La Constitución salvadoreña de 1983 recoge en su primera parte una serie de derechos individuales y muchos ya han sido reconocidos por la jurisprudencia constitucional, señala la abogada Santos.

Sin embargo, dice la constitucionalista, hay derechos que están implícitamente dentro de la Carta Magna y debido a ello cuesta hacerlos visibles, pero la Sala de Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha ido estableciendo caminos para hacer visibles estos derechos que están de forma tácita.

La nueva reforma constitucional incorpora estos derechos implícitos, sin embargo, dice la abogada Sandra Santos, no contienen garantía para su debido cumplimiento.

David Morales, jefe de Justicia Transicional de Cristosal, dice que el caso de El Mozote es un ejemplo claro de cómo este tipo de reformas propiciadas, desde el Ejecutivo, afecta el acceso a la justicia de toda la población.

El Gobierno, para evitar protestas de la ciudadanía, ha dicho que se trata de una depuración de jueces corruptos, sin desarrollar procesos individuales no solo para despedirlos, sino procesarlos de encontrarles actos de corrupción, indica Zaira Navas, jefa de estado de derecho y seguridad de Cristosal.

Navas dice que es necesario corregir este hecho ya que no depura sino que busca romper el sistema de pesos y contrapesos en el país.

Magistrados de cámara y jueces de primera instancia deberán dejar sus cargos esta semana debido a que el presidente ha sancionado un decreto que reforma la Ley de la Carrera Judicial y ha sido mandado a publicar en el Diario Oficial.

Cristosal señala que esta acción es arbitraria y por esta razón ha decidido acompañar a estos funcionarios en una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ruth López, jefa de anticorrupción y justicia de Cristosal dice que son un total de 56 jueces y magistrados  quienes han firmado la demanda.

López dice que esta acción viola derechos humanos también de los usuarios del sistema de justicia.

NOTA ESPECIAL HABLA SOBRE LA DEMOLICIÓN DE LA BIBLIOTECA NACIONAL

Martha Orellana tenía 19 años cuando visitó la biblioteca para realizar un trabajo universitario. La llevó una amiga que ya falleció, juntas visitaban la hemeroteca para conocer la historia de El Salvador, recuerda con nostalgia. Ahora lamenta que ese lugar lleno de historia sea demolido.

Cañas Dinarte manifestó que el lugar tiene un gran valor cultural e histórico. Añadió que reconstruir o demoler la actual Biblioteca Nacional es un atentado a la historia del país y llamó a respetar las disposiciones nacionales e internacionales, que respaldan la protección de los patrimonios.

Por su parte, el arqueólogo, Hugo Díaz, explicó que el Centro Histórico de San Salvador fue un asentamiento prehispánico perteneciente al período clásico. El cuadrante del Centro Histórico contempla la Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, la Biblioteca Nacional, la Plaza Cívica, el excine Libertad y la Plaza Libertad.

Morirá una biblioteca llena de historias

El edificio de la actual Biblioteca Nacional fue construido sobre uno de los terrenos donde nació el poeta José Batres Montúfar y vivió el independentista Santiago José Celis. De acuerdo con el historiador Carlos Cañas Dinarte, el lugar donde está ubicada la Biblioteca Nacional es un predio histórico para El Salvador.

Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal y Anti Corrupción ALAC – FUNDE, calificó de lamentable que el Gobierno se negara a brindar información pública sobre el proyecto de reconstrucción de la Biblioteca Nacional. Para Sandoval, la negativa del Ministerio de Cultura deja afuera la participación ciudadana, y no permite la difusión de un proyecto que puede llevar a la pérdida de un patrimonio cultural.

La resolución, que fue firmada por la arquitecta Maria Isaura Aráuz Quijano, directora general de Patrimonio Cultural y Natural en ese año, recomienda que la nueva construcción crezca en dimensiones, y se amplíe la parcela actual hasta completar la manzana para tener un novedoso y moderno sistema documental y bibliográfico. Sugiere, además, ampliar la construcción a los terrenos propiedad del Banco Hipotecario de El Salvador, de la Compañía General de Seguros, S.A y las propiedades de los ciudadanos José Roberto Polanco Flores, Oscar Nelson Flores Rivera y Carlos Mauricio Samour Valle. Pero en ninguna parte de la resolución se avala una demolición.

La edificación que se planea demoler tiene un valor simbólico y cultural, además se trata de uno de los primeros exponentes de la arquitectura internacional o racionalista en el Centro Histórico de San Salvador. Esto puede apreciarse por su forma geométrica simple, y sus materiales de acero, hormigón y vídrio.

Representa también un punto de referencia en la tecnología de la construcción, ya que es el segundo edificio después del Palacio Nacional construido con estructura metálica y es el primer edificio en que se utilizaron escaleras mecánicas en El Salvador.

Según el arquitecto Aguilar, el edificio cuenta con estándares de protección nacional e internacional por su riqueza arquitectónica. Pero esas características que le dan el valor cultural no se están respetando. Según el arquitecto, antes de demoler una estructura de alto valor debe hacerse un estudio técnico que evalúe las condiciones de la edificación. Debe realizarse todo un estudio con un ingeniero estructuralista – enfatizando - que no es una estructura común y corriente, dijo Aguilar.