Para Zaira Navas, abogada de Cristosal, si bien el artículo 23 del Código Procesal Penal establece la posibilidad del criterio de oportunidad, también establece requisitos.

Uno de ellos es no criteriar al autor principal de los hechos. Pero en el caso de Chalchuapa se ha violado esta norma.

Según Navas, esta acción es una práctica reiterada del fiscal impuesto de manera ilegal, Rodolfo Delgado.

El caso de los desaparecidos y asesinados en Chalchuapa, en su mayoría mujeres, permite reconocer que sigue la impunidad en casos de violencia en el país, señala Verónica Reyna directora de derechos humanos del Servicio Social Pasionista.

Pero a la vez evidencia la poca eficiencia de las instituciones para identificar los casos, investigarlos adecuadamente y responder a las víctimas.

Mediante el discurso gubernamental se quiso mostrar que el Plan Control Territorial había sido eficaz al localizar los primeros cadáveres en Chalchuapa, dice Reyna. Sin embargo, la población demandó mayor información dada la gravedad del caso. Es ahí donde los funcionarios intentan invisibilizar el tema y comienzan a minimizar la responsabilidad del victimario al calificarlo de psicópata, dijo la directora de derechos humanos del Servicio Social Pasionista.

Pereira señala que la Policía Nacional Civil y miembros del Cuerpo de Agentes Municipales los acosan y no los dejan instalarse con sus ventas en las calles de esa localidad, pese a que existen acuerdos de años anteriores.

Según se explicó unas 450 familias podrían perder su sustento diario de no lograr un acuerdo de ventas.

Directivos de la Asociación Nacional de Trabajadores Independientes de Vendedores Estacionarios y Ambulantes Salvadoreños (ANTRAIVEAS) llegaron a la Fiscalía General de la República de Soyapango, para interponer un aviso, ya que aseguran que las nuevas autoridades edilicias han levantado falso testimonio contra sus dirigentes.

Rodolfo Pereira, presidente de ANTRAIVEAS, explica cómo la actual alcaldesa Nercy Montano ha levantado falso testimonio contra los miembros de esta organización de vendedores.

Inseguridad pública, con Verónica Reyna, del SSPAS | Servicio Social Pasionista y Zaira Navas, de Cristosal.

7:00 A.M. - www.ysuca.org.sv

Trabajadores de diversas dependencias de la Alcaldía de Soyapango, han denunciado una serie de despidos injustificados que se habrían producido en la última semana.

Una de las empleadas afectadas, manifestó que, a unos 200 trabajadores cesados, no se les han cancelado sus indemnizaciones y la mitad de su salario que les corresponde al mes de mayo; asimismo, denuncian la falta de pago del bono salarial que les corresponde el mes de junio.

Por otro lado, los trabajadores despedidos de la Alcaldía de El Paisnal al norte de San Salvador, también han denunciado que no han recibido indemnizaciones, es por ello que piden a la alcaldesa Reyna Chávez una mesa de diálogo.

Miguel Romero uno de los afectados y quien trabajó como contador municipal por más de 18 años, señala que es injustificado el tema de los despidos ya que no han analizado cada caso como debe ser.

Ley de Aguas busca privatizar el bien natural.

Escuche los detalles en la siguiente nota:

Una de las fuentes, dijo a Radio YSUCA que se habían reunido con José Martí, representante del departamento de caminos del MOP, para dialogar, ya que era probable un desalojo por la ampliación de la carretera que se pretende hacer en la zona costera por el proyecto Surf City.

También un propietario de unos terrenos aledaños les había advertido que los iba a sacar aún en contra de su voluntad. Uno de los afectados dijo que tienen conocimiento que dicho propietario es allegado al MOP.

Uno de los emprendedores afectados lamentó que desde el Gobierno se esté bloqueando la fuente de ingresos de las familias que han sido afectadas por la falta de empleos, tras la pandemia.

El jueves a las 12 de la noche un grupo de trabajadores del Ministerio de Obras Públicas (MOP) llegaron a la zona conocida como el túnel uno, ubicado en el cantón Julupe, municipio de Chitiupán, departamento de la Libertad. El fin era destruir por lo menos 8 locales de emprendedores que se habían alojado a la orilla de la carretera para vender cocteles y otros alimentos.

Acompañados por miembros del Ejército y la Policía los trabajadores del MOP llegaron con luminarias, volquetas, motosierras y almáganas para destruir los locales, cuenta uno de los afectados.

Sin una orden de desalojo, los empleados del Gobierno destruyeron los negocios en los cuales los emprendedores habían invertido grandes cantidades de dinero

El Salvador al borde de una crisis económica ya anunciada.