El Ministerio de Obras Públicas ha incumplido un acuerdo firmado en enero de 2021 con los trabajadores, que significaría un incremento salarial para 1,200 empleados. Ante este incumplimiento, los trabajadores redujeron labores a nivel nacional.

Vladimir García, secretario de conflictos del Sindicato de Trabajadores del MOP, asegura que la institución ha faltado a la cláusula 60 del contrato colectivo, que establece un ajuste salarial para los empleados bajo Ley de Salarios.

Conversatorio: Retos en el ejercicio periodístico, con los periodistas de Radio YSUCA.

7:00 A.M. - www.ysuca.org.sv

Tema: Retos en el ejercicio periodístico

Invitados: Periodistas de Radio YSUCA

Ortiz ha manifestado que la militarización de la seguridad pública transgrede los Acuerdos de Paz; en términos técnicos, la Fuerza Armada no cuenta con un proceso formativo para el abordaje de la seguridad pública; en términos constitucionales es la PNC la que debe encargarse de la seguridad pública; y, en términos presupuestarios, si se duplica la cantidad de militares también se debe duplicar el presupuesto a $500 millones de dólares. Ortiz cuestiona ¿de dónde saldrán estos fondos?

David Ortiz, abogado de la Dirección de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, también coincide con Verónica Reyna en que los jóvenes no necesitan más armas porque esas ya son ofrecidas por las pandillas.

El 20 de junio de 2019 se anunció que el Plan Control Territorial se enfocaría en tres áreas: el control de centros penales, la interrupción del financiamiento del crimen organizado y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, la práctica ha sido distinta.

Hasta ahora, el Plan sigue sin ser público y la medida más notable es el aumento de la militarización de la seguridad pública, según la Plataforma por la Seguridad Ciudadana.

Verónica Reyna, directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista e integrante de la Plataforma, afirma que la población necesita sentirse segura sin un agente de seguridad.

Avelar cuestionó además que otros empresarios están abarcando parte del derecho de vía y el MOP no hace nada al respecto.

Según los afectados, el Gobierno quiere sacar a los pequeños emprendedores para beneficiar a los grandes empresarios con el proyecto By pass Surf City.

La Unidad de Gestión Social del Ministerio de Obras Públicas prometió a los comerciantes afectados que se reunirían con el titular de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, sin embargo, desde hace semanas los representantes de la Unidad de Gestión vienen dilatando la reunión, por lo que advierten los comerciantes que de no tener una respuesta concreta de parte de las autoridades, ellos retomaran las medidas de presión.

El pasado 17 junio cuadrillas del MOP demolieron al menos ocho locales de emprendedores que comercializaban cócteles, pescado y bebidas sobre el kilómetro 56.

Avelar recalcó que ellos esperan una alternativa para poder trabajar, o que les reconstruyan los locales donde estaban o, en su defecto, los indemnicen por los daños ocasionados.

Obras públicas sin responder a comerciantes por destrucción de sus negocios

Comerciantes afectados por la demolición de sus negocios, que se encontraban a la orilla de la Carretera del Litoral en el cantón Julupe, del municipio de Chiltiupán, departamento de la Libertad, se encuentran a la espera de que el Ministerio de Obras Públicas responda por la demolición de sus negocios.

Según los emprendedores, el Ministerio de Obras Públicas les ha prometido una reunión con el titular del ramo, ya que la unidad de gestión social del MOP, de las cuatro reuniones sostenidas no les da una respuesta concreta, señala Mario Avelar, coordinador de los afectados.

Según la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo, han detectado que varias personas se hacen pasar como periodistas o comunicadores institucionales para fotografiar a periodistas de diversos medios de comunicación.

Cárcamo dijo que existe una persecución de periodistas y el objetivo es identificar el tipo de preguntas o funcionarios a los que sigue el medio, también para acosar a los periodistas  a través de las redes sociales.