El PAU se destacó, entre otras cosas, por eliminar el plazo que requerían las instituciones para reportar una desaparición, ya no se debe esperar 72 horas para interponer la denuncia y la nueva visión se enfoca en encontrar a la víctima y no solo al victimario.

Belloso manifestó que al incumplir con el protocolo vigente se podría estar incurriendo en delitos, ante la omisión de avisos sobre delitos y sobre la falta de los funcionarios para tramitar los casos.

Ante el aumento de los casos de desapariciones durante el 2021, Belloso recomienda al Ejecutivo retomar el Protocolo de Acción Urgente y obligar y capacitar a las instituciones del Estado para que cumplan con el protocolo.

No aplicar este protocolo simplemente vulnera los derechos humanos de los salvadoreños, pues no se activa el proceso de búsqueda y es lamentable cuando estas personas son encontradas muertas y, a lo mejor, pudo haberse evitado la tragedia, si el protocolo se hubiese activado en tiempo, según Belloso.

En 2018 la oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) en coordinación con diversas instituciones del Estado, lanzaron el “Protocolo de acción urgente y estrategia de búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador”, PAU, en el marco de la conmemoración del 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Kerlin Belloso, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), señaló que las instituciones del Estado comprometidas en la ejecución del protocolo (FGR, PNC, PDDH, entre otras), aún están en deuda con la aplicación del protocolo.

Belloso dijo que es una deuda con las personas desaparecidas y sus familiares, pues el instrumento activa toda una serie de mecanismos de búsqueda.

Situación de familiares del personal de salud fallecidos durante la pandemia

Invitadas: Dra. Laura Laínez de Rivas, coordinadora del Movimiento de familiares del personal de salud COVID-19 y Karen Ramírez, de PROVIDA y de la Fundación SHARE El Salvador.

Cruz Roja Salvadoreña actualmente se encuentra a un 50% de almacenamiento de sangre, con el que abastece a los hospitales públicos y privados del país.

Sin embargo, ante la necesidad de continuar apoyando en la demanda de este tejido vital, Maritza Aguirre del Banco de Sangre de Cruz Roja invita, a los salvadoreños mayores de 18 años y con un peso superior a 110 libras, a contribuir con esta acción social.

Para Velásquez, el Estado salvadoreño tiene la responsabilidad de responder por la estafa de las lotificadoras, ya que hasta la fecha no se han promulgado leyes para amparar a las personas que han adquirido sus terrenos, los han terminado de pagar y, ahora, no les quieren entregar sus escrituras.

En El Salvador hay más de 500 lotificaciones con problemas de registro y a nivel nacional son afectadas unas 350 mil familias.

Unos 800 líderes de las lotificaciones que están en el limbo jurídico presentaron cartas al presidente de la República para que resuelva su situación. El presidente respondió que la ministra de Vivienda era quien atendería el tema por tratarse de lotificaciones.

Sin embargo, tras varias reuniones de le ministra con los líderes comunitarios, muy poco se ha avanzado y la funcionaria prometió que el próximo año se instalará una mesa de diálogo para solucionar la situación, según explicó Alberto Velásquez, director ejecutivo de Comunidades de Fe Organizadas para la Acción, COFOA.

Las principales causas de la migración son la pobreza y la inseguridad, según COFOA.

En el caso de Juan Pablo Rivas, sus cuatro hijos y sus nietos han migrado hacia Estados Unidos. Lamenta que su familia se haya desintegrado por no haber condiciones en El Salvador para el desarrollo de los jóvenes.

No hay un pleito político entre Estados Unidos y El Salvador,

sino que hay un juego perverso, en el que la gente más pobre es

siempre la más afectada, según Velásquez.

De los fondos de la cooperación internacional que ha sido

otorgada a los gobiernos de El Salvador para prevenir la

migración irregular, solo el 5% ha llegado a la población que lo

necesita, por lo que no se ha visto cambios sustanciales en el país,

según Alberto Velásquez, director ejecutivo de Comunidades de

Fe Organizadas para la Acción, COFOA.