Personas desaparecidas y situación de privados de libertad, con la abogada Marcela Galeas.

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Durante las excavaciones las autoridades de seguridad pública habían montado un cordón de seguridad, patrullas se veían pasar y agentes policiales caminaban por la zona. Ahora dos agentes policiales bajo un canopy roto y a la intemperie, frente a la casa del asesino, son los que cuidan la escena.

Las personas que transitan por la zona dicen tener miedo que una vez terminado todo el proceso, la Policía Nacional Civil abandone por completo el lugar.

Algunos de los habitantes de los municipios aledaños dicen tener miedo de pasar frente a la casa donde encontraron tanto cuerpo de personas desaparecidas.

Los trabajos de excavación en el patio trasero de la casa número 11 “A” del Callejón Estevez, en el municipio de Chalchuapa en el departamento de Santa Ana, finalizaron por parte de las autoridades fiscales y forenses, lugar donde el pasado 7 de mayo fueron encontrados varios cadáveres al interior de fosas clandestinas.

Dichos crímenes fueron cometidos por un ex agente de la Policía Nacional Civil, quien actualmente goza de criterio de oportunidad por confesar el hecho y brindar información de los otros nueve involucrados en los crímenes, quienes supuestamente también han sido capturados.

Las autoridades de Justicia y Seguridad Pública han finalizado las excavaciones, sin embargo, se niegan a dar información sobre el número de cadáveres encontrados en las fosas.

El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, aseveró en una entrevista que nadie está autorizado para dar el dato de cuántos cuerpos fueron encontrados o información relacionada al caso Chalchuapa.

La casa número 11 “A”, portón color negro, se encuentra acordonado, sin embargo el paso por el callejón Estevez, ha sido habilitado para todos los transeúntes y vehículos.

Los habitantes del callejón y colonias aledañas a la escena intentan que su vida vuelva a la normalidad, luego que dicho Callejón estuviera en boca de muchas personas por el hallazgo encontrado, cuyo responsable sería uno de sus vecinos al que muchos calificaron como una persona “tranquila” y al que más de alguna vez saludaron.

Más de 60 días han pasado desde que se conoció el caso y muchos de los habitantes aún no pueden creer lo qué paso, y a pesar que intentan volver a la normalidad dicen que lo que sucedió en esa casa les ha afectado.

La madre del privado de libertad ha tenido un acompañamiento de autoridades Mexicanas y por eso ha tenido oportunidad de ver a su hijo, sin embargo comenta que hay muchos internos en centros penales que no han tenido la misma suerte y que llevan sin ver a sus familiares hasta dos años.

La abogada Marcela Galeas señaló que este tipo de hechos viola los derechos de los privados de libertad y de sus familiares.

Una familiar de un interno en un centro penal, quien se identificó como “la mexicana”, dijo que su hijo cumple una sentencia de 16 años de prisión, en un primer lugar estuvo en el penal de La Unión, sin embargo fue trasladado al Penal La Esperanza conocido como Mariona. Señaló que debido a su nacionalidad y por intersección de la embajada Mexicana en el país ha podido tener contacto con su hijo, sin embargo la realidad que viven los internos es grave.

Gilberto Calderón de Azul Originario señala que este tipo de medidas viola derechos fundamentales, además explica que muchas personas se han enterado de la muerte de sus seres queridos en los centros penales hasta que llegan al recinto penitenciario a dejar algún insumo de limpieza.

Los parientes de los internos en centros penales dicen que desde febrero del año pasado han perdido el contacto con sus familiares detenidos, esto debido a que en medio de la pandemia el Gobierno implementó un régimen especial, el cual establecía el encierro absoluto de 24 horas al día, el aislamiento solitario aplicado a los dirigentes de las organizaciones criminales, el cese de toda comunicación de las personas detenidas con sus familiares y la suspensión de cualquier actividad.

Estas medidas fueron ordenadas para hacerse efectivas por un tiempo indefinido y se habrían dictado debido a un incremento en el número de homicidios registrado durante el fin de semana del 24 de abril del año pasado.

Sin embargo esas medidas continúan vigentes y se han agravado bajo el pretexto que se lleva un régimen especial debido a la pandemia de covid-19.

Una madre de un interno en centros penales comentó el “vía crucis” que ha tenido que vivir en este año en el que ha tenido dificultad para poder ver a su hijo.

La madre comenta que con mucha dificultad abona mes a mes 150 dólares a su hijo que le sirve para alimentarse y lograr un poco de agua para beber.

La salud, la vida, la integridad y dignidad de las personas privadas de libertad en el país no están siendo garantizadas, especialmente en los centros penitenciarios donde se han implementado medidas que responden a la emergencia por la covid-19.

La abogada Ruth López señala que incluso en algunos casos a los detenidos se les viola la posibilidad de visita de sus abogados y esto es grave, ya que elimina la esperanza de los internos de poder reinsertarse en la sociedad.

López dijo en un espacio en Twitter desarrollado recientemente que esta realidad demuestra un fracaso gubernamental entorno a la rehabilitación de estas personas.

Hace aproximadamente ocho años la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Hacienda Normandía de R.L., fue condenada a entregar la propiedad en un juicio reivindicatorio a tres supuestos dueños. A través de una resolución obligaron a los integrantes de la cooperativa a pagar más de $300 mil dólares por considerarlos usurpadores.

Los asociados interpusieron una demanda de nulidad, ya que dichas tierras, 1,360 manzanas, fueron entregadas a la cooperativa tras la Reforma Agraria. Los afectados pagaron préstamos por muchos años para saldar el costo de las tierras que ahora les arrebatan.

Según la cooperativa, a mediados de los años noventa, un alcalde de Jiquilisco extendió tres títulos supletorios falsos a tres supuestos dueños de las tierras.

Ahora, el juez de primera instancia de Jiquilisco, en el departamento de Usulután, ha declarado “no ha lugar” a la demanda de nulidad por ser cosa juzgada.

Tras conocer la resolución del juez, los asociados de la Cooperativa Normandía cerraron durante 1 hora la Carretera Panamericana, a la altura del kilómetro 98, para exigir su derecho a las tierras.

Durante la protesta el presidente de la Cooperativa, Isaías Blanco, explicó las demandas a un agente policial que intentaba persuadir a los asociados para que cesaran la acción.