Agricultores de la finca Argentina, en San Juan Opico, en el departamento de La Libertad, denunciaron acciones de amenazas y desalojos de las tierras donde trabajan.

De acuerdo con una de las habitantes de la zona, representante de una empresa ha adjudicado ser propietario de las tierras. Sin embargo, los habitantes señalan que los terrenos donde ellos cultivan y habitan son propiedad del Estado y no de la empresa privada.

Esta semana el Movimiento de Víctimas del Régimen de El Salvador, MOVIR, y el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, COFAPPES, solicitaron al Instituto salvadoreño de Medicina Legal que dé el listado oficial y formal de las personas fallecidas en las cárceles en el régimen de excepción.

Samuel Ramírez, vocero del movimiento, cuestionó que a pesar de que el gobierno reconoce que se han cometido “errores” como capturas arbitrarias y muertes de personas en cárceles, no se corrigen dichos errores.

Ramírez señala que las personas que no tienen que ver con estructuras criminales, son mezcladas con delincuentes. El vocero de MOVIR enfatiza que las víctimas del régimen se sienten impotentes, pues las instituciones del Estado no las escuchan.

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, aseguró que el Ministerio Público archivó 142 casos de fallecimientos en los centros penales. Según Delgado, las muertes al interior de diferentes cárceles "no constituyen delito” por parte de los agentes de Seguridad del Estado.

Ante estas declaraciones, Ivania Cruz, del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, COFAPPES, cuestionó la decisión del fiscal de archivar los casos sin dar a conocer a las familias de las víctimas los resultados de las investigaciones.

El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) dejó un aviso en la Fiscalía General de la República para que investigue a jueces del Tribunal Primero de Sentencia.

Ivania Cruz, vocera de COFAPPES, explicó que los jueces encargados del “Caso Monarca”, para la audiencia del 24 de abril, dejaron en prisión a sus clientes, cuando había una resolución de medidas sustitutivas. Cruz lo calificó de una detención ilegal.

Finalmente hubo una condena en el caso. Cruz dijo que a la fecha están a la espera de ejercer su derecho de apelación.

Hay poco interés de parte de las autoridades, tanto municipales como centrales, de detener la destrucción ambiental, dice el presidente del Centro de Tecnología Apropiada, CESTA, Ricardo Navarro.

El CESTA junto a un grupo de mujeres ambientalistas de San Marcos y Santo Tomás denunciaron que una empresa está destruyendo zonas ambientales importantes. Las mujeres dicen que el río Cuapa de San Salvador se ve amenazado por posible contaminación de aguas grises y negras.

Esta semana el Movimiento de Víctimas del Régimen de El Salvador, MOVIR, y el Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, COFAPPES, solicitaron al Instituto salvadoreño de Medicina Legal que dé el listado oficial y formal de las personas fallecidas en las cárceles en el régimen de excepción.

Samuel Ramírez, vocero del movimiento, cuestionó que a pesar de que el gobierno reconoce que se han cometido “errores” como capturas arbitrarias y muertes de personas en cárceles, no se corrigen dichos errores.

Ramírez señala que las personas que no tienen que ver con estructuras criminales, son mezcladas con delincuentes. El vocero de MOVIR enfatiza que las víctimas del régimen se sienten impotentes, pues las instituciones del Estado no las escuchan.

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, aseguró que el Ministerio Público archivó 142 casos de fallecimientos en los centros penales. Según Delgado, las muertes al interior de diferentes cárceles "no constituyen delito” por parte de los agentes de Seguridad del Estado.

Ante estas declaraciones, Ivania Cruz, del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, COFAPPES, cuestionó la decisión del fiscal de archivar los casos sin dar a conocer a las familias de las víctimas de fallecidos los resultados de las investigaciones.

La alumna, Marisela Morán, manifiesta que la importancia del II Encuentro Pedagógico EdUCA Transforma: “Derecho, inclusión y calidad educativa” permite conocer la realidad nacional de diferentes maneras.

El Departamento de Ciencias de la Educación, de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) en el marco del 30.º aniversario de su fundación inició el II Encuentro Pedagógico EdUCA Transforma: “Derecho, inclusión y calidad educativa”.

Ada Zarceño, Jefa del Departamento de Ciencias de la Educación de la UCA, dice que el encuentro es un desafío que está imponiendo la educación con todos los cambios como la tecnología.

La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria, Pro-vida, entregó plantines de tomate y chile verde a 40 agricultores de comunidades de los municipios Santa Catarina Masahuat y Santo Domingo de Guzmán, departamento de Sonsonate.

Dicha entrega busca ser una medida paliativa ante la inseguridad alimentaria que vive el país. La entrega de plantines se hizo luego de un proceso de formación en agricultura orgánica agroecológica con asesoría de un agrónomo.

Adolfo Álvarez, del caserío la barranca, fue uno de los beneficiados.