La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua mostró su preocupación ante el silencio de la Comisión Ad Hoc que estudia la Ley General de Recursos Hídricos.

El pasado 1 de noviembre los relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento y sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible expresaron su preocupación por la iniciativa de ley de recursos hídricos que promueve el Gobierno de Nayib Bukele.

Los relatores de la ONU advirtieron que la ausencia del derecho al saneamiento "conlleva una laguna en la iniciativa de ley" y en ese sentido recomendaron crear una sección específica que aborde su regulación, la cual debería incluir el tratamiento de aguas residuales y de los lodos fecales, "más allá de las consideraciones sobre permisos y cánones por vertidos" que ya aparecen en el anteproyecto de Ley de Recursos Hídricos.

Además, expresaron su preocupación por el artículo 61 de la propuesta, referente a las autorizaciones para operadores y prestadores locales como las juntas comunitarias de agua y asociaciones comunales.

Según Amalia López, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, tras casi tres semanas los diputados no han sesionado y no han modificado la propuesta de ley e incorporado las recomendaciones hechas por las organizaciones ni por las relatorías de la ONU.

López señaló que no basta con decir que el agua no será privatizada, sino que debe resolver la crisis hídrica de El Salvador y sobre todo priorizar el enfoque de derechos humanos y saneamiento.

El meteorólogo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, David Pichinte, ha señalado que para este viernes en horas de la tarde habrá calor y lluvias que se concentrarán en la zona norte del país.

Pichinte dice que la tarde será calurosa mientras que la noche y madrugada será fresca.

El plan Control Territorial es la estrategia de seguridad que el presidente Nayib Bukele presentó el 19 de junio de 2019, sobre la que se limitó a decir que consta de siete fases.

Verónica Reyna lamenta que no se conozcan dichas fases y que todo lo dicho parece más una estrategia publicitaria que una política de seguridad.

Durante los últimos días se ha registrado un repunte de homicidios en el país y junto a ello sube el número de personas desaparecidas, según Verónica Reyna directora de derechos humanos del Servicio Social Pasionista.

Reyna explica que las autoridades no han logrado controlar los territorios y es lamentable que el dinero que se invierte en la PNC, Fuerza Armada, en los Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades (CUBO) únicamente se queda en gastos excesivos sin ningún resultado, ya que el control territorial se queda en manos delincuenciales.

La falta de empleo, salarios dignos y la falta de tierras o vivienda propia contribuyen potencialmente a la migración de los indígenas en Tacuba, Apaneca, Concepción de Ataco, Juayúa y Salcoatitan, según el estudio.

Graviano manifestó que hacen falta oportunidades para los indígenas.

La Unión Europea en El Salvador, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) presentaron los resultados del diagnóstico sobre población indígena migrante y potencial migrante y sus factores de arraigo, expulsión y reintegración.

El jefe de misión para la OIM en El Salvador, Nicola Graviano, señaló que la causa principal de la migración dentro y fuera del país para los indígenas es la falta de empleo.

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Según el artículo 10 de la iniciativa de Ley de Agentes Extranjeros, por cada transacción financiera, desembolsos, transferencias o cualquier otro y que sean provenientes de fondos del mandante extranjero, sea a través de donaciones, pagos u otro, se aplicará un impuesto del 40%.

Poner este impuesto es decir “mejor no trabajés”, expresa Omar Serrano.

El anteproyecto de Ley de Agentes Externos se debe ver en el contexto de todas las medidas tomadas desde el Órgano Ejecutivo para cooptar todo lo que huela a fiscalización del ejercicio del poder, según el vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano.

El Gobierno no tolera que alguien piense distinto, empezó con el discurso de odio y a partir del 1 de mayo ha mostrado una voracidad por el control del poder y el dinero, afirma Serrano.

Carrillo aclaró que la iniciativa de FESPAD constituye un mecanismo para fortalecer la participación ciudadana, enfocado en la necesidad de mejorar el control del ejercicio del poder y del nombramiento de personas que cumplan con el perfil adecuado.