Los ejes  evaluadores  del estudio son: fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, transparencia, acceso a la información pública, financiamiento a la  política, prevención a la corrupción, obras públicas y cooperación jurídica internacional. 

Hernández señaló que El Salvador no ha tomado ninguna acción encaminada a demostrar que está trabajando por la lucha contra la corrupción y Gobernabilidad democrática. 

Hernández dijo que el respeto a la independencia de los poderes del Estado es un pilar fundamental, entre otros aspectos.

El Salvador obtuvo un promedio de 0.86 de tres puntos posibles, según  los resultados del Informe Nacional de seguimiento al cumplimiento del compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, suscrito en la Octava Cumbre  de las Américas, en 2018. 

El Observatorio Ciudadano de Corrupción conformado por varias organizaciones de la sociedad civil reveló que hay pocos avances en la materia. 

Según Xenia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Democracia, Transparencia, Justicia (DTJ),  la crisis institucional como: la destitución de jueces y el desmantelamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública son algunos de los factores que han afectado la lucha contra la corrupción en el país.

El Presupuesto General de la Nación lo que dice es de dónde se van a obtener los ingresos, que provienen sobre todo de los impuestos que paga la población. y en qué se van a invertir dichos fondos. Por lo que, al no publicar el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el 2022, implica que el Gobierno está planteando tener los recursos del dinero de la población, pero sin decirle en qué lo va a usar, señala José Luis Magaña, de Panorama Económico.

Las prioridades del Gobierno se observan en cómo se ejecutan los presupuestos, porque puede decir que va a apostarle a “X” o “Y” tema, pero si no le inyecta al presupuesto para dicho tema no puede proceder, afirma José Luis Magaña, de Panorama Económico.

Magaña dijo que muestra de ello son los recortes que se han hecho en el presupuesto, hasta agosto de 2021: Se han recortado 38.2 millones de dólares a la atención hospitalaria y se han transferido a la unidad de Gestión Técnico Normativa, unidad centralizada en el Ministerio de Salud; también hubo un recorte de 17.7 millones de dólares en el primer nivel de atención a salud, la primera línea de atención. Cuando hace poco la Asamblea Legislativa aprobó un préstamo para un programa para primera infancia.

Además, el Gobierno ha recortado 12.4 millones al programa de Desarrollo Infantil Temprano del Ministerio de Salud y cerca de 15 millones de dólares a la atención de educación básica en el Ministerio de Educación.

Pero, ¿a qué se le ha incrementado más presupuesto durante 2021? Según Magaña la mayor inversión ha sido para el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, FOPROMYD, que es la nueva partida secreta del Gobierno. Además, se le ha inyectado mayor presupuesto al Bitcoin y a las operaciones del Ejército.

Presupuesto General de la Nación 2022, con el economista José Luis Magaña, de Panorama Económico.

El nuevo ordenamiento municipal vendrá a minimizar a las alcaldías del país

El presupuesto para el próximo año, según detalló el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, asciende a un monto de 7 mil 967 millones de dólares, con respecto al de 2021. Hay un incremento de 514 millones de dólares, y según dijo Zelaya, se requerirán 498 millones de dólares en deuda para 2022.

Al respecto, Julia Evelyn Martínez dice que otra de las razones por la que no se ha dado a conocer es que se quiera evitar los análisis de los economistas independientes y con ello acabar con algunos mitos que se presentan en el discurso gubernamental, como el incremento a educación y salud.

Martínez afirma que muchas veces los incrementos presupuestarios sirven para pagar salarios y consultorías.

El ministro de Hacienda entregó el proyecto del Presupuesto General de la Nación para el 2022 el pasado jueves 30 de septiembre. Sin embargo, a la fecha, el documento no se ha hecho público.

Según la economista y catedrática e investigadora de la UCA, Julia Evelyn Martínez, el silencio sobre el tema podría deberse a que el proyecto se haya entregado inconcluso.

La comunidad indígena pide garantizar la justicia ambiental y que se respete la institucionalidad democrática y de derecho, para ello piden que los jueces sean independientes y se respete el balance entre poderes del Estado.

La Mesa por la Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate (MESUTSO) ha mostrado su preocupación ya que las reformas a la Ley de la Carrera Judicial haN desmantelado la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.

Dicha cámara había resuelto a favor de los derechos de los pueblos indígenas y ambientales al ordenar medidas cautelares de protección al patrimonio intangible y tangible del río Sensunapán o río Grande, ante la construcción de una octava represa en dichas cuencas.

Indígenas y ambientalistas temen que el traslado del magistrado Samuel Lizama y la magistrada Cesia Romero, quienes pertenecían a la Cámara Ambiental de Santa Tecla, pueda ocasionar una situación adversa.