Aun así el Gobierno insiste en que una de sus apuestas es la prevención y llevar oportunidades a los jóvenes y para ello destinará $91 millones. Un monto que se pagará en un plazo de 20 años. Las cuotas serán semestrales y consecutivas hasta el vencimiento. La tasa de intereses es la LIBOR ajustable semestralmente. El primer pago se efectuará 6 meses después del desembolso, dice el contrato del préstamo con el BCIE. Si El Salvador cae en mora, el banco aplicará un recargo del 3% sobre la obligación en mora.
El contrato también establece que el organismo coordinador y los organismos ejecutores que reciban recursos del préstamo deberán cumplir con la política antifraude, anticorrupción y otras practicas prohibidas del BCIE.
La fase III del Plan Control Territorial se denomina “Modernización”. Se lanzó el 30 de julio de 2019. Contempla el monto de $109 millones que busca fortalecer las capacidades institucionales de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada a través de la modernización de infraestructura y equipo. De los 109 millones la PNC dispondrá de $59 millones y el Ministerio de Defensa $50 millones.
El ex ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, desglosó el monto así:
$25.9 millones para equipamiento, infraestructura y videovigilancia; $12.9 millones para equipo médico; $2.6 millones para equipamiento, infraestructura y mobiliario médico; $17.4 millones para equipo táctico; $46.9 millones para movilidad estratégica y $3.3 millones para administración, supervisión y auditoría del préstamo.
La pagina infodensa.com, amplía la información y señala que con los recursos se adquirirá cámaras de reconocimiento facial y de placas para identificar mejor a los delincuentes. Además, se comprarán vehículos aéreos no tripulados (UAV) con visión nocturna para identificar los campamentos de pandilleros.
Además la pagina cita como fuente al jefe de la Fuerza Aérea Salvadoreña, el coronel Pablo Alberto Soriano, quien confirmó que se contempla la adquisición de un helicóptero y una contrapartida para la compra del buque patrullero Metal Shark Defiant 85. Este buque fue entregado el 22 de julio de este año a la fuerza Naval de El Salvador. El buque está valorado en $5.2 millones, el gobierno de Estados Unidos donó más de 3 millones, el resto saldrá de los 109 millones aprobados para la tercera fase del Plan Control Territorial.
Militarización: búsqueda de alianza para obtener respaldo
La fase cuatro del Plan Control Territorial la anunció el presidente el 19 de julio de 2021 y consiste en la incursión militar en los territorios dominados por las pandillas. Esta fase se anuncia cuando los homicidios comenzaron a registrar una considerable alza.
1,046 elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), se integraron a la estrategia de seguridad pública como apoyo a la Policía Nacional Civil, violando nuevamente la Constitución de la República. La idea es tener en los próximos 5 años 40,000 soldados.
“Gracias al acompañamiento de la Fuerza Armada en el PCT se ha logrado dar fuertes golpes a la narcoactividad, al crimen organizado, se ha logrado la recuperación de los territorios históricamente dominados por las pandillas. Estas acciones se traducen en tranquilidad y seguridad para las familias salvadoreñas”, cita un fragmento de una nota de la Presidencia. Sin embargo, no hay evidencia de que la militarización que inició con la fase uno del plan haya frenado el crimen, ni mucho menos, haya recuperado los territorios. Las extorsiones, homicidios y desplazamientos forzados continúan siendo los problemas de los habitantes de zonas vulnerables.
“No hemos visto acciones concretas en materia de prevención de violencia que garantice que la institucionalidad está en los territorios”, dijo Zaira Navas de Cristosal, ya que el control territorial implica que el Estado y sus instituciones pueden garantizar servicios y tranquilidad a la ciudadanía, pero las amenazas continúan en los territorios, enfatizó.
Para Verónica Reyna del Servicio Social Pasionista la presencia militar no ha sido vinculada científicamente con la reducción del delito. Esta práctica de todos los gobiernos busca incrementar la presencia militar para mostrar músculo y capacidad de respuesta en un territorio que no está controlado por el Estado. Pero desde su punto de vista, el Gobierno busca una alianza política con la fuerza militar que le permita establecer condiciones de ventaja y acompañamiento en momentos incómodos para el gobierno. Es decir, si los ciudadanos deciden manifestarse ante las acciones gubernamentales.
Pero, además, opina que la fase cuatro es una excusa para dar más poder a los militares y fortalecer la alianza político militar. Según Reyna, la presencia militar en varias tareas como apagar incendios, combatir plagas, entre otras, ha permitido crear un imaginario colectivo para que la población observe a los militares como una respuesta a casi todos sus problemas y eso no es casualidad. Se está afianzado una relación política, dijo Reyna.
