Uno de los logros de los Acuerdos de Paz fue crear el Consejo Nacional de la Judicatura para que se eligieran las ternas para escoger a las mejores propuestas para ocupar los cargos. Ahora por Ley se ha vuelto a concentrar el poder en la Corte Suprema de Justicia, como sucedía en el período de la guerra.

La Ley de la Carrera Judicial deja a los jueces mayores de 60 años en condición de disponibilidad. Esto es inconstitucional porque violenta la estabilidad del juez y pone en riesgo su independencia, afirma Durán.

¿Quiénes van a seguir en régimen de disponibilidad? Cuestiona el juez Durán.

Para el juez tercero de Sentencia de San Salvador, Juan Antonio Durán, las reformas a la Ley de la Carrera Judicial son una discriminación arbitraria, ya que la destitución aplica para los jueces y magistrados de cámara mayores de 60 años, pero no aplica para la Corte Suprema de Justicia.

Durán advierte que se está cayendo en una justicia populista, no se quiere jueces sino justicieros, según mande el Ejecutivo.

Cristosal denuncia las anomalías en el manejo y distribución de alimentos del PES

A través de un reportaje del medio digital El Faro se ha señalado que ha habido mal manejo del Programa Emergencia Sanitaria conocido como PES.

Cristosal presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y ante la Corte de Cuentas de la República por presuntos actos de corrupción en la apropiación y venta de paquetes alimenticios destinados a la población afectada por la pandemia, según explicó Ruth López, jefa de anticorrupción y justicia de Cristosal.

AUDIO

López dice que la Fiscalía General de la República debe buscar dentro de sus archivos si hay expediente abierto sobre este caso. La abogada dijo, además, que es momento de demostrar que el discurso de lucha contra la corrupción, no son palabras lanzadas al viento.

AUDIO

Según Abraham Ábrego, Director de litigio Estratégico de CRISTOSAL, la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de paquetes alimenticios destinados a la población afectada por COVID-19 y por omisión en la investigación, tiene relación con las investigaciones sobre corrupción del actual gobierno que realizaba la Comisión Internacional Contra la Impunidad de El Salvador, CICIES.

Implicaciones de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, con Juan Antonio Durán, juez tercero de Sentencia de San Salvador.

7:00 A.M. - www.ysuca.org.sv

En 1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, abrió un proceso por la masacre de El Mozote y sitios aledaños. En 2010, la CIDH resolvió pasar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  una instancia superior.

La Corte Interamericana condenó por la masacre de El Mozote al Estado salvadoreño en 2012 y estableció las reglas para cumplir la resolución para hacer justicia y la reparación de tipo económico, moral y psicológico para familiares de las víctimas de la masacre.

Al darse las reformas legislativas a la Ley de la Carrera Judicial, a través de las cuales se destituyó a jueces de 60 años de edad y con 30 años de labores, Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, enviaron un escrito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el decreto aprobado afecta la investigación, la justicia que debe haber en el proceso del Caso El Mozote.

La CorteIDH admitió el escrito y notificó al Estado salvadoreño para que responda sobre la destitución de jueces.

El Estado, que debía responder el 24 de septiembre, pidió una prórroga. La Corte dio cuatro días más, dice Ovidio Mauricio de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández.

Con la Reforma a la Ley de la Carrera Judicial en El Salvador, se obstaculizaría una vez más el proceso de la masacre de El Mozote, ya que el Juez del caso sería destituido y es quien conoce a profundidad la prueba, ha tratado de solventar todos los obstáculos del mismo Estado y la defensa, señaló Alejandro Díaz de Tutela Legal Dra. María Julia Hernández.

La subdirectora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marcela Martino, recordó que el Estado Salvadoreño debió  cumplir en 2012 con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sancionar a las personas responsables de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, pero hasta la fecha no lo ha hecho y se le suma la destitución de jueces de manera arbitraria.

En 1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, abrió un proceso por la masacre de El Mozote y sitios aledaños. En 2010, la CIDH resolvió pasar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,  una instancia superior.

La Corte Interamericana condenó por la masacre de El Mozote al Estado salvadoreño en 2012 y estableció las reglas para cumplir la resolución para hacer justicia y la reparación de tipo económico, moral y psicológico para familiares de las víctimas de la masacre.

Al darse las reformas legislativas a la Ley de la Carrera Judicial, a través de las cuales se destituyó a jueces de 60 años de edad y con 30 años de labores, Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, enviaron un escrito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque el decreto aprobado afecta la investigación, la justicia que debe haber en el proceso del Caso El Mozote.

La CorteIDH admitió el escrito y notificó al Estado salvadoreño para que responda sobre la destitución de jueces.

El Estado, que debía responder el 24 de septiembre, pidió una prórroga. La Corte dio cuatro días más, dice Ovidio Mauricio de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández.