Y mientras continúa la incertidumbre sobre cómo será el uso del bitcóin en el país, el Ministerio de Hacienda ha enviado a la Asamblea Legislativa una solicitud de préstamo por $30 millones de dólares, de los cuales 4.4 millones de dólares irán destinados para el Organismo de Inteligencia del Estado, OIE. Este es un tipo de partida secreta del Estado.

Loyda Robles advierte del riesgo que existe de que dichos fondos sean utilizados para la persecución contra voces disidentes.

Para la directora de Fortalecimiento Institucional del Estado, Transparencia y Anticorrupción de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, Loyda Robles, hay diversas implicaciones en el uso del Bitcoin como moneda de curso legal y una de ellas es que abre las puertas a actividades delictivas.

El Salvador sigue creciendo, pero en desigualdad.

Escuche los detalles en la siguiente nota.

Las acciones de la Policía y Fiscalía, en el caso de la desaparición de Flor, son lentas dice Jorge. Una investigación que a tres meses debería estar avanzada.

El lento proceso de las autoridades de justicia aumenta el agotamiento físico y emocional de la familia, quien mantiene la esperanza de que Flor aún esté con vida.

El 16 de marzo de 2021 no podrá borrarse de la mente de la familia García. Ese día de manera inesperada Flor desapareció. Salió de su casa en Cojutepeque y a tres meses se desconoce su paradero.

Lo que más lamenta y preocupa a Jorge, sobrino de Flor, es que la Fiscalía no quiere dar información sobre los avances de la investigación. La respuesta es la misma: que el caso tiene reserva y no puede revelarse nada, ni si siquiera a la familia.

A tres meses de la desaparición de Flor García hay más preguntas que respuestas, dice Jorge, quien junto a su familia no descansa en la búsqueda de su tía. Uno de esos esfuerzos es ir por lo menos dos veces por semana a la Fiscalía. También han pedido audiencia al fiscal Rodolfo Delgado, pero hasta hoy el funcionario no ha respondido a la solicitud.

El agua no se vende, se cuida y se defiende.

Este es un mensaje de FESPAD con el apoyo de INKOTA.

Tema: Puertas abiertas para la corrupción

Invitada: Loyda Robles, directora de Fortalecimiento Institucional del Estado, Transparencia y Anticorrupción de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD

A un año de la tormenta Amanda, los afectados continúan en alerta.

Para David Sandoval, procurador adjunto de Derechos Ambientales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la resolución del pasado 7 de junio emitida por la Cámara Ambiental de Segunda instancia reafirma las medidas cautelares interpuestas por la PDDH, recalcando que las medidas de la cámara son de estricto cumplimento.

El proyecto hidroeléctrico del Río Sensunapán, en Sonsonate, deja al descubierto la vulneración a los derechos ambientales en la zona. Esta no es la primera represa que se construye en su cauce, este cuenta con siete represas. Las comunidades han luchado por preservar este bien natural por 17 años.

En 2019 el órgano Ejecutivo ordenó al Ministerio de Medio Ambiente la evaluación de un nuevo permiso ambiental en favor de la sociedad Sensunapán S.A. de C.V.; sin embargo, las comunidades denunciaron y exigieron medidas cautelares a la Cámara Ambiental de San Salvador.

Al respecto, Sofía Morán y Nicolas Morán, habitantes de las comunidades indígenas aledañas al río Sensunapán, destacan que las medidas cautelares emitidas por los magistrados de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia son un precedente y un acto de justicia en favor de sus habitantes.