Los integrantes del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA) y la Federación Sindical Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) denuncian que algunos de sus líderes están siendo objeto de capturas.

Ángel Flores de la Federación UNT dijo en la entrevista de radio YSUCA que Oscar René Martínez Iglesias, fundador de MILPA, fue detenido bajo el Régimen de Excepción, mientras se dedicaba a labores de pesca en la playa el Icacal, Intipucá, departamento de La Unión.

Martínez pertenece a la Comunidad Nuevo Amanecer, territorio Lenca y lugar emblemático, que históricamente ha luchado por el acceso a la tierra, siendo un caso de victoria para el campesinado de La Unión, que fue desalojados violentamente por la fuerza policial en 2012, del caserío Los Ranchos, del municipio de Intipucá.

Maritza Ventura, de MILPA, dijo que la detención de Óscar es un abuso de autoridad. Desde que el régimen de excepción está vigente varias veces las autoridades lo habían registrado, sin embargo nunca lo habían detenido, hasta el pasado viernes 9 de junio, que efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador lo señalaron de ser terrorista, explicó la representante del MILPA.

El constitucionalista indicó que la propuesta del oficialismo no presentó un estudio técnico que justificara la necesidad de hacer tales reformas y que asegurara que dichos cambios mejorarían la participación ciudadana o los servicios públicos.

El abogado constitucionalista, Enrique Anaya, analizó la recién aprobada Ley Especial para la Reestructuración Municipal, que reduce de 262 a 44 municipios en El Salvador. Tal normativa, según el experto, tendrá un impacto desfavorable en la población.

Según Nuevas Ideas, la propuesta garantiza el ordenamiento y desarrollo territorial, sin embargo, Anaya dijo en su perfil de Twitter que la reestructuración municipal es, además de absurda, inconstitucional. Esto debido a que atenta contra el artículo 3 de la Constitución de la República que establece que “todas las personas son iguales ante la ley” y, de acuerdo al especialista, la nueva ley ordena la aplicación desigual de leyes y ordenanzas.

El abogado se preguntó si en el nuevo municipio de San Salvador Centro, que tendrá cinco distritos y que antes eran municipios, ¿la ley de impuestos municipales se aplicará en el nuevo municipio? y ¿qué ordenanza de tasas se aplicará?.

“Por favor, no me me vayan a decir que aplicarán, en un mismo municipio, leyes y ordenanzas diferentes según distritos; eso sería violación a la obligación igualitaria de la ley, de la norma general”, escribió Anaya en Twitter.

En ese sentido, el jurista recalcó que tal iniciativa es “un instrumento” de carácter político electoral.

Habitantes de 13 comunidades de Suchitoto denuncian que la construcción de la “Granja Suchitán” de la empresa Avícola Salvadoreña S.A de C.V, pone en riesgo el agua de los pozos de las comunidades.

La granja tendrá implicaciones ambientales como la contaminación de los recursos naturales de las zonas y en el agua que llega a los hogares, explicaron habitantes de las comunidades.

La empresa planea construir la Granja Avícola en la cercanía de la comunidad La Mora, en el kilómetro 8 de la carretera que conduce de Suchitoto a Aguilares.

Las comunidades están preocupadas y señalan que la Alcaldía de Suchitoto, a través de la Unidad Ambiental, realizó un estudio donde se plasmó que dicho proyecto pone en riesgo el agua de las comunidades, por ello se negó a dar los permisos de construcción. Sin embargo, la empresa continúa realizando los trabajos sin el aval de la comuna, aunque tiene el permiso del Ministerio de Medio Ambiente y de la Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA.

Saúl Pineda, llevaba 11 años laborando para una empresa que cerró sus operaciones. Él junto con 244 personas fueron cesados de su trabajo. Señala que desde el año pasado y principios del 2023 la situación laboral en las empresas se complicaron y surgieron muchas irregularidades.

Por su parte, Elizabeth Mejia de 43 años de edad fue despedida recientemente. Ella posee una discapacidad física y es la proveedora de su hogar, a su cargo está su mamá y su hija. Lamenta que las empresas despidan a los trabajadores adeudando los salarios.

La Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES), denunció que algunas empresas ubicadas en las Zonas Francas están despidiendo a los empleados, sin el pago de las prestaciones de ley que les corresponde a los trabajadores.

Algunas empresas se declaran en quiebra y se van del país dejando a los trabajadores en el limbo. Esta situación ha dejado sin empleo a unos 12 mil 500 trabajadores de la industria textil, de acuerdo a FEASIES.

Guadalupe de 43 años narró que laborar en la industria maquila y textil en las Zonas Francas, es difícil y se labora en condiciones inhumanas en donde pedir permiso para ir a una cita médica o ir al baño pone en peligro el trabajo.

Los integrantes del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular creen que la reducción de municipios tiene como fin evitar que la oposición recupere alcaldías en las próximas elecciones y busca quitar la autonomía municipal, centralizando el poder.

Además, Fran Omar Parada, integrante del BRP, reiteró que la creación de la Ley Integral para la Reestructuración Municipal fue creada sin tomar en cuenta a la población.

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) señaló que la Ley Especial para la Reestructuración Municipal fue inconsulta y dijeron que el mandatario salvadoreño no cumplió su promesa cuando aseguró que no habría despidos.

Sonia Urrutia, integrante del BRP, dice que durante la actual gestión presidencial ha habido gran cantidad de despidos en instancias públicas, las cuales seguirán con la reducción de municipios.

Luego de las declaraciones del fiscal general de la República Rodolfo Delgado al afirmar que archivó 142 casos de muertes de reos del régimen de excepción, al interior de centros penales, porque "no existe delito que perseguir", la diputada del partido VAMOS , Claudia Ortiz dijo que en el país se viven momentos oscuros en materia de defensa de derechos humanos.

La Fiscalía es la responsable de sustentar cada caso de denuncia, pero en vez de hacerlo, los archiva. Ante la falta de información oficial, organizaciones sociales y de derechos humanos han recogido datos acerca de estas muertes. Ortiz dice que la justicia llegará tarde o temprano.