Según el OUDH otra forma de vulneración a los derechos humanos es la manera en que actúan la PNC y la Fiscalía General de la República al realizar algunas capturas de personas, ya que estas se hacen, en muchas ocasiones, sin seguir el debido proceso. Y este tipo de hechos afecta sobre todo a los jóvenes de entre 18 a 30 años, señala el coordinador general del OUDH.

Danilo Flores, coordinador general del Observatorio Universitario de Derechos Humanos, OUDH, señala que debido al autoritarismo que se ha vivido en el país, se han cometido diferentes violaciones a derechos humanos, por ejemplo en los años de la guerra, en los 80, muchas personas fueron desaparecidas de manera forzada. Este es un delito continuado, ya que no termina hasta conocer el paradero de la víctima. Por otro lado, se tiene la desaparición de personas ocurridas en el contexto de violencia actual, el cual afecta varios derechos, dice Danilo Flores.

De junio 2019 a junio de 2021, se reportan 3 mil 751 casos de personas desaparecidas, este delito se perfila como una transgresión al derecho a la libertad. Flores dice que sobre este delito preocupa que no exista un registro transparente y fidedigno de parte de la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal.

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA, OUDH, dio a conocer un informe denominado “Una radiografía sobre el Derecho a la Libertad Personal”, el cual ha puesto en evidencia que desde el año 2019, el país camina hacia el autoritarismo.

El informe señala que es urgente proteger el derecho a la libertad personal, ya que es un derecho fundamental para la garantía de una vida digna. El director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, el padre José María Tojeira dijo que el país tiene una tradición autoritaria que es necesario romper. De no hacerlo la violación a derechos humanos continuará a la orden del día.

Magistrados de TSE no sabían del hurto en la institución

La Policía Nacional Civil informó, a través de su cuenta de twitter, que fueron hurtados diez mil celulares, cinco mil mascarillas y 500 cajas con extensiones eléctricas, de una bodega del Tribunal Supremo Electoral, TSE.

El hecho se registró en el local ubicado en el pasaje Istmania, de la colonia Escalón, según la Policía.

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, dijo a YSUCA que el ente colegiado desconocía del hurto, hasta que la PNC lo notificó.

Magistrados de TSE no sabían del hurto en la institución

La Policía Nacional Civil informó, a través de su cuenta de twitter, que fueron hurtados diez mil celulares, cinco mil mascarillas y 500 cajas con extensiones eléctricas, de una bodega del Tribunal Supremo Electoral, TSE.

El hecho se registró en el local ubicado en el pasaje Istmania, de la colonia Escalón, según la Policía.

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, dijo a YSUCA que el ente colegiado desconocía del hurto, hasta que la PNC lo notificó.

Por otro lado, la secretaria general de SITRASALUD, Silvia Navarrete pide que se remuevan a algunos directores de centros hospitalarios públicos, ya que hay malos tratos al personal medico y no hay planificación adecuada en temas administrativos, como el caso del Hospital de Chalatenango.

El Sindicato de Trabajadores de la Salud, SITRASALUD, denuncia falta de pagos y abusos laborales.

Al respecto, Silvia Navarrete, secretaria general de SITRASALUD, dijo que es urgente que se solvente el pago de las nocturnidades a los trabajadores de la salud. Asegura que no se cuenta con una base legal para desembolsar estos pagos, ya que el decreto a través del cual se hacía ya no está en vigencia.

En el caso de México, se han registrado 20 mil personas desaparecidas durante el actual gobierno y la impunidad supera el 95%. Según Ana Lorena Delgadillo, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el 64% de los casos que llega a judicializar la Fiscalía General mexicana es por delitos de armas y otros materiales explosivos, no está ocupada en atender la violencia y la corrupción que hay en el país.

Frente a casos como la Masacre de Tamaulipas, de los 43 estudiantes normalistas de Ayotizinapa, y la masacre de Camargo, donde fueron calcinadas 19 personas, entre ellas 16 migrantes de Guatemala, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho decidió documentar todo, a través de amparos. Sin embargo, la institución mexicana se dio cuenta que el proceso no era funcional, porque la clave es investigar al Estado, por la gran maquinaria de impunidad y corrupción que hay en las instituciones aseguró Lorena Delgadillo.

En el caso de Nicaragua, ha habido una crimalización de quienes se manifiestan contra las políticas estatales, por eso les interesa tener controlado el sistema de justicia, afirma Boanerges Fornos, director de Acción Penal, organización de abogados penalistas y asistencia legal de presos políticos de Nicaragua.

En la primera década de los años 2000 se inició un proceso de reforma en el sistema judicial de Nicaragua que coincidió con la cooptación de las instituciones del Estado y se han promulgado leyes para la acción penal contra cualquier voz disidente al régimen de Daniel Ortega.

A raíz de la crisis sociopolítica que se inició en abril de 2018 en Nicaragua, los casos de asesinatos  en las protestas siguen en la impunidad, señala Fornos.

Para Joaquín Mejía, Honduras debe tomar medidas urgentes: comenzar un proceso de desmilitarización, porque los militares se han vuelto sicarios del régimen; garantizar que las magistraturas judiciales se elijan por idoneidad y no por intereses políticos; cumplir con las resoluciones de organismos internacionales de derechos humanos e iniciar un proceso de diálogo con la ONU para instalar una comisión contra la impunidad en Honduras.

En Guatemala, el caso de Mirna Mack es emblemático al hablar de impunidad. Fue asesinada por agentes militares, realizaba actividades de investigación sobre las comunidades de población en resistencia y las políticas del Ejército guatemalteco hacia las mismas.

Para Helen Mack, especialista en Derechos Humanos y fundadora de Fundación Myrna Mack, en el proceso de paz, tanto en Guatemala como en El Salvador, se requería llegar a las causas estructurales que habían llevado al conflicto armado.

Sin embargo, ha habido una distorsión del sistema político y una captura del sistema de justicia. Después de la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, el nivel de impunidad incrementó hasta un 98%, según Mack.