Pese a que diputados del oficialismo aprobaron la Ley de Recursos Hídricos en El Salvador, el movimiento ambiental apuntó que el acceso al derecho humano al agua continúa siendo “una deuda” y en especial en la zona rural y para las comunidades más pobres. Rodolfo Calles, integrante de la Alianza, recordó que los vacíos en dicha normativa obedecen a que la ley que se aprobó no es la que las organizaciones gestionaron.

Por Milton Rodríguez

Organizaciones que integran la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua en El Salvador realizaron un balance de los cuatro años del gobierno actual en materia ambiental y en este señalaron que las políticas estatales en esta área continúan siendo “equivocadas”. En ese sentido, la Alianza subrayó que al Ejecutivo “no hay nada que aplaudirle”. Adela Bonilla, integrante de este conglomerado, dijo que les preocupan todas las acciones de esta administración gubernamental, porque se está dañando el ecosistema y únicamente se enfocan en una óptica mercantilista.

A juicio del integrante del Movimiento de los Trabajadores de la Policía este desplazamiento de la corporación policial por militares apunta a la formación de otra policía distinta a la creada tras la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.

La Fuerza Armada se ha favorecido más que la Policía Nacional Civil. Esto debido a un mayor presupuesto que le ha permitido la compra de vehículos blindados y otros insumos, así como el incremento de soldados, manifestó Marvin Reyes, del Movimiento de los Trabajadores de la Policía.

Reyes señala que el Ejército, incluso, ha ejecutado acciones de seguridad pública que por ley le corresponden a la Policía Nacional Civil.

Hay que tener claro que agrupar municipios no significa mayores beneficios para la población. Hay zonas de gran concentración económica que deberán ser modificadas para que el supuesto beneficio llegue a los lugares menos favorecidos, dice la experta en Desarrollo Territorial de la UCA.

Los servicios que ofrecen las municipalidades ¿Serán de calidad?, ¿Estarán accesibles a la gente?, cuestiona Blandón.

El Órgano Legislativo deberá aprobar antes de las próximas elecciones, la reducción de municipios de 262 a 44. Sin embargo, el proyecto de ley no es oficial y tras este cambio hay falta de transparencia, dice Flora Blandón, directora de la Maestría en Desarrollo Territorial de la UCA.

No se conoce cuáles son los criterios para agrupar a los municipios, además se deja por fuera elementos centrales como los procesos de representación ciudadana y no está claro cómo se financiarán los proyectos, señala Blandón.

Silverio Morales, coordinador de la Organización Indígena “Náhuat Pipiles”, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, dijo que la producción agrícola de El Salvador debe dejar a un lado el uso de agrotóxicos y utilizar abonos naturales.

Mercedes Monge, de Santiago Texacuangos e integrante del Consejo Ancestral de los Comunes de los Territorios Indígenas (CACTI), opina que cuidar el medioambiente es proteger la vida, por eso es necesario resguardar los bienes de la naturaleza y no destruirlos.

Integrantes del Consejo Ancestral de los Comunes de los Territorios Indígenas (CACTI) y otras organizaciones ambientales se pronunciaron en el marco del “Día Mundial del Medio Ambiente”. Según dijeron hay zonas del país que sufren destrucción ambiental debido a diferentes proyectos de construcción.

Manifestaron que estos proyectos, que son permitidos por el gobierno, ponen en riesgo ríos, mantos acuíferos subterráneos, sitios indígenas sagrados y a quienes habitan en esas zonas.

Fabiola Quichel, integrante de la Asociación de Recicladores “Metamorfosis”, dice que las urbanizaciones causan severos daños al medio ambiente y puso de ejemplo proyectos que se ejecutan en Sonsonate.

El proyecto gubernamental “Tren del Pacífico” pretende ser un transporte ferroviario entre el Puerto de Acajutla y Sonsonate en una primera fase. Pero  la idea es llegar a San Salvador y luego conectar el oriente y el occidente del país, según informó La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA.

López dice que se trata de proyectos que tienen beneficio para una parte de la población, pero afectará a la mayoría de personas que habitan la zona donde pasará el sistema ferroviario. A  esto se suman los daños ambientales.