El Salvador ya contaba con el “Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador”, que se lanzó el 10 de diciembre del 2018. Este fue el resultado del consenso interinstitucional conformado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el que participaron expertos nacionales e internacionales.

Actualmente las autoridades de seguridad no han brindado información sobre el protocolo. Según algunos familiares de los desaparecidos, las autoridades les siguen diciendo que tiene que esperar 72 horas para que un persona sea catalogada como desaparecida, cuando el protocolo establece una reacción inmediata.

Según Argueta, la propuesta de ley busca homologar los marcos legales y, además, busca crear un Sistema Nacional de Búsqueda, Investigación, Localización y Recuperación de Personas Desaparecidas”, con la que se pretende entre otras cosas que las víctimas sean reportadas antes de las 72 horas.

Argueta exhortó a sus colegas parlamentarios a darle trámite a la propuesta y aprobar una ley que urge a los salvadoreños, por lo que pide dejar de lado las diferencias políticas.

El Salvador ya contaba con el “Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador”, que se lanzó el 10 de diciembre del 2018. Este fue el resultado del consenso interinstitucional conformado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el que participaron expertos nacionales e internacionales.

Actualmente las autoridades de seguridad no han brindado información sobre el protocolo. Según algunos familiares de los desaparecidos, las autoridades les siguen diciendo que tiene que esperar 72 horas para que un persona sea catalogada como desaparecida, cuando el protocolo establece una reacción inmediata.

Según Argueta, la propuesta de ley busca homologar los marcos legales y, además, busca crear un Sistema Nacional de Búsqueda, Investigación, Localización y Recuperación de Personas Desaparecidas”, con la que se pretende entre otras cosas que las víctimas sean reportadas antes de las 72 horas.

Argueta exhortó a sus colegas parlamentarios a darle trámite a la propuesta y aprobar una ley que urge a los salvadoreños, por lo que pide dejar de lado las diferencias políticas.

El pasado 3 de noviembre, el FMLN presentó una pieza de correspondencia ante el Parlamento, para solicitar la creación de un sistema que agilice la búsqueda, investigación y localización de las personas desaparecidas.

La diputada del FMLN, Dina Argueta, señaló que la propuesta busca darle una respuesta a las familias salvadoreñas que están en la búsqueda de sus seres queridos. Argueta añadió que en los últimos meses el número de personas desaparecidas se ha incrementado, por lo que urge debatir el tema en el seno legislativo para formular una propuesta que resuelva el problema.

El mercado está compuesto por seis secciones y una de las zonas más concurrentes “la zona B” son los que no han recibido el apoyo, según una delegada de la comuna, CONAMYPE son los que están procesando el apoyo y el retraso viene de ellos debido a irregularidades que hubo en el censo.

De acuerdo con los comerciantes no todos han recibido el apoyo económico y señalan a los delegados de la Alcaldía y CONAMYPE mayor organización en la entrega del apoyo económico.

Algunos comerciantes del mercado San Miguelito aún no reciben la compensación económica que el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, anunció para todos los comerciantes afectados por el incendio.

Según una de las comerciantes que -por motivos de seguridad omitiremos su nombre -señaló que la comuna hizo un censo de los comerciantes afectados y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) será la institución que desembolsará el aporte económico que ronda supuestamente los 800 a mil dólares.

Pedro Arrojo Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de las Naciones Unidas, dice que tenemos una crisis de agua grave a nivel mundial ya que dos mil millones de personas no tienen garantizado el acceso al agua potable, además más de cuatro mil millones no disponen de servicios básicos de saneamiento.

Es por ello que urge garantizar que el agua y saneamiento sea un derecho, ya que es un bien común y público, eso debe garantizar en este caso El Salvador, dijo el relator Pedro Arrojo.

Luis Liberman director del Instituto Universitario del Agua y Saneamiento de Argentina, señalo que sobre el agua y saneamiento es urgente legislar, ya que el cambio climático ha alterado el ciclo del agua y como dice la encíclica del papa Francisco Laudato Sí, alterar el ciclo del agua significa quedarse sin agua y sin agua no hay vida.

Liberman también destaco que el acceso universal al agua potable debe verse como un bien común y cuando no se respeta este enunciado implica una verdadera tragedia para centenares de niños y niñas.

Desde el pasado 18 de junio se encuentra en el legislativo un proyecto denominado Ley General de Recursos Hídricos, el cual busca crear un marco legal sobre el subsector del agua y el saneamiento, para garantizar una regulación adecuada de estos servicios.

La Ley General de Recursos Hídricos, dijo Elmer Gómez, presidente de enlace que articula las Asociaciones de Consumidores de El Salvador, es un proyecto enviado por el ejecutivo al legislativo que avala desigualdades.

EDITORIAL 5-11-21 EL IMPERATIVO DE MIGRAR

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