar enferma a una cita médica. Se acerca con tono amable a tres soldados y explica con detalle el motivo de su llegada. Cinco minutos después, los militares asientan con su cabeza como signo de que han llegado a un acuerdo.

Don Antonio regresa a paso lento seguro de que al día siguiente podrá pasar sin problemas. Su caso es considerado una emergencia, por eso tendrá paso libre, no sin antes haber dado su nombre y mostrado su DUI a los soldados.

La Asociación de Periodistas de El Salvador y algunos medios de comunicación visibilizararon el caso y presionaron para que se les dejara ingresar alimentos y enseres personales a los periodistas. Fue hasta entonces que el procurador de Derechos Humanos y el director de Migración ofrecieron apoyo a los cubanos.

El presidente de APES, Cesar Fagoaga dijo que es importante solidarizarse con los colegas porque comparten el mismo oficio, independientemente sean de otra nacionalidad.

El mensaje que envía el régimen cubano al periodismo independiente es preocupante señaló Fagoaga.

Mientras en El Salvador se restringe el trabajo periodístico y el gobierno se muestra enemigo de la prensa, de manera contradictoria brinda apoyo a los dos periodistas cubanos que se quedaron varados en el aeropuerto salvadoreño Oscar Arnulfo Romero durante más de 36 horas.

Los periodistas Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés Cocho, lograron que el gobierno de El Salvador les diera asistencia humanitaria, mientras se resuelve su situación migratoria, luego de ser expulsados de Cuba y que Nicaragua les negara el ingreso al país.

El periodista Esteban Rodríguez, quien estuvo 8 meses en prisión, dijo que el régimen cubano los reprime por expresarse y exigir sus derechos.

Piden apoyo al gobierno salvadoreño, que ha tenido actitudes similares a la dictadura cubana hacia la prensa. Sin embargo, tras desconocer la realidad salvadoreña y en el exilio se aferran a que El Salvador les ayude a solventar su situación migratoria.