Es necesario que la población logre generar conciencia sobre la importancia de defender el  derecho de las mujeres jóvenes a una vida libre de violencias, dice Portillo. La erradicación de este flagelo abre un camino al desarrollo sostenible y la prosperidad de las sociedades.

Es por ello, dice la representante de Las Mélidas Amaranta Portillo, que se dotarán de herramientas para lograr un cambio duradero en la construcción de una sociedad educada y con igualdad de género.

Las mujeres salvadoreñas siguen sufriendo violencia de toda índole y, pese a que existen varias leyes que buscan acabar con este flagelo, parece no acabar.

Debido a ello y para que se garantice a las mujeres, y sobre todo a las jóvenes, acceso a los derechos laborales y económicos, se fomente la equidad salarial, el acceso a puestos de liderazgos y la conciliación laboral, se lanza la campaña “Más Feminismo”. Así lo explicó Amaranta Portillo, presidenta de la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes.

La nueva distribución de diputados en la Asamblea quedaría de la siguiente manera: para San Salvador, 16 diputados; Santa Ana, 5 ; San Miguel, 5; La Libertad, 7; Sonsonate 5, Usulután 4, Ahuachapán, 3; La Paz 3; La Unión 2, Cuscatlán 2, Chalatenango 2, Morazán 2, San Vicente 2 y Cabañas 2 diputados.

La nueva distribución de diputados otorga más poder al partido en el gobierno, dice Eduardo Escobar de Acción Ciudadana.

Los legisladores han acordado reducir el número de diputados, para ello se ha tenido que reformar el Código Electoral y cambiar el sistema de repartos de escaños legislativos, de tal forma que de 84 diputados ahora únicamente conformarán la Asamblea Legislativa 60.

Esta medida ha sido cuestionada por diversos sectores, ya que se ha hecho sin un análisis. El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, dice que esta medida concentraría el poder en el partido Nuevas Ideas.

Escobar dice además que los diputados, a partir de estos cambios, estarán distribuidos basados en el sistema D'Hondt, que es un método electoral donde el cálculo proporcional se divide entre el número de votos emitidos y el número de cargos que hay en cada circunscripción. Sin embargo esto no mejora el pluralismo político y los partidos minoritarios salen afectados.

También MOVIR informó que existen grupos de WhatsApp o personas en los alrededores de las cárceles que están estafando a las familias que tienen familiares capturados, haciéndose pasar como organizaciones de ayuda, transporte o incluso como parte de la Organización Amnistía Internacional, explicó Alfredo Mejía del MOVIR. Mejía leyó una carta en la que la organización se desliga de la persona.

Díaz lamentó el actuar de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, que a su juicio tendría que estar verificando la integridad de las personas que están siendo liberadas de las cárceles. La liberación debería hacerse de forma ordenada y en condiciones de seguridad, dijo Díaz.

Ovidio Mauricio, de Tutela Legal, denunció que una de las personas liberadas del Penal de Apanteos se encuentra desaparecida. Esto sucede debido a que las autoridades liberan de manera insegura a las personas y las exponen a ser víctimas de otros flagelos.

Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y el Movimiento de Víctimas por el Régimen, MOVIR, denunciaron malos tratos hacia aquellas personas que han sido liberadas por ser inocentes y que estuvieron recluidas en Centros Penitenciarios, en el marco del régimen de excepción.

Según Alejandro Díaz, integrante de Tutela Legal, las autoridades penitenciarias están liberando a las personas que fueron capturadas arbitrariamente. Sin embargo, a pesar de ser inocentes son puestas en libertad en horas de la noche y madrugada. Algunos son liberados bajo condiciones inhumanas y sin informar a sus familiares, añade.

Díaz dijo que es lamentable que las personas tras una captura arbitraria, de nuevo sean revictimizadas.

A juicio del experto, el poder judicial salvadoreño “está aniquilado” y está siendo cómplice de muchas violaciones de derechos, sobre todo al debido proceso. Blanco señaló que hay dudas si los jueces actuales son “verdaderos jueces”. El especialista dijo que el mandatario salvadoreño evidenció en su discurso del cuarto año de gobierno que sus acciones van más allá de las funciones constitucionales.

En El Salvador no hay estado de derecho. Esto se evidencia, según el exjuez y docente, Sidney Blanco, en los muchos retrocesos democráticos que se han dado en el país, como la falta de independencia judicial, escasez de debate legislativo, la ausencia de atención a las opiniones minoritarias, las restricciones a las libertades y muchas otras. El experto señaló que las entidades autónomas como la Corte de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal de Ética Gubernamental “están anuladas y destrozadas” porque no hay separación de funciones. Es más, recalcó que las directrices hacia dichas instituciones son enviadas desde Casa Presidencial.

Para la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, la decisión de disminuir los municipios tiene una intención electoral y de tapar la corrupción de algunos alcaldes. A juicio de la diputada el escenario se puede complicar para los municipios de continuar la concentración del poder. 

Ortiz opina que los concejos municipales tienen que seguir siendo plurales e incluso aumentar el número de concejales proporcionalmente a la población con el fin de que sea representativo.