El 28 de septiembre de cada año se ha reconocido como el Día Internacional del Acceso Universal a la Información y en el país se cumplen 10 años de la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública, la cual tiene como objeto “garantizar el derecho de acceso de toda persona a la información pública, a fin de contribuir con la transparencia de las actuaciones de las instituciones del Estado”.
En este marco, expertos en transparencia coincidieron en que este año para El Salvador ha habido un retroceso significativo en esta materia por parte del Gobierno salvadoreño, por lo cual consideran clave que la ciudadanía se organice para exigir datos y acabe con la opacidad de la actual administración.
En el foro denominado “Desafíos del Derecho a la Información Pública” organizado por Funde, Acción Ciudadana y el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública, la jefa anticorrupción de Cristosal, Ruth López, dejó muy en claro que el acceso a la información debe ser un derecho garantizado.
Sin embargo, dijo López, en el país este derecho va en franco retroceso, y puso de ejemplo las reservas de información que ha hecho el gobierno de las compras de emergencia durante la pandemia, los datos de vacunación anticovid y de hospitalización y las cuestionadas elecciones de comisionados para el Instituto de Acceso a la Información Pública por parte del Ejecutivo, que han terminado por cooptar el Instituto y volverlo afín a la administración actual.